Negociáción de precios para el campo

Iniciada la fase de negociación de precios agrarios para 1982, vuelven a aparecer los argumentos habituales de peligro de inflación, proteccionismo exagerado, agravio con otros sectores de la sociedad española, etcétera.Los sindicatos, con las diferencias lógicas derivadas de su particular tratamiento de la realidad agraria del país, consideran necesaria una subida de precios para 1982 próxima a la tasa de inflación de 1981 o, en algún caso, sensiblemente superior. Y esto requiere una explicación a la sociedad española.

Si los sindicatos agrarios piden un 14,15% y el aumento de producción se estima en un 2,5%, resulta que las rentas nominales subirían un 17,4%, cifra superior a los incrementos previstos en el ANE.

Pero claro es que faltaría añadir que en 1981 las disponibilidades empresariales (suma de las rentas del trabajo no asalariado y los beneficios empresariales) bajaron a 562,7 miles de millones de pesetas, cifra inferior en un 12,7% a la correspondiente de 1980 (644,7 miles de millones). Cosa que no ha sucedido en otros sectores.

Por ello, si se subiesen los precios, el hipotético 17,4% entre los dos años 1981 y 1982, la subida global habría sido del 4,7%, porcentaje inferior al ANE.

La relación Producto Interior Bruto y persona ocupada era, en 1980, de 461,8 miles de pesetas, cifra inferior a la del resto de la economía, que fue del orden de 1.353,8 miles de pesetas, con lo que el trato de favor que reciben los agricultores podría ser puesto en duda rotundamente.

La inflación y la Seguridad Social

Desde otro enfoque, puede decirse que en 1981 la rentabilidad de las actividades agrícolas no superó el 0,5% de los recursos invertidos. En 1980, un año climatológicamente bueno, no se superó el 2,5%. Y sólo la vocación de los agricultores o su falta de alternativas mantienen al sector en explotación. Es más, a finales de 1981 las deudas de¡ sector con bancos e instituciones de crédito oscilaban entre 830-865 miles de millones de pesetas. Y lo preocupante no es la cifra en sí, que ya supone la mitad del valor estimado de la maquinaria, ganado y construcciones, es decir, todo lo que no es el propio valor de la tierra y las plantaciones. Esa cifra supone los beneficios de más de treinta años iguales a 1981 y casi el doble de los ingresos netos de los agricultores.

En síntesis: lo preocupante es saber cómo van a poder atenderse estos créditos agrícolas.

La temida reacción en cadena que desencadenaría la subida de precios agrarios, disparándose las tasas inflacionistas del país, es, teóricamente, posible, aunque habría que matizar que el PIB agrario, a precios corrientes, es en 1980 sólo el 6,9% del P113 nacional.

De todas formas, una serie de datos puede ser significativa:

1. En 1980 los precios de garantía subieron un 12,5%. Sin embargo, los precios realmente percibidos por los agricultores aumentaron realmente un 3,1%.

2. Ese mismo año el subgrupo alimentación del Indice de Precios al Consumo (IPC) subió un 9,1 %. Es decir, si los agricultores sólo percibieron un 3,1%, ¿cuánto subieron los demás subsectores que contribuyen a la transformación de los productos y a las demás fases que constituyen la cesta de la compra?

3. En conjunto, el IPC subió un 15,5%.

Parece claro que en ese año los precios agrarios contribuyeron a frenar el IPC, sacrificio no compartido.

Por otro lado, el déficit de la Seguridad Social Agraria alcanzará probablemente los 420.000 millones de pesetas, lo que puede enfocarse como una transferencia de renta al sector.

Sin embargo, habría que añadir que la pirámide de población en el sector es marcadamente re gresiva, con la mayor parte de sus miembros en los altos tramos de edad, lo que provoca que no se alcance el necesario equilibrio entre la parte del colectivo que trabaja y la parte no activa (pensionistas, jubilados, etcétera). En todo caso, la situación real es que los hijos de los agricultores han abandonado el campo, cotizan a los regímenes no agrarios y han quedado en el sector esos tramos de la población que, en todo sistema de mutualismo deben ser atendidos con los miembros jóvenes del colectivo.

Los sindicatos agrarios son conscientes de que, aun cuando sean justas, no pueden mantenerse reivindicaciones muy altas en materia de precios.

No obstante, es indudable que sólo la política de precios no basta, y por eso lo más importante para los sindicatos agrarios es el destino que vaya a darse a las medidas complementarias y a los programas de actuación, y qué dinero se va a dedicar a ello.. Pues si se pretende que el sector sea competitivo en relación con la CEE, debe reestructurarse y desarrollarse tecnológicamente.