Iberduero puede aceptar hoy el acuerdo sobre Lemóniz

El Gobierno central, el Gobierno vasco y la empresa Iberduero podrían llegar hoy al acuerdo definitivo para reanudar las obras de la central nuclear de Lemóniz, paralizadas desde hace un año. La creación de un "ente vasco de la energía", propietario de la futura sociedad de gestión de Lemóniz y de la Sociedad Distribuidora de Gas en la comunidad autónoma, son las principales fórmulas del convenio. La sociedad de gestión, creada y constituida por el Gobierno vasco y financiada por Iberduero sería la encargada de poner en marcha la central, ejerciendo un control público sobre la misma. Como acuerdo complementario se establecería que la distribución del gas en territorio autónomo fuera competencia exclusiva del Gobierno vasco.

Aunque el "ente vasco de la energía" es un organismo considerado por el ejecutivo de Carlos Garaikoetxea de "enorme importancia", el hecho de que su creación deba concretarse mediante ley en el Parlamento, con el consiguiente retraso en el tiempo, ha provocado que la atención de los negociadores se haya centrado en la sociedad de gestión sobre Lemóniz y en la futura Sociedad de Gas (SOGAS).La sociedad de gestión, creada por el Gobierno vasco, que estaría integrada por no menos de seis miembros del mismo, se financiaría por la empresa Iberduero y sería el organismo encargado de reanudar las obras en Lemóniz, paralizadas prácticamente desde hace un año. A tal efecto, la sociedad podrá contratar el personal técnico y auxiliar necesario y se ocupará de la adquisición de materiales, equipos, servicios y suministros. La inversión necesaria para la conclusión de las obras sería asumida por Iberduero.

La distribución del gas natural en territorio autónomo, tanto al sector residencial y comercial como al industrial, se realizaría mediante la sociedad que promueva el Gobierno vasco (SOGAS). Así, ENAGAS podría suscribir con esta sociedad distribuidora el contrato de suministro necesario, de forma que los precios de cesión del gas hagan factible la actividad de la compañía distribuidora, a fin de atender la demanda del mercado.

Además de cursar instrucciones a las empresas públicas del sector para promover inversiones industriales en el País Vasco, la distribución de gas en el territorio autónomo y las inversiones para la puesta en explotación del yacimiento de Bermeo, se dirigirán de forma que se promuevan nuevas actividades industriales mediante el empleo del gas.

Complementariamente se concretarán los convenios necesarios para que la sociedad constituida por el Gobierno vasco pueda tomar parte en la exploración de hidrocarburos en aquellos permisos cuya titularidad ostente el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, el Gobierno vasco promoverá sociedades para el suministro de servicios requeridos por la explotación de yacimientos de gas natural.

A pesar de que los beneficios extraídos directamente de la explotación de la central pertenecen a la empresa propietaria, Iberduero, ésta pagaría a la sociedad gestora del Gobierno vasco alrededor de 800 millones de pesetas anuales en concepto de honorarios. Esta cantidad, junto a otras posibles asignaciones económicas, servirán para financiar el Centro de Ahorro y Desarrollo Energético y Minero (CADEM).

En relación a este tema también se produjeron acuerdos de cooperación entre el organismo vasco y el Centro de Estudios de la Energía en materia de investigación, desarrollo y demostración, en el campo de las energías renovables. También el CADEM suscribirá un convenio de cooperación con el instituto Geológico y Minero de España para proceder a estudios de infraestructura, de localización y evaluación del potencial minero, su aprovechamiento e investigación de aguas subterráneas.

Tras la firma de los acuerdos, el Gobierno de Carlos Garaikoetxea procedería a la constitución inmediata de la sociedad de gestión, que a su vez creará un consejo de administración cuya sede social se ubicará en Lemóniz.

La primera toma de contacto que realice el ejecutivo será acaso una entrevista formal con los técnicos de la central, que la mayoría de ellos no acude a Lemóniz desde que ETA Militar asesinó al ingeniero José María Ryan, el mes de febrero del pasado año, a fin de comunicarles la decisión de reanudar las obras en el plazo más breve posible. Este primer encuentro servirá también para que el Gobierno vasco comunique a los técnicos su deseo de que se incorporen a sus puestos de trabajo en el plazo más breve posible. El primer cargo no político de Lemóniz, el de director ejecutivo de la central, recaerá probablemente sobre el técnico Angel Pascual, uno de los pocos que no había abandonado su puesto de trabajo y que estaba realizando últimamente las tareas del malogrado José María Ryan.