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Desconfianza ante el anuncio de la desaparición del empleo comunitario

Al tiempo que comienzan a conocerse las primeras reacciones al anuncio hecho por el ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda, sobre la desaparición del empleo comunitario en Andalucía y Extremadura, y con las expectativas de las próximas elecciones andaluzas, se hizo pública ayer la condena de Francisco Casero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo. La Audiencia de Sevilla condenó al líder jornalero a un mes y un día de arresto mayor por un delito de manifestación ilegal cometido el 1 de febrero de 1981, cuando Casero encabezaba una manifestación de protesta contra el paro que se dirigía a la localidad sevillana de Osuna.

A pesar de que en aquella ocasión la Guardia Civil solicitó a los manifestantes, que marchaban hacia Osuna por la carretera Sevilla-Málaga, que se disolviesen, éstos marcharon campo a través y se concentraron en la citada población con el propósito de celebrar una asamblea en los locales sindicales. Francisco Casero fue detenido y el juez de instrucción de Osuna le absolvió en primera instancia.No obstante, el ministerio fiscal entendió que era promotor de una manifestación ilegal y presentación recurso de apelación.

La sección tercera de la Audiencia ha admitido el recurso formulado por el fiscal, anulando la sentencia del juez de Osuna y condenando a Francisco Casero, tras advertir que el derecho de reunión y manifestación reconocido en la Constitución española está limitado por la facultad de la autoridad gubernativa para regular su ejercicio. Francisco Casero ha sido condenado también a abonar un multa de 25.000 pesetas, aunque sus abogados han manifestado su intención de apelar contra esta sentencia ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, las fuerzas sindicales, empresariales y políticas, especialmente de izquierda, de Andalucía reaccionaron ayer con des confianza ante el anuncio hecho por el ministro de Trabajo, Santiago Rodríguez Miranda, de una próxima desaparición del actual sistema de empleo comunitario como medio para combatir el paro agrícola en esta región y en Extremadura (véase EL PAÍS, 27 de febrero).

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El Iíder jornalero andaluz, Paco Casero, condenado a un mes y un día de arresto mayor

Viene de la primera página

En realidad, todos los sectores consultados por este periódico adoptaron una actitud expectante frente a las nuevas normas adelantadas por el titular de Trabajo y se limitaron a repetir sus respectivas posiciones sobre el tema. Hasta que mañana no se reuna la comisión interministerial encargada de elaborar el nuevo censo agrario -con participación de representantes de la Junta de Andalucía y los sindicatos- no cabe esperar una toma de postura nítida por cada una de las partes implicadas.

Joaquín Galán, coordinador de la Junta de Andalucía, declaró que esperaba conocer en dicha reunión de manera oficial los proyectos del Gobierno, aunque precisó que el organismo autonómico no aceptaría la implantación de un nuevo sistema, que considera necesario, si no se garantiza a todos los traajadores del campo la protección adecuada en caso de desempleo real. Es de destacar que la Junta firmó con la Administración los pactos que en mayo pasado pusieron fin a la conflictividad rural.

Tanto los sindicatos CC OO, UGT y SOC como los partidos de izquierda insistían ayer en que cualquier cambio que se introduzca en el actual sistema debe llevar consigo la garantía de que ningún trabajador legalmente registrado en el censo agrario quede sin alguna forma de ayuda cuando se encuentre en paro. Fuentes del PSOE de Andalucía matizaron que la intervención de los alcaldes en los fondos del empleo comunitario se limitaba a la presentación de proyectos de obra a realizar en sus municipios, por lo que las acusaciones de despilfarro de fondos por parte de los ayuntamientos carecía de sentido.

Las organizaciones patronales del campo, si bien coinciden en la sustitución del actual sistema, esperan conocer con exactitud en qué medida el Gobierno va a incentivar a los empresarios que creen puestos de trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de febrero de 1982

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