Fracaso del segundo aval del Estado para las 'pymes'

La Sociedad Mixta del Segundo Aval, dotada con 15.000 millones de pesetas y presidida por el ex vicepresidente del Gobierno Fernando Abril Martorell, ha fracasado estrepitosamente en su misión de favorecer el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca (SGR) y facilitar así el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ocho meses después de su creación no ha llegado a utilizar ni el 2% de su capacidad de aval, y en estos momentos una comisión de expertos estudia una modificación sustancial de su regulación jurídica que dote de mayor eficacia y utilidad a la Sociedad Mixta del Segundo Aval.

Esta sociedad, engendrada tras largos meses de pugna entre distintos departamentos ministeriales, incide directamente sobre un amplísimo colectivo (el 98,42% de las empresas españolas cuentan con menos de cien trabajadores) y constituye por ello -al margen de su trascendencia económica- un valiosísimo instrumento de captación de clientelismo político. La designación de Fernando Abril Martorell para presidirla y el nombramiento de su director general, Rafael García Palencia (UCD), como secretario de finanzas, ponen de manifiesto la importancia del valor político añadido que acompaña a la concesión de avales a las pymes.La proximidad de las elecciones legislativas y el papel fundamental que han jugado las pymes en las victorias socialistas en Francia y Grecia han llevado a la Administración -a la vista del escaso éxito de la actual normativa del segundo aval- a estudiar con cierta urgencia modificaciones en su regulación.

Pugnas y despropósitos

El primer paso para instrumentar ayudas a la financiación de las pymes se dio en 1978, mediante un decreto por el que se establecía el régimen jurídico, fiscal y financiero de las sociedades de garantía recíproca. El sistema quedaba cojo, sin embargo, al faltar el segundo aval a cargo del Estado.Una iniciativa en este sentido, plasmada en una enmienda del PNV a los Presupuestos del Estado para 1980, adjudicó sobre el papel 8.000 millones de pesetas para el segundo aval. Hacienda elaboró un proyecto de decreto -hubo varios, todos non natos- que fuentes de Economía calificaron de malo técnicamente e inviable para los fines que se proponía.

El proyecto, que no llegó a prosperar, atribuía la aplicación del aval del Estado directamente al Tesoro público. Las diferencias entre Hacienda y Economía, que pugnaban por controlar la instrumentación del segundo aval, hicieron que en octubre de 1980 todavía no se hubiera arbitrado la fórmula de concesión del mismo y, en consecuencia, los 8.000 millones fijados por la ley de Presupuestos permanecían inutilizados e intactos.

Entre tanto, en el proyecto de Presupuestos del Estado para 1981 que elaboraba Hacienda en esas fechas se atribuía la concesión del aval a Crédito y Caución.

Esta atribución suponía un grave desconocimiento por los redactores del presupuesto, que confundieron lo que es un reaseguro (cubre el riesgo de la insolvencia) y lo que es un segundo aval (casos de impago). Por otra parte, se otorgaba una posibilidad financiera de 8.000 millones a una compañía de seguros cuyo capital social estaba muy por debajo de los quinientos millones de pesetas.

La barbaridad fue de tal magnitud que la propia UCD presentó una enmienda al proyecto de presupuestos de 1981, atribuyendo al crédito oficial la garantía del segundo aval para las sociedades de garantía recíproca. Se abría así la posibilidad de ir a una sociedad mixta, con mayoría de capital público, para la instrumentación del segundo aval.

Caro y burocrático

El 10 de abril de 1981, después de dos años de proyectos frustrados, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Sociedad Mixta del Segundo Aval. La publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado se retrasó al 19 de mayo, y 4.-1 acto de constitución de la sociedad, al 23 de julio pasado.En la citada sociedad, cuyo objeto social es la concesión de fianzas y avales a las sociedades de garantía recíproca, participa el Instituto de Crédito Oficial (53% de los cien millones de capital desembolsado); los bancos de Crédito Industrial, Crédito Agrícola, Crédito a la Construcción e Hipotecario; la compañía Crédito y Caución, Iresco, IMPI y sociedades de garantía recíproca.

Luis Acín Boned, presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), reconocía ya hace unos meses (véase EL PAIS del 28 de enero) que "la Sociedad Mixta del Segundo Aval ha demostrado un interés claro en favorecer a las sociedades de garantía recíproca, pero su acción se ha encontrado hipotecada a las cortapisas de las propias disposiciones administrativas. Sus manos están tan atadas como las nuestras por la regulación del segundo aval".

La actual regulación, según fuentes de las pymes, supone una escasa cobertura de riesgo a un elevado precio. La estructura de la sociedad, por otra parte, es excesivamente burocratizada. Todo ello explica la escasa aceptación que ha tenido hasta ahora el segundo aval del Estado.

En las últimas semanas, a la vista de los pobres resultados, se ha creado una comisión para revisar la regulación del segundo aval.

Esta comisión está compuesta por el director general de la Sociedad Mixta, Rafael García Palencia; por el catedrático de Derecho Mercantil Alberto Bercowitz, por el abogado del Estado del Instituto de Crédito Oficial Rafael Pastor y por los directores generales de Cesgar, Javier Pomes, y de la Sociedad de Garantías Subsidiarias (Sogasa), Ernesto Caballero. Esta comisión está elaborando un proyecto de nuevo marco jurídico del segundo aval, que será elevado al Gobierno para su aprobación.