La unidad policial dedicada a investigar sobre el 23-F podría ser disuelta

La Brigada Antigolpe, creada por la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE) tras el levantamiento militar del 23 de febrero del pasado año, podría desaparecer a corto plazo, según informó ayer Europa Press. La desaparición de esta brigada, en contra de lo que informa la citada agencia, podría estar relacionada específicamente con los trabajos de investigación sobre el fallido golpe de Estado del 23-F, aunque no con la labor policial preventiva sobre actividades involucionistas, para lo que se pretende reforzar los actuales servicios policiales.Esta unidad especial creada para desarticular la trama civil del golpe, así como otros aspectos relacionados con la participación de militares en su preparación, fue encomendada al comisario del Cuerpo Superior de Policía Emilio Sánchez, ex jefe superior de Policía de Asturias, quien desde el primer momento actuó de forma autónoma, dependiendo exclusivamente del director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, con quien despacha a diario.

El trabajo realizado hasta ahora por el comisario Sánchez y su equipo, la mayoría policías que en su día formaron parte de las unidades antiterroristas comandadas por Roberto Conesa, algunos de los cuales fueron separados de este departamento por el actual comisario general de Información, Manuel Ballesteros, en relación con su "mala imagen de cara a la opinión pública", no se ha consumado en hechos concretos, hasta el punto de que el único detenido actualmente por estos policías es el dirigente ultraderechista José Antonio Assiego, al que tuvieron que arrestar tras varios meses de pesquisas policiales para comprobar si estaba en posesión de armamento. Finalmente ha sido acusado precisamente de ese delito.

La brigada, sin embargo, ha realizado diferentes trabajos de información, que se han quedado en meros informes que hoy se acumulan en algunos despachos de la Dirección de la Seguridad del Estado, pero que resultan en la mayoría de los casos incompletos a la hora de tomar decisiones para proceder a la detención de supuestos inculpados.

Actualmente existe cierta preocupación en medios policiales sobre la detención de ultraderechistas acusados de actividades de signo involucionista, a los que, por falta de ley o regulación jurídica de sus actividades, se les aplica la ley Antiterrorista, hecho que no sintoniza a veces con los planteamientos que al respecto tiene sobre el particular la Audiencia Nacional.

Los hombres de Emilio Sánchez, que tienen su centro operativo en un piso de las proximidades de la calle de Diego de León, de Madrid, fueron los que detectaron, previa denuncia de un comisario que días después dio marcha atrás, los preparativos involucionistas del 23-J, que supuso la detención de varios civiles y militares, entre ellos el comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, aunque todos ellos fueron puestos en libertad posteriormente.

La desarticulación de la trama civil del golpe, en la que han estado interesados no sólo los servicios policiales, sino también las principales magistraturas del Estado, ha quedado, sin embargo, en punto muerto (sólo Juan García Carrés está procesado por el 23F). Europa Press informaba ayer, de fuentes vinculadas al Gobierno, que existe la certeza de que la trama civil fue muy reducida.

La mayoría de los componentes de la Brigada Antigolpe son hombres que han mantenido estrechos contactos con el policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, hombre polémico y de dudosa trayectoria, al que meses atrás se trasladó de departamento, quedando desvinculado completamente de las unidades operativas antiterroristas, hoy dirigidas por los comisarios Manuel Ballesteros y Joaquín de Domingo Martorell. Uno de los mandos a las órdenes de Emilio Sánchez es precisamente el comisario Manuel Sandoval, también trasladado forzosamente de la Comisaría General de Información a la Brigada Antigolpe.