El Congreso realizará un debate sobre el síndrome tóxico en el plazo de un mes

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una moción comunista, modificada por dos enmiendas socialistas, según la cual en el plazo de un mes deberá tener realizarse, en sesión plenaria, un debate sobre las conclusiones a que hasta el momento haya llegado la comisión mixta Congreso-Senado sobre investigación del síndrome tóxico. La mesa del Congreso se dirigirá al Consejo de Administración de RTVE, expresándole el deseo de la Cámara de que el citado debate sea transmitido ampliamente a través de RTVE y Radio Cadena.La propuesta defendida por el comunista Miguel Núñez -como consecuencia de no haber quedado satisfecho por la respuesta del ministro de Sanidad y Consumo a la interpelación formulada en el pleno de la semana pasada- no hacía referencia a la comisión mixta, sino que se limitaba a solicitar un debate sobre el síndrome tóxico en el plazo máximo de un mes. Miguel Núñez no aceptó una enmienda centrista que pretendía aplazar el debate hasta que la citada comisión emitiera sus conclusiones. En cambio, aceptó las dos enmiendas socialistas, defendidas por Ciriaco de Vicente, según las cuales el debate debe versar sobre las conclusiones, y se evita el automatismo del debate por RTVE, al establecer que la mesa del Congreso se limite a expresar al Consejo de Administración el deseo de la Cámara.

Ante la no aceptación de la enmienda centrista, existían dudas sobre la actitud del grupo que apoya al Gobierno, ya que dadas las ausencias existentes y el consenso registrado en la oposición sobre la necesidad del debate hubiera perdido la votación. Sin embargo, UCI) se unió al resto de la Cámara y la moción de la izquierda fue aceptada por unanimidad.

Piquetes de huelga

Por otra parte, el socialista Manuel Chaves formuló una interpelación al Gobierno sobre la actuación de las fuerzas de orden público en relación con la huelga de la construcción del pasado mes de enero. Manuel Chaves recordó que el Gobierno Civil de Madrid, en reunión previa con las centrales sindicales UGT y CC OO, admitió la actuación de piquetes informativos, requiriendo de las centrales la selección de responsables que, debidamente acreditados, deberían acompañar a los piquetes.

Chaves recordó que la autoridad judicial puso inmediatamente en libertad a los trabajadores detenidos por estimar que no se hallaban incursos en figura delictiva alguna y preguntó al Gobierno sobre los motivos para "conculcar claramente derechos reconocidos en la Constitución y las leyes". El ministro del Interior, Juan José Rosón, manifestó que lo único que había hecho el Gobierno Civil de Madrid había sido no retirar a la fuerza pública, en contra de lo solicitado por las centrales sindicales, "porque la fuerza pública está para proteger no sólo el derecho de huelga, sino también todos los demás derechos constitucionales".