El Gobierno prepara medidas urgentes para paliar el vacío de la retirada de la LAU

La creación de 3.500 plazas de profesor adjunto contratado de universidad y el establecimiento de contratos de cinco años de duración para los profesores de universidad no numerarios son los dos puntos más destacados del paquete de medidas urgentes elaborado por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Culturales y Educativos, con cuya aprobación, probablemente en el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno tratará de aminorar los efectos de la retirada del Parlamento de la LAU (Ley de Autonomía Universitaria).

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, se reunió ayer con varios de sus ministros para perfilar estas medidas de urgencia, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo día 30. A la reunión asistieron el vicepresidente para asuntos económicos, Juan Antonio García Díez, y los ministros de Educación, Federico Mayor; de Hacienda, Jaime García Añoveros, y adjunto al presidente, Jaime Lamo. La asistencia de García Díez y Añoveros se debe a la amplitud de aspectos económicos que conllevan estas medidas.Las 3.500 plazas de profesores adjuntos contratados de nueva creación tendrán régimen de dedicación exclusiva. 2.000 de ellas se dotarán en octubre de 1982, y las 1.500 restantes en octubre de 1983. A partir de octubre del presente año, los contratos que firmen los profesores no numerarios de universidad tendrán una duración de cinco años, durante los cuales se les garantiza la estabilidad en la plaza que desempeñen.

También se prevé la contratación de mil profesores agregados de escuelas universitarias ' en régimen de dedicación exclusiva, así como la reserva de un importante porcentaje de cátedras para ser cubiertas por concurso-oposición entre los adjuntos que reúnan los requisitos necesarios. Se crearán, asimismo, mil nuevas plazas de personal docente investigador en periodo de formación, para estudiantes que hayan terminado sus estudios y deseen integrarse en la universidad, con una duración de cuatro años y una adecuada remuneración.

La comisión gubernativa que ha preparado estas medidas consideró, además, la posibilidad de autorizar a los rectores la concesión, excepcionalmente, de una convocatoria adicional más, facilitar el cambio de distrito universitario, reforzar la cuantía y la duración de las becas y créditos estudiantiles. Se constituirán claustros provisionales a fin de elaborar estatutos -también provisionales- y elegir rector, si el puesto se hallara vacante. En el capítulo económico, se proyectó la agilización de la administración financiera de las universidades y el dotarles de una importante subvención, a fin de paliar su precaria situación.