Los pagares del Tesoro

EL ESTADO, a través del Banco de España, acaba de realizar la primera subasta de deuda pública a corto plazo (pagarés del Tesoro) abierta al público en general. Después de una serie de forcejeos entre las autoridades monetarias y los representantes de las entidades privadas de crédito, el primer lote de pagarés del Tesoro ha sido adjudicado con un plazo de amortización de seis meses y un rendimiento medio por título del 13,43%. El valor mínimo de suscripción, es decir, la cantidad mínima exigida para poder acudir directamente a la subasta, es de cinco millones de pesetas. No obstante, el valor de cada título ha sido fijado en un millón de pesetas, por lo que los ahorradores que no estén en condiciones de alcanzar el tope de los cinco millones podrán adquirir los pagarés de un millón en los bancos, cajas de ahorro, sociedades mediadoras y agentes de: cambio y Bolsa.'El Tesoro se ha, apuntado un éxito al haber logrado emitir los pagarés el día fijado y con un tipo de interés inferior al invocado anteriormente como referencia para que la banca privada asegurase la suscripción total de la emisión. Sin embargo, es preciso señalar que la cantidad afectada por el Tesoro -5.000 millones de pesetas- es modesta si se la compara con los 80.000 millones ofrecidos por el público, que habría estado dispuesto a suscribir mayores importes en el caso de que los rendimientos, en forma de intereses, hubieran sido más altos. Debido a razones coyunturales, los bancos disponen en estos momentos de una liquidez superabundante y es lógico que el Tesoro haya querido aprovecharse de esta situación para pagar un interés bajo por el dinero. Ahora bien, el próximo pago del impuesto sobre la renta y un eventual tirón de la demanda de crédito lógicamente contribuirían a elevar, mientras subsista el déficit del sector público en las dimensiones actuales, el precio del dinero a pagar por el Tesoro.

Siguiendo la pauta de otros países, este tipo de deuda a corto plazo se ofrece en España a ahorradores de cierta entidad. Su necesidad arranca del déficit de las administraciones públicas, pero su característica de título abierto y no reservado a las entidades de crédito es una consecuencia del proceso de liberalización del sistema financiero español.. Desde el mismo momento de su aparición, los ahorradores, así como las empresas que disponen transitoriamente de liquidez y desean aprovechar la oferta de los pagarés del Tesoro, cuentan con un nuevo punto de referencia que les ofrece una rentabilidad razonable y la seguridad de la amortización en un plazo breve. De esta manera se refuerza la competitividad del sistema financiero y se genera un mayor incentivo al ahorro, cada vez más escaso durante los últimos años.

En cualquier caso, la emisión contiene una cierta dosis de competencia artificial, dado que los bancos y las cajas de ahorros no gozan de una libertad absoluta para disponer del dinero que obtienen en el mercado. En efecto, bancos privados y cajas de ahorro se ven obligados a prestar una parte de sus recursos al sector público o a destinarlos, a un precio inferior al del mercado, a la financiación de actividades prefijadas por la autoridad económica. Quizá sea este el motivo -el de compensar así directamente a los bancos- de que el valor mínimo para suscribir títulos -cinco millones de pesetas- se mantenga en cotas alejadas años- luz de las posibilidades del ahorrador medio, a quien, por otro lado, tendrían supuestamente que llegarle beneficios colectivos en forma de prestaciones de la Seguridad Social o de los gastos públicos que derivan de los Presupuestos del Estado. Esto no sucede en muchos casos, y así resulta que mientras las prestaciones sociales no se distribuyen con homogeneidad, el pequeño ahorrador sufre además de manera inmediata y directa esa discriminación del listón del millón o de los cinco millones de pesetas fijado para la adquisición de los pagarés del Tesoro.

Dicha discriminación tiene que ser forzosamente irritante para quienes no se benefician en la práctica del déficit de un sector público en el que se acumulan gastos improductivos nacidos de arbitrariedades políticas, derroches gubernamentales, clientelismo electoral, ineficiencias administrativas y abusos necesitados de una auténtica ley de incompatibilidades. Y es de esperar por eso que en un futuro no lejano el ahorrador medio español pueda concurrir también a los pagarés del Tesoro sin intermediarios de ningún género y en condiciones de competitividad real.