La sociedad bilbaína El Sitio se niega a ser declarada 'inexistente'
Una nota de la alcaldía de Bilbao, haciendo suyo un dictamen de la asesoría jurídica por el que se rechaza la reclamación por parte de la sociedad El Sitio de la devolución de sus locales, expropiados en 1937 en virtud del decreto franquista de "responsabilidades políticas", ha provocado una respuesta de la junta de dicha sociedad en la que, entre otros puntos, se expresa el asombro producido por el hecho de que el alcalde nacionalista Jon Castañares haga suya y dé sin más por buena la decisión adoptada en su día por el Gobierno del general Franco.El dictamen que asume la alcaldía parte, en efecto, de la consideración de que la sociedad El Sitio fue "definitivamente disuelta" en 1937.
El hecho de que la primera autoridad municipal olvide que en la misma fecha y en aplicación a la misma ley fueron también "definitivamente disueltas", entre otras sociedades, el partido al que pertenece el alcalde, Jon Castañares, es uno de los motivos que explican el asombro de los directivos de El Sitio. Tanto más cuando el alcalde no sólo da por buena esa disolución, sino que se permite asegurar que la actual sociedad El Sitio nada tiene que ver con la existente desde fines del siglo XIX hasta 1937. "La recientemente creada sociedad", dice en efecto el dictamen que hace suyo la alcaldía, "no obstante, ni puede ostentar derecho alguno sobre los bienes inmuebles, y, menos aún, sobre los muebles que en su día formaron parte integrante de la primitiva y hoy extinguida sociedad con Igual denominación a la que nos ocupa".
"Acta de continuidad"
Al margen de que, evidentemente, una tal argumentación podría ser utilizada respecto a todas las organizaciones disueltas por el régimen del general Franco incluido el PNV, que sin embargo ha recuperado los balzokis que en su día le fueron incautados, en el caso concreto de El Sitio", se da la circunstancia de que la reanudación de sus actividades en mayo de 1980, se hizo en virtud de un acta de continuidad suscrita por los socios supervivientes en dicha fecha, que son actualmente unos cincuenta. Los estatutos de la sociedad, por otra parte, siguen siendo los que la rigieron desde su fundación.Según la alcaldía, el dictamen por ella encargado "hace unas contundentes consideraciones sobre la legalidad de la compra que el Ayuntamiento hizo al Estado en 1942". Se refiere a la enajenacion de la antigua sede de El Sitio, realizada en dicho año por la Junta de Incautaciones por un importe, por cierto, bastante inferior al que podría considerarse normal.
Las, al parecer fundadas, sospechas de que en realidad el Ayuntamiento no llegó nunca a satisfacer la cifra convenida -lo que convertiría a la operación en una venta simulada o donación encubierta-determinaron que la minoría socialista en la Corporación solicitase una certificación del pago efectivo de las cantidades poactadas (tres anualidades de 200.000 pesetas). Pero aunque tales pagos pudieran probarse, no dejaría de ser dudosa la juridicidad -ya que no legalidad- de una adquisición realizada a quien se convirtió en propietario por la vía expeditiva de la apropiación, en la forma conocida.
