Laína supo el lunes que el plan de protección de las instalaciones de Telefónica voladas por ETA había sufrido un aplazamiento

El director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína García, fue informado en la tarde del lunes, por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de que la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) había solicitado, por mediación de representantes de este organismo en las reuniones preparatorias del dispositivo de seguridad del Campeonato Mundial de Fútbol, el aplazamiento de un plan de protección sobre el edificio en el que se encontraban las instalaciones voladas el pasado domingo por ETA Militar. Laína informó esa misma tarde al ministro del Interior, Juan José Rosón, de estas revelaciones, quien ordenó que se hiciera un informe por escrito.

EL PAIS, en su edición del pasado martes, daba cuenta de estas informaciones, ofreciendo algunos detalles al respecto, principalmente en lo que se refería a fechas y posibles causas de aplazamiento, todo ello en consonancia con la información que poseía la policía, concretamente la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la Compañía Telefónica, en un comunicado que difundió conjuntamente con el Ministerio del Interior en la noche del mismo martes, hizo una serie de precisiones, mediante las que informaba lo siguiente:1. La información dada por EL PAIS de que "La Telefónica rechazó un plan especial de protección sobre las instalaciones voladas" no era cierta (el entrecomillado aludido por este comunicado se refiere a un titular de primera página).

2. Con fecha 28 de julio de 1981, la Delegación del Gobierno en la CTNE remitió a los servicios de seguridad del Estado el informe preparado por la Compañía sobre seguridad de las instalaciones telefónicas en relación con el Mundial-82.

Tras diversas reuniones del grupo de trabajo constituido al efecto, la Dirección de la Seguridad del Estado estableció dicho plan de protección. En dicho plan, concebido exclusivamente para el Mundial-82, se dio prioridad a las centrales telefónicas que incidían decisivamente en las comunicaciones relacionadas con este acontecimiento deportivo, circunstancia que no concurría en la central del Ríos Rosas, que tiene muy escasa repercusión en el tráfico internacional y en el citado acontecimiento deportivo (la voladura del edificio afectó a 700.000 abonados de toda España y produjo serios desperfectos en sus cinco grandes centrales o servicios, que son: una central urbana, una central sectorial que pone en contacto entre sí a abonados de distintas centrales urbanas, otra de comunicaciones interurbanas, red de transmisión de datos y una central de comunicaciones internacionales).

3. En consecuencia, en ningún momento los directivos de la Telefónica han rechazado o pedido aplazamiento de un plan especial de protección para las instalaciones de Ríos Rosas (en esta tercera precisión se recurre al término directivo, solamente empleado en el contexto de la información, y no, en cambio, al principio de ésta, que comienza con referencia explícita de la propia Compañía como entidad).

La información policial, como indicábamos al principio, fue puesta en conocimiento del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, el lunes por las tarde. Este, aprovechando los contactos habituales que mantiene con el ministro del Interior, abandonó su despacho del edificio de la calle de Amador de los Ríos y se trasladó al edificio del Ministerio del Interior, en el paseo de la Castellana, 5, donde fue recibido por Juan José Rosón, quien, tras escuchar la exposición del director de la Seguridad del Estado, pidió que se realizara un informe por escrito sobre este asunto. Laína se dirigió posteriormente a los responsables policiales que le habían hecho la siguiente comunicación, solicitándole el citado informe, que no fue entregado hasta el día siguiente por la mañana.

La llegada de este informe a la Dirección de la Seguridad del Estado coincidió con la aparición en este periódico de la citada información y las primeras quejas sobre lo publicado por parte del presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, el ex ministro de Transportes Salvador Sánchez Terán, diputado de UCD por Salamanca, aunque residente en Madrid, y persona que desde 1963 viene cobrando emolumentos del Estado, en varias de cuyas empresas ha ocupado altos cargos.

