La actitud del acusador público exasperó a los asistentes al juicio de Bilbao

La vista oral del juicio seguido en Bilbao contra diez mujeres y un hombre acusados de estar implicados en prácticas abortivas quedó vista para sentencia al filo de las once de la noche del martes, después de casi diez horas de sesión. Poco antes de las siete de la tarde ocurrieron los incidentes más graves, durante la declaración de una testigo de la defensa. Las conclusiones definitivas del fiscal rebajan las penas solicitadas con anterioridad. Dado que a los procesados se les aplicarán los indultos de 1975 y 1977, la única persona que podría ingresar en prisión, con una condena de 12 años y seis meses, si se probaran los siete delitos de que se le acusa, sería Julia García, la mujer que realizaba las prácticas abortivas.

La sesión de la tarde fue distinta a la de la mañana, de la que ya informó EL PAIS en su edición de ayer. Tras la declaración de tres mujeres, una en nombre del Movimiento de Planificación francés, otra de la campaña internacional por la anticoncepción, de Inglaterra, y una tercera, socióloga, fue interrogada Amparo Cardaño, asistente social, autora de un estudio sobre el aborto en Vizcaya.La testigo dijo que lleva tres años facilitando direcciones para abortar a las mujeres de forma organizada. "De 2.400 casos en los que habré informado", manifestó, "el 80% de las mujeres habían intentado abortos caseros". A pregunta de una de las abogadas, Cardaño dijo que "son algunos médicos quienes suelen decir a las mujeres que quieren abortar que acudan a las feministas.

A mí me han mandado mujeres partidos como el PNV, la UCD y el PSOE, médicos privados y de la Seguridad Social e incluso magistrados".

Actitud "vejatoria" del fiscal

Al término de su declaración, Amparo Cardaño denunció "la actitud vejatoria del señor fiscal". Ello hizo ordenar al presidente: "¡Salga detenida al juzgado de guardia!", ante lo que una conocida feminista madrileña gritó desde el público: "¡Que le callen al fiscal!". Los asistentes, en su mayor parte mujeres, cometizaron a corear las consignas de "Aborto, legalización" y "Yo también he abortado", con lo que unían sus peticiones a las de más de un centenar de mujeres que estuvieron cantando desde la calle hasta el final del juicio. El presidente ordenó que la policía desalojara la sala, mientras uno de los defensores pedía un descanso, dado el momento de tensión, y un miembro del tribunal concedía cinco minutos de suspensión de la vista, con lo que se zanjaba elegantemente la orden de salida del público. En ese momento, Jesús Sáez, abogado de las principales encartadas, Julia García y su hija Beatriz, se quitó la toga mientras gritaba: "¡Esto da asco y yo prefiero ir a la cárcel. Todo es una pamema. Están ustedes haciendo el ridículo!".

Como se reconoció desde los propios bancos de la defensa, la actitud del presidente del tribunal fue definitiva para la celebración y buen término de la vista. El magistrado asistió a las protestas del fiscal, a la actitud, calificada por algunos de provocadora, de é te para con el público y a las actitudes, en ocasiones poco ortodoxas, de los asistentes al juicio, y ordenó que este siguiera contra viento y marea.

El fiscal, Fermín Hernández, que terminó la explicación de sus conclusiones definitivas con la frase "el aborto es irracional", intentó que el presidente del tribunal viera desacato en las actitudes de varios asistentes a la vista y utilizó una terminología que exasperó a los asistentes. Por la mañana, por ejemplo, habló del aborto como "el producto que se tira al retrete" y cuando, tras ser silbado por muchas mujeres del público, pidió al presidente que desalojara la sala, y éste no lo consideró oportuno, reinició su pregunta diciendo: "Si el producto de la manipulación se ha podido tirar al retrete, que es donde van a parar todas esas inmundicias". Varios defensores mostraron su preocupación porque, a su juicio, no se habían aportado pruebas de los delitos que se imputan a sus clientes.

Al final, un joven ayudante del fiscal pidió a los periodistas que cubren el juicio que tuvieran en cuenta que aquél aplica la ley al margen de su ideología personal. No obstante, este joven miembro del ministerio público pronunció la siguiente frase, al manifestar que la única de las procesadas que podría ir a la cárcel, sería, en su caso, Julia García: "A las demás, mal que nos pese, se les aplican los indultos de 1975 y 1977".