El concurso-oposición no será la única vía de acceso a los cuerpos docentes de la universidad

El tradicional sistema del concurso-oposición como única vía para el ingreso en los cuerpos docentes de las universidades públicas desaparecerá a partir de la entrada en vigor del proyecto de ley orgánica de Autonomía Universitaria, que introduce la fórmula de la habilitación estatal. El acuerdo entre UCD y PSOE sobre el texto de esta ley superó ayer un nuevo escollo, precisamente con ocasión del debate de la comisión de educación sobre los artículos en los que se regula la habilitación para el ingreso en los cuerpos docentes de la Universidad.

Coalición Democrática asumió como propia una enmienda centrista que el representante de este grupo, Antonio Fontán, retiró después de su defensa y tras conocer la oposición radical de los socialistas a la misma. Se repetía así una situación idéntica a la que se produjo cuando se debatía hace unos días el artículo 24, en relación a una enmienda sobre compensaciones económicas a las universidades privadas, aunque en aquella ocasión fue el grupo parlamentario vasco el que asumió la enmienda centrista.Igual que entonces, los socialistas sacaron a relucir la imposibilidad de mantener el pacto con UCD si este grupo sostenía su enmienda y, también como entonces, el diputado centrista Gómez Angulo repitió que el pacto no estaría consumado hasta después de que el pleno del Congreso haya votado la ley, no sin antes reiterar también que un pacto legislativo no puede llegar hasta el extremo de renunciar a la propia ideología.

El apartado cuarto del artículo 51 dice textualmente: "Los concursos de habilitación tendrán como objetivo fundamental la comprobación de las aptitudes científicas y pedagógicas de los candidatos. Consistirán, en la forma en que reglamentariamente se determine, en la exposición de los méritos e historial académico del candidato y en la explicación documentada y defensa de un trabajo de su especialidad realizado al efecto". La enmienda que suscitó todo el debate suponía la introducción de la expresión al menos en el último párrafo de este apartado, expresión en la que el diputado socialista Alfonso Lazo encontraba un "intento de resucitar el sistema de oposiciones.

Antonio Fontán, que había defendido la posibilidad de esta enmienda, renunció, como queda dicho, a someterla a votación y ello a pesar de advertir que los argumentos socialistas no le convencían, y al anunciar el portavoz de Coalición Democrática que su grupo asumía tal enmienda como propia, el socialista Peces-Barba pidió a UCD que se abstuviese cuando fuera sometida a votación, lo que provocó los comentarios irónicos de los portavoces de los restantes grupos, incluido el centrista.

Abstención centrista

Es obvio decir que los diputados centristas se abstuvieron finalmente en la votación de esta enmienda. La única variación notable sobre aquella situación consistió ayer en el tenso debate que mantuvieron Peces-Barba y el portavoz de Coalición Democrática, Díaz Pinés. Este había hecho una "llamada a la responsabilidad" de los dos grupos mayoritarios, porque, si se llegaba a producir una ruptura del pacto, todos los trabajos de la comisión habrían resultado inútiles.

Le respondió Peces-Barba que su grupo estaba soportando toda clase de insidias precisamente por mantener el pacto con UCD y que le constaba que el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, había pedido al presidente del Gobierno la retirada del proyecto. Peces-Barba dio a entender que la posición del representante de Coalición Democrática en realidad significaba el deseo de que el pacto se rompa y la ley sea devuelta al Gobierno.

Tras una intervención del representante del grupo parlamentario vasco, Iñigo Aguirre, para defender la libertad de cualquier grupo a pedir la retirada de la ley, Díaz Pinés ironizó sobre la facilidad que tiene el PSOE para acceder a la correspondencia personal del presidente del Gobierno, a Juzgar por el conocimiento de que había dado muestras Peces-Barba sobre el contenido de una carta.

Habillitación para contratar profesores

La habilitación será la condición indispensable para la contratación de la mayor parte del profesorado de todos los centros universitarios públicos. Solo un 20% de los profesores de los distintos centros y de cada nivel podrá ser contratado sin dicho requisito, según lo que se establece en el apartado cinco del artículo 59, fruto de una enmienda transacional socialista.

En contra de la redacción final de este artículo, sin duda el más conflictivo del título del profesorado y sobre el que gravitan las expectativas de todos los colectivos docentes de la Universidad, votaron las minorías nacionalistas y los grupos de Coalición Democrática y comunista.

Puesto que en un momento anterior de la ley se obliga a las universidades a cubrir el 25% de su plantilla con funcionarios, a juicio del PCE, el 75% restante debería dejarse a la libre contratación por las universidades.