Entre Londres y Bilbao
LAS INFORMACIONES sobre -el juicio oral celebrado en Bilbao el pasado martes contra ocho mujeres acusadas de aborto, acompañadas en el banquillo por tres personas que las ayudaron a realizarlos, plantea de nuevo, con la crudeza de las circunstancias concretas que concurren en este caso, no ya los problemas morales inherentes a la interrupción voluntaria del embarazo, sino' las características de las leyes penales vigentes en nuestro país y la aplicación que de esa normativa hacen los tribunales.En el debate ético sobre el aborto son defendibles opiniones muy diversas, situadas todas ellas dentro del terreno común de la concepción humanista de los derechos de la persona. Es cierto que algunos, llevados por su intolerancia, tratan a veces de ahogar con la agresión verbal y los insultos descalificadores una discusión que exigiría rigor en los argumentos y voluntad de comprender -en vez de aplastar- al discrepante. Pero de todos es sabido que los monopolistas por oficio del humanismo cristiano no siempre son capaces de ejercer la caridad cristiana específica o de aplicar los principios genéricos del humanismo. José Ferrater Mora ha escrito recientemente que "aborto y no aborto son elecciones igualmente legítimas y aceptables dentro del contexto de la idea de tolerancia"; ahora bien, "en la medida en que quienes se oponen al aborto en cualquier caso, y a fortiori se oponen a la libertad de elección de abortar, son intolerantes, estimo que no se puede ser tolerantes con ellos, salvo en la medida en que se puede seguir ofreciéndoles oportunidad de airear sus opiniones". Mientras nuestros Torquemadas locales apilan leña verde para reducir al silencio a sus contradictores, la discusión de moralistas, sociólogos y juristas en el mundo civilizado sobre los delitos sin víctima se centra mucho mas sobre el derecho a la elección de la mujer embarazada que en torno a especulaciones generales sobre el derecho al aborto. Muy pocos niegan que la interrupción voluntaria del embarazo plantea un delicado conflicto entre valores positivos, pero pocos afirman que la vida de la madre deba ser sacrificada en provecho de un huevo que acaba de ser fertilizado.
El juicio de Bilbao, sin embargo, obliga a hacer descender ese debate desde los elevados cielos de la teoría al suelo concreto de la legislación penal, que castiga en España las prácticas abortivas y que los jueces tienen que aplicar muchas veces con graves problemas de conciencia.Porque no es el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo, el gran responsable de esa sangrante injusticia de la que son víctimas las mujeres sin medios económicos a quienes la salud, la pobreza o la angustiosa situación familiar de tener que trabajar y cuidar de la prole obligan a abortar. Según informaciones oficiosas, el grupo parlamentario centrista se dispone, sin embargo, a mantener prácticamente intactos, en la anunciada reforma del Código Penal, los artículos que condenan a un mínimo de seis meses y un día y a un máximo de seis años a la mujer que se produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, y con penas igualmente severas -aún mayores cuando se trata de médicos- a las personas que les ayudaran en esa penosa decisión.
Ocurre, sin embargo, que el aborto, estrictamente prohibido, sañudamente perseguido y severamente castigado como delito dentro de nuestras fronteras, es una práctica legal en otros países europeos, a los que las mujeres españolas acuden, cuando disponen de la información y de los medios económicos necesarios, para interrumpir sus embarazos. Sucede, así, que una británica podría ser castigada a seis. años de prisión por abortar en. España durante sus vacaciones veraniegas, mientras que a una española le basta con trasladarse a Inglaterra para realizar -con completa libertad, protección legal y debida asistencia hospitalaria y clínica- una interrupción del embarazo que en su propio país sólo podría llevar a cabo en sórdidas condiciones de clandestinidad, sin ayuda médica legal y con riesgo de ingresar en la cárcel durante una buena temporada. No deja de ser una chirriante paradoja de que los gobiernos del Viejo Continente -entre ellos el español- proclamen la urgencia de un espacio judicial y policial europeo, pero no se planteen la conveniencia de un espacio penal común que, cuando menos, iguale los criterios que se utilizan para Considerar delictivas las conductas de los ciudadanos.
El mejor ejemplo de que existen situaciones de discriminación y desigualdad que superan la imaginación de cualquier demagogo es el hecho de que el aborto realizado por una mujer español será o no delito exclusivamente en función de que la interesada carezca o disponga de los ingresos y la información suficientes para viajar a Londres y pagar los honorarios de una clínica. El juicio de Bilbao, por lo demás, ha mostrado hasta qué lóbregos extremos de sordidez y de riesgo para la salud o la vida pueden llegar en España las prácticas abortivas precisamente como consecuencia de la situación de clandestinidad e irresponsabilidad a que la ilicitud penal les condena de manera irremisible. Las mujeres de humilde condición y mísero nivel de vida que no tienen ni el dinero ni los contactos necesarios para trasladarse al Reino Unido arrostran, con la decisión de interrumpir su embarazo no sólo el riesgo de una pena de prisión menor sino también graves peligros para su salud y su vida, derivados de la inexistencia de cuidados médicos y atención hospitalaria para la realización del aborto. Injusticia tanto mas brutal cuanto que la mayoría de las veces la decisión de abortar no es un capricho, sino una necesidad motivada por causas -desde la salud precaria hasta la penuria de unos hogares en los que la mujer a la vez trabaja como asalariada y cuida de una numerosa familia- que sólo la monstruosidad moral y la hipocresía de los puritanos puede ignorar.
