El nuevo Gobierno salvadoreño promete mantener las reformas de la junta cesante

"No tengo nada que vengar, nada que recriminar y nada que negociar". Sobre estos tres principios construirá su política el nuevo Gobierno provisional salvadoreño, según precisó el domingo Alvaro Magaña, de 56 años, tras su investidura como presidente. Prometió mantener las reformas sociales emprendidas por la junta cesante.

El nuevo mandatario juró su cargo ante el presidente de la Asamblea Constituyente, Roberto d'Aubuisson, que hasta la semana pasada fue su más firme opositor, con el objetivo de conseguir la elección de un hombre de su partido Arena.Espectador de excepción en la ceremonia fue el embajador norteamericano, Deane Hinton, que se presentó ante la Asamblea rodeado de un fuerte aparato de seguridad. El diplomático estadounidense es el principal artífice de este Gobierno de unidad nacional montado, después de un mes de laboriosas negociaciones, sobre la base de un presidente políticamente independiente y tres vicepresidentes de cada uno de los principales partidos: Democracia Cristiana, ARENA y Partido de Conciliación Nacional.

El Departamento de Estado tuvo que recurrir incluso a la amenaza de cortar toda ayuda militar y económica para conseguir primero el apoyo del Ejército y luego la ruptura ocasional de la coalición derechista., Unicamente ARENA resistió en actitud numantina hasta el final y votó en la asamblea a uno de sus dirigentes.

Alvaro Magaña, economista formado en la Universidad de Chicago y presidente del Banco Hipotecario durante los últimos diecisiete años, ha sido calificado por la guerrilla a través de Radio Venceremos como un "títere de Estados Unidos". Su Gobierno supone, a juicio de los insurgentes, "la legalización del fascismo".

"La Embajada estadounidense nombró como presidente de El Salvador a Alvaro Magaña, el banquero preferido de la dictadura que durante veinte años ha establecido una red de corrupción", dijo la emisora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El presidente salvadoreño se refirió a la guerra civil como un conflicto que separa y divide a las familias, porque sus hijos luchan y mueren en los dos lados, unos junto a la insurrección y otros como soldados que defienden a la patria. No ofreció, sin embargo, ningún camino viable para terminar la guerra.

Su fórmula ("'Ni venganza ni negociación") parece tardía para la actual etapa del conflicto salvadoreño, que desde las elecciones del 28 de marzo no ha hecho sino intensificar su expresión bélica. En el departamento oriental de Morazán tiene lugar desde hace una semana una fortísima operación del Ejército que está empleando unos 4.500 hombres.

Las fuerzas armadas dicen haber causado más de cien bajas a la guerrilla, en tanto que Radio Venceremos asegura que han caído en combate 142 efectivos del Ejército. La emisora dijo que "Morazán será la tumba del batallón Atlacatl", la fuerza de intervención inmediata que dispone de mil hombres entrenados para la lucha antiguerrillera por los asesores norteamericanos.

Coincidiendo con la investidura del nuevo presidente, el arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera, pidió al Gobierno que ciña sus actuaciones a la justicia y al respeto de la dignidad humana, único camino hacia la paz.

Exigió el cese de las capturas indiscriminadas, la desaparición de civiles y el asesinato. Hizo un llamamiento a la guerrilla para que termine también con los ajusticiamientos y ponga fin a la guerra, permitiendo que los campesinos regresen a sus tierras.