Reparos de Sánchez Terán con la prensa

Precisamente, como dato anecdótico, el presidente de la Telefónica fue la única persona que puso reparos sobre la presencia de cinco redactores de EL PAIS que seguían de cerca, en la madrugada del atentado, todos los incidentes sobre el caso. Se da la circunstancia de que, al filo de las cinco de aquella madrugada, Sánchez Terán interrumpió las explicaciones que iba recibiendo sobre los desperfectos para interesarse sobre la presencia de estas cinco personas, que se identificaron como periodistas, teniendo que intervenir el gobernador civil de Madrid, Mariano Nicolás, para que pudieran continuar sus trabajos informativos, en los que habían encontrado desde momentos antes todo tipo de facilidades por parte de los efectivos allí destacados del Cuerpo Superior de Policía, Policía Nacional, Policía Municipal y bomberos.

Sánchez Terán quedó citado con Laína la misma mañana del martes en la sede de la Dirección de la Seguridad del Estado, en la calle de Amador de los Ríos, abandonando el edificio sobre las dos de la tarde, casi al mismo tiempo que lo hacía a escasos metros, en el Ministerio del Interior, el secretario general de Unión de Centro Democrático, Iñigo Cavero, que había acudido a visitar a Juan José Rosón. Sánchez Terán permaneció unos minutos en la calle de Amador de los Ríos, antes de subir a su automóvil, conversando al parecer con un directivo de la Telefónica. Por la tarde acudió de nuevo a visitar a Laína.

Informe de la policía y presiones de Sánchez Terán

Según la versión de lo trascendido sobre este asunto en diferentes departamentos del Ministerio del Interior, el director de la Seguridad del Estado estuvo prácticamente ocupado todo el día del martes por la compañía del presidente de la Telefónica, que trataba por todos los medios de que se redactara un comunicado desmintiendo a EL PAIS, en donde, entre otros aspectos, quería incluir calificativos tales como "mentira" sobre detalles de la información. El comunicado de la Telefónica, que tuvo que ser compartido por el Ministerio del Interior, fue difundido sobre las ocho de la tarde, o sea, tras una apretada jornada de trabajo que se inició por la mañana y que incluyó la doble visita de Sánchez Terán y varias llamadas telefónicas, además de otros aspectos que se desconocen.

Al parecer, siempre según la información recopilada por este periódico, el informe por escrito enviado por la policía variaba ligeramente de la comunicación oral del día anterior, aunque en detalles y no en contenido. El aplazamiento había sido sugerido en las reuniones celebradas por los grupos de trabajo que se constituyeron sobre seguridad de las instalaciones telefónicas en relación con el Mundial-82, compuesto por representantes, y no directivos, de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado (Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional y Guardia civil) y de la Compañía Telefónica Nacional de España. Fueron estos últimos los que propusieron el aplazamiento, alegando que existían otras instalaciones más importantes que tenían prioridad en este sentido. El plan debería entrar en vigor el 15 de abril y fue aplazado hasta el 15 de mayo.

Sobre este tipo de reuniones no se redactaron, al parecer, actas, por lo que no existen, al menos así ha trascendido, documentos acreditativos, y tan sólo se tiene constancia de la comunicación ofrecida a Laína el lunes y el posterior informe solicitado por el ministro del Interior. En la Policía, sin embargo, no han gustado en absoluto las precisiones a la información hechas por la Compañía Telefónica, en comunicado conjunto con el Ministerio del Interior, ya que se cuestiona su propio trabajo. Tampoco parece que el presidente de la Compañía haya salido satisfecho de la redacción de la nota dirigida a EL PAIS, ya que pretendía desmentirla y no precisarla, concepto este último que aparece en el texto dado a conocer a la opinión pública.

La primera reacción sobre este caso, revelado por este periódico, aunque precisado por la Telefónica, se produjo por parte del Grupo Parlamentario Comunista, que, reunido el martes en el Congreso de los Diputados, acordó presentar una pregunta al Gobierno sobre el sistema de vigilancia de instalaciones de la Compañía, aunque posteriormente recondujo esta acción parlamentaria al conocer que la cuestión sería debatida en el Pleno de hoy. EL PAIS, por su parte, intentó ponerse en contacto con el comisario general de Seguridad Ciudadana, Genuino Novales, quien al parecer conoce el caso. Su secretaria informó que tenía varias reuniones a lo largo del día que le impedían atender las diferentes llamadas.