La verdad de la capitalización del campo

Hace unos días apareció en este mismo espacio un artículo de Juan Colino Salamanca, diputado del PSOE por Valladolid, en el que, tachándolos de electoralistas, hacía una crítica a dos recientes decretos que disponen créditos para la mejora y modernización del campo en un marco que el autor juzgaba incoherente con una adecuada política agraria. Hoy, con este texto, el presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) replica a los juicios allí expuestos.

El Consejo de Ministros del pasado 15 de enero aprobó dos reales decretos por los que se autorizaba al Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) a establecer convenios con entidades financieras hasta 59.000 millones de pesetas. Su fin es ponerlos a disposición de los agricultores en forma de créditos baratos y a largo plazo para que transformen o mejoren sus tierras en regadíos y para que modernicen sus explotaciones agrarias con cualquier obra o instalación, incluyendo la compra de maquinaria y ganado. Los dos decretos se enmarcan en la política agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cualquiera que sea su titular, y no suponen un cambio, sino la continuación del trabajo para atender a problemas tan importantes como la financiación agraria.Estos decretos son el resultado de un esfuerzo colectivo. Así, agricultores, instituciones financieras y Administración van a contribuir conjuntamente a reformar las estructuras agrarias para hacerlas cada vez más productivas y competitivas, sobre todo teniendo en cuenta nuestro próximo ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). A nadie se le oculta que nuestra agricultura adolece de problemas estructurales importantes que motivan escasas rentabilidades en las explotaciones agrarias y falta de criterios empresariales y competitivos.

Llegar a una agricultura moderna y capitalizada, técnicamente desarrollada, a la que se incorporen jóvenes empresarios y puedan ejercer su profesión en condiciones semejantes a otros sectores necesita de un esfuerzo colectivo de solidaridad de toda la sociedad, que lleve al campo la inversión precisa para adecuar sus estructuras al entorno comunitario.

Pero esta inversión en el campo no puede venir exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado, que, como todos sabemos, son limitados. Es necesario fomentar la iniciativa privada poniendo a disposición de los agricultores dinero barato y a largo plazo. Y esta es precisamente la razón de ser de estos dos reales decretos. Ofrecer dinero a diez años y que resulte a un interés del 7% con las subvenciones procedentes del IRYDA para que los agricultores reformen sus estructuras agrarias y las hagan más productivas.

Este plan, cuya realización está previsto se lleve a cabo en catorce meses, tiene como metas transformar 150.000 hectáreas en nuevos regadíos, mejorar 125.000 hectáreas de regadíos existentes y modernizar 10.000 explotaciones agrarias. Asimismo va a impulsar una inversión de cerca de 100.000 millones de pesetas, a generar más de seis millones de jornales durante la realización de las obras, a crear alrededor de 55.000 puestos de trabajo permanente al finalizar las mismas y a incrementar la producción final agraria en 57.000 millones de pesetas anuales.

Es decir, esta operación, que tiene como objetivo prioritario incidir en la reforma de las estructuras agrarias, va a contribuir de forma decisiva a crear empleo, a aumentar la productividad, a mejorar la balanza agraria y, por consiguiente, la balanza de pagos, a aumentar la renta agraria y a reducir la diferencia de calidad de vida entre el medio rural y el urbano.

Por otro lado, esta operación no detrae ni una sola peseta de los Presupuestos Generales del Estado programados para el sector. Es por tanto una ampliación de 59.000 millones de pesetas para el campo, que nunca hubiera ido a él si no se hubiese montado esta operación especial de capitalización, cosa que hemos hecho en cuanto hemos tenido ocasión para ello.

¿Medidas electoralistas?

Estas medidas de financiación han tenido una extraordinaria acogida entre los agricultores, como se ha detectado en los pocos días que están vigentes. Ha sido satisfecha una gran necesidad, y debe ser motivo de satisfacción para toda la sociedad, la cual está permanentemente en deuda con este sector.

No obstante, siempre hay quien cree que por el mero hecho de estar en la oposición tiene la permanente obligación de criticar todas las actuaciones del Gobierno, aunque éstas, y al margen de cualquier otra consideración, sean buenas en sí mismas. Este es el caso de Juan Camilo Salamanca, diputado del PSOE por Valladolid, que en una tribuna abierta a este periódico ha realizado unas críticas a estas medidas, aunque, a decir verdad, poco rigurosas.

Juan Colino dice que estas medidas son electoralistas. Cuando alguien tiene que recurrir a la crítica de medida electoralista está reconociendo implícitamente que estas medidas son en sí buenas, cosa que es cierto. Pero es que además esta crítica lleva a pensar que Colino prefiere que los agricultores no dipongan de este dinero y en estas condiciones en tanto que estas medidas favorecen al partido del Gobierno. Extraña manera de ejercer la actividad política.

Por otra parte, decir que estas medidas han salido de los despachos de los bancos es tan burdo que los agricultores, que conocen perfectamente cuáles son los intereses de mercado, no pueden menos que sentirse ofendidos, pues en el fondo se les está llamando ignorantes. Mala política es esa de estar siempre obsesionado por el partido y anteponer intereses partidistas a intereses colectivos. Que estas críticas viniesen más allá de nuestras fronteras también sería lamentable, pero hasta cierto punto comprensible, pero que vengan de un parlamentario castellano no puede producir más que tristeza. ¡Qué pueden pensar los agricultores de Valladolid, que están deseosos de acudir a esta financiación, de la mentalidad de este diputado socialista.

Tampoco parece serio aprovechar una tribuna libre en un periódico para hablar de pasada de dos zonas de ordenación de explotaciones de su zona electoral, como la de Barco de Avila-Piedrahita y la del bajo Duero. No sé qué extraña información tiene Colino para decir que el IRYDA, a pesar de ser comarcas declaradas, no ha actuado por falta de presupuesto. Esto simplemente puede tomarse como la anécdota a los problemas locales de un diputado mal informado.

En España se ha actuado en cientos de comarcar de ordenación de explotaciones con grandes resultados en todas ellas. Esto es fácilmente comprobable con los hechos. Actualmente tenemos en vigor 38 comarcas en estas condiciones, y se van a decretar este año alrededor de veinte más que,están en estudio. Todas ellas están presupuestadas, totalizando entre obras de infraestructuras y auxilios directos del IRYDA alrededor de 12.000 millones de pesetas, sin contar los dos decretos antes mencionados. Las comarcas a que se refiere Colino tienen de vigencia hasta los años 1984 y 1987, respectivamente. Es decir, son comarcas que están en plena actuación, y en las que al terminar este año se habrán dedicado setecientos millones de pesetas a la de Barco de Avila-Piedrahíta, y trescientos millones a la del bajo Duero, que coincide exactamente con lo programado.

Es preciso tener ganas de faltar a la verdad para decir entre comillas y poner en boca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "esto se arregla con dos decretos". Estos decretos son muy importantes y contribuyen a, ello, pero no suponen el abandono de la política legislativa anunciada en 1979, que ha sido cumplida y se sigue compliendo. La prueba es evidente. Además de las leyes aprobadas con el anterior titular del departamento, actualmente están aprobadas o a punto de aprobarse en los escasos meses que está al frente el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ley de Contratos Agrarios, la ley de Concentraciones Parcelarias Especiales y la ley de Agricultura de Montaña.

Todas estas disposiciones, entre las que se encuentran los dos decretos mencionados, no son más que instrumentos tendentes a satisfacer los objetivos, tantas veces expuestos, de la política agraria del Gobierno. Confundir instrumentos con objetivos sólo puede ser fruto de la demagogia o de la ignorancia.

es presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.