La oferta de empleo en el sector público

Declara estas alturas que el problema del paro es uno de los más dramáticos de nuestra sociedad es hacer una afirmación unánimemente compartida. Para su resolución, se precisa, según el autor de este artículo, una unidad de acción por parte de todas las fuerzas sociales pues se trata de proclamar una aspiración colectiva para cuyo logro muy pocos negarían su voluntad, esfuerzo y solidaridad.

En la difícil estrategia contra el desempleo, que atenaza a cerca de dos millones de españoles, el sector público debe jugar también su papel, ya que no debe perderse de vista que el Estado, y más específicamente, las diversas administraciones, son el primer empleador del país y se perfilan, en el orden laboral y profesional, como un gran patrono y como el más influyente empresario. En fecha todavía reciente se han aireado datos sobre los efectivos humanos de dichas administraciones que ascienden a 1.407.837 personas (diario EL PAÍS, 25 de diciembre de 1981), lo que es un contingente respetable y muy a tener en cuenta a efectos económicos, laborales, sociales y políticos.Hay, además de esta justificación meramente cuantitativa, otra de índole moral, y es que si se quiere que el sector privado, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sindicales, arrimen el hombro para luchar contra el paro, quien primero tiene que actuar en este campo de acción es el Estado, comportándose con intenciones de ejemplaridad. "Yo no creo en ninguna disciplina social", ha dicho Fuentes Quintana, "mientras el sector público no predique con el ejemplo". Tal advertencia adquiere especial relieve si la aplicamos al problema que nos ocupa, dado que, ante el formidable desafío del paro, la postura del sector público resulta sencillamente decisiva.

Obstáculos a superar

No es fácil, sin embargo, que las administraciones públicas procedan siempre correctamente a la hora de poner en marcha su política de empleo y de contribuir a una mejor oferta de puestos de trabajo a la juventud. Diversos obstáculos impiden que aquéllas decidan con criterios de racionalidad y que sus acuerdos se ajusten a las exigencias del bien común.

El primer obstáculo, de tipo operativo, es que nuestro sector público es de una increíble pobreza en lo que a posesión y difusión de datos estadísticos se refiere. ¿Sabe alguien en este país, con certeza contrastada, cuántos puestos de trabajo oferta cada año el sector público? ¿Somos capaces de desglosar, por bloques orgánico-administrativos, la aportación de cada uno de ellos a la mejora del mercado de trabajo? ¿Podemos saber con exactitud cuál será la incidencia de las administraciones públicas en este mercado durante 1982? ¿Estamos en condiciones de medir el nivel de contribución del sector público para hacer efectivos los propósitos del Acuerdo Nacional de Empleo de crear en el presente año 350.000 puestos de trabajo?

La respuesta la da Martín Seco (Papeles de economía española, número 8) con estas palabras: "La mayor dificultad a la hora de analizar la creación de empleo en el sector público radica en la carencia de cifras estadísticas. Es realmente incomprensible cómo siendo datos que, en teoría, deberían conocerse con total exactitud, por pertenecer al ámbito público, se dé una laguna tan grande sobre los mismos, al menos con la precisión que sería de desear".

El segundo obstáculo, de carácter estructural, radica en que nuestras administraciones viven desconectadas entre sí y cada una es una gran isla frente a las demás. Por encima de todas ellas falta una instancia enérgica y actuante que, no sólo en el área de la política de empleo, sino en otras muchas, las coordine y obligue a planificar sus decisiones con sentido de globalidad. Por eso es un espectáculo desmoralizador y socialmente frustrante el contemplar cómo ayuntamientos, diputaciones, administración de justicia, ministerios, administración educativa, entidades de la Seguridad Social, organismos autónomos, comunidades autónomas, etcétera, no armonizan su política de empleo y no se sientan en torno a una mesa para dialogar sobre la necesidad de llevarla a cabo con arreglo a unas pautas elementales de coordinación, periodicidad y transparencia.

