Juicio contra catorce implicados en el robo de 42 toneladas de leche en polvo desnaturalizada

Cuatro años después del descubrimiento del robo de 42 toneladas de leche en polvo desnaturalizada del puerto franco de Santander y que fueron desviadas de su destino para alimento de terneros seleccionados para el consumo humano, se inició ayer el juicio contra las catorce personas implicadas, para las que el fiscal solicita un total de 69 años de prisión. Se prevé que el juicio se prolongue al menos durante tres días, dado el número de procesados, así como la complejidad del sumario, que consta de más de mil folios.

En la mañana de ayer se inició ante el juzgado de instrucción número 1 de Santander la vista del juicio contra las personas implicadas en la sustracción y receptación de determinadas cantidades de leche en polvo desnaturalizada, provenientes de los depósitos y almacenes del puerto franco santanderino. De los diecisiete procesados inicialmente, tres no comparecerán ante el tribunal: Angel Velasco y Antonio Crespo, por haberse beneficiado de la aplicación del indulto, y Santiago Arenas, Arenas al haber fallecido pocos meses después de descubrirse el fraude.En la calificación del ministerio fiscal destacan sendas peticiones de dieciséis años de prisión para Santiago Elizagaray Ruiz y Godofredo Alvés Reigadas, acusados de varios delitos de robo y hurto, con el agravante de disponer de antecedentes penales. Alvés Raigadas, conocido por El Brasileño, fue condenado anteriormente en nueve ocasiones por delitos contra la propiedad, compareciendo, precisamente, el martes pasado ante un juzgado santanderino para responder de su presunta participación en un atraco y por quebrantamiento de condena, ya que en 1980 consiguió huir de la prisión provincial de Santander. Según todas las fuentes consultadas por EL PAIS, el brasileño, considerado delincuente habitual, fue uno de los principales responsables del transporte de la leche en polvo sustraida, para lo cual tuvo que contar, necesariamente, con múltiples e importantes complicidades. Estas son las que insistentemente se ha negado a desvelar, protagonizando un intento de suicidio en la comisaría de Santander, al ser detenido en febrero de 1978 y cuando estaba siendo interrogado.

La fuga de la prisión provincial santanderina de Alvés Raigadas, en la que, a pesar de su historial desempeñaba un cargo de confianza en el recinto exterior, así como su posible participación en la colocación de dos cartuchos de Goma-2, que no llegaron a explotar, al parecer de detonante, en las oficinas de la Hoja del Lunes de Santander en la primavera de 1979 y poco después de que el semanario de la Asociación de la Prensa, dirigido entonces por Juan G. Bedoya, publicara el auto de procesamiento contra los implicados en el robo de la leche en polvo, no han podido ser, hasta el momento, aclarados.

El resto de los procesdos y las penas solicitadas por el ministerio fiscal son las siguientes: Francisco Arroyo Pla, ocho años; Víctor Alonso Hermosa, seis años; Jesús Gallego Zurita, cuatro años; Marino Enrique Haya, tres, años; Julio Lázaro Alonso, dos años; Alfonso Piris López-Dóriga, un año, y penas menores para el resto de los encausados, Agustín Santamaría del Río, Fidel Peña, David Montes Herbosa, Dionisio Martín Gutiérrez y Luis Martínez Ruiz. Entre los implicados se encuentran transportistas, industriales de la alimentación y personas relacionadas con el movimiento de mercancías en el puerto.

En el sumario se cifra en 42 toneladas de leche en polvo desnaturalizada el montante de lo robado entre 1976 y 1978 de los almacenamientos del puerto franco de Santander y posterior venta a diversos industriales -queseros, fabricantes de magdalenas, sobaos, etcétera-. No obstante, fuentes del puerto consideran que las cantidades sustraídas en ese período fueron muy - superiores a las reseñadas.

El robo y traslado de la leche en polvo desnaturalizada, que al no ser tratada con colorantes como en la actualidad, podía fácilmente ser utilizada en la fabricación de productos destinados al conusmo humano, fue servida a precios que doblaban y, en algunos casos, triplicaban los de origen.

Como se recordará algunas autoridades portuarias, aduaneras y de comercio intentaron, en un primer momento, minimizar la importancia del caso, que, si bien no podía considerarse como un atentado a la salud de los potenciales consumidores de los productos preparados con la leche en polvo desnaturalizada, sí constituía, por el contrario, un importante fraude económico.

Dichos organismos llegaron a calificar de "ratería" y simple venta de "barreduras", cuando no de "lógicas mermas" la desaparición de las 42 toneladas de leche en polvo.