El tercer obstáculo, de índole legal, se identifica con la continuidad de una legislación en materia de acceso a la función pública que debemos valorar como confusa, anacrónica y regresiva. En el sector público siguen predominando todavía unos hábitos, unas normas, unas orientaciones que contribuyen a deteriorar el papel de las administraciones a la hora de crear puestos de trabajo y de presentarlos a la libre competencia de los ciudadanos. Ahí tenemos, por citar algunos ejemplos, ese mundo extraño, incomprensible para los que no viven dentro de sus coordenadas, de las oposiciones restringidas, las compatibilidades generosamente toleradas, las reservas de plazas a favor de personas o grupos, los nombramientos politiza dos, los ascensos arbitrarios, la congelación de plantillas por la presión malthusiana de los cuerpos de funcionarios, las oposiciones de interminable duración, la indefinición de los puestos de trabajo, la inoperancia de las plantillas orgánicas, etcétera.

El cuarto y último obstáculo, de naturaleza económica, se refiere a la necesidad de las administraciones públicas de controlar sus gastos de personal en los respectivos presupuestos, a fin de no incrementar el porcentaje de los gastos corrientes, sobre todo en los períodos de crisis y de mayor demanda de inversión. La tensión entre el crecimiento de los gastos de personal para dotar determinados servicios (intervención general del Estado, orden público, administración penitenciaria, administración de justicia, administración tributaria, etcétera) y la exigencia gubernamental de congelar las plantillas presupuestarias ha sido bien patente en las discusiones, a nivel de comisión y de Pleno, de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 en nuestro Parlamento.

La hora de las iniciativas

Es comprensible que, ante la urgencia del problema del paro, haya empezado a replantearse el protagonismo del Estado y, en particular, de las diversas administraciones públicas, buscando nuevas vías que hagan más eficiente el comportamiento de éstas y de aquél en lo que a política de empleo se refiere. Y es que, como ha subrayado López Gandía (Revista de Trabajo, números 59 y 60), la política de empleo "va -o, al menos, debería ir- más allá del marco jurídico del contrato de trabajo para comprender también la relación de servicios, regulada por el Derecho administrativo", y es que, como ha dicho el diputado Pérez Royo (sesión del Pleno del Congreso 25 de noviembre de 1981, Diario de Sesiones, número 201), "la creación de empleo por parte del Gobierno, la creación de empleo directo por parte del Presupuesto, es un elemento importante a la hora de contar con una política de empleo en el país".

Plan de oferta de empleo

Estas dos razones, aproximación de los derechos administrativos y del trabajo e importancia del volumen de empleo público, respaldan el hecho de que, en el proyecto de ley por el que se aprueban las bases del régimen estatutario de los funcionarios, se haya incluido, en el artículo 15, un primer apartado que literalmente dice así: "La Administración del Estado formulará, anualmente, el plan (le oferta de empleo público correspondiente a todas las administraciones públicas, coordinando las actividades de selección y formación que, en desarrollo de aquél, lleven a efecto los institutos o escuelas de funcionarios". Este precepto es, sin duda, una de las más sobresalientes innovaciones que el citado proyecto de ley contiene,, y que abre un amplio horizonte de posibilidades encaminadas a reordenar, fortalecer y racionalizar la política de empleo en el sector público. Sin perjuicio de que el mencionado plan pueda ser instrumentado de una u otra forma según las diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al precepto que lo regula, lo cierto es que su implantación marcará un hito importante en la configuración de una política de personal público, menos centrada sobre sí misma y más abierta a las demandas y condicionamientos de la problemática laboral del país. De ahí que, en lo sucesivo, la desconexión entre quienes tienen a su cargo la gestión de millón y medio de servidores públicos y quienes dirigen la lucha contra el paro habrá de desaparecer, dejando vía libre a una colaboración real e imprescindible entre ambos polos de decisión. El engarce entre la función rública y el mercado de trabajo, en una sociedad como la española que, como ha dicho el presidente Calvo Sotelo, "no ha ganado el pulso a desempleo", se presenta como un formidable acicate para la realización de una política de personal en el sector público que supere viejos inmovilismos y desborde concepciones pasadas de moda. En los tiempos venideros, esta política, condicionada por las propias circunstancias sociales, va a experimentar transformaciones muy hondas y una línea inexorable de cambio será la convergencia de los sectores público y privado a. la hora de poner en marcha una auténtica política de empleo.

es subdirector general de la Presidencia del Gobierno.