Fuerte oposición a las explotaciones de minas de carbón a cielo abierto en el alto Bierzo

La proliferación de minas de carbón a cielo abierto en la localidad leonesa de Tremor de Arriba, a unos 45 kilómetros de Ponferrada, está provocando la destrucción de numerosos montes comunales y amenazando, en algunos casos, la seguridad de bloques de viviendas situados en la misma ladera de las explotaciones. El riesgo de desprendimiento de piedras de hasta diez toneladas, desde 150 metros de altura, y en una pendiente de 45 grados, arrastradas por la nieve o la lluvia, obligó a las autoridades locales a plantearse, hace ya dos meses, una posible evacuación de dichas viviendas, ocupadas en su mayor parte por inmigrantes portugueses. Las explotaciones mineras a cielo abierto proliferan en todo El Bierzo con el disgusto de las poblaciones que pierden, con ellas, puestos de trabajo, y asisten al destrozo de los montes.

El Ayuntamiento de Igüeña, al que pertenece Tremor, ha congelado la concesión de nuevos permisos de explotación en su área de influencia, mientras estudia la posibilidad de imponer fuertes tasas a las minas con el fin de obligarlas a reparar los destrozos. Para el alcalde, Laudino García, del PCE, "el problema es que están destruyendo el pueblo", sin que el municipio disponga de recursos para paliar el problema. "Nosotros", añade, "Podríamos paralizar ahora mismo todos los desmontes por falta de licencia municipal, pero no queremos hacerlo si después nos obligan a darles la licencia a cambio de nada".Por este motivo, el Ayuntamiento pretende imponer un impuesto especial a las minas, que por primera vez serán incluidas, a efectos legales, en el conjunto de industrias insalubres, nocivas o peligrosas. Además, la concesión de licencias a las explotaciones a cielo abierto quedará condicionada a un depósito previo "de uno o dos millones de pesetas, como mínimo", para garantizar la restauración de los montes.

En parecidos términos se expresa el presidente de la junta vecinal de Tremor, José Cabaleiro, según el cual el pueblo tiene ocupados por las minas en estos momentos cerca de 700.000 metros cuadrados de terreno entre explotaciones subterráneas, fincas particulares y comunales. Los ingresos de la junta por este concepto se han limitado hasta ahora a percibir una media de catorce pesetas por metro cuadrado, "de una sola vez y según las tasaciones del Icona, que, por su parte, se lleva el 15%." El cobro de estas cantidades resulta además problemático para los vecinos: "Primero comienzan a explotar y luego hay que obligarles a pedir los permisos".

Pero el problema más espectacular que han causado las minas a cielo abierto en Tremor ha sido de seguridad pública. A mediados del pasado mes de diciembre se desprendieron de uno de los montes, por causa de las lluvias, "miles de metros cúbicos de piedras y tierra", que llegaron hasta los primeros pisos de dos bloques de viviendas -ochenta en total-situadas a unos 150 metros por debajo de la explotación. El hecho de que el accidente ocurriera de día facilitó la retirada de los materiales y los planes de evacuación de los vecinos, amenazados, además de por el lodo, por una enorme piedra de cerca de diez toneladas que estaba a punto de desprenderse ladera abajo. Paradójicamente, un informe de la Jefatura de Minas de León, dependiente del Ministerio de Industria, había garantizado seis meses antes que, en contra de las advertencias del Ayuntamiento, no existía ningún riesgo para tales viviendas.

Estas, por su parte, se encuentran en una situación no menos irregular que las minas, al haber sido construídas hace veintidós años por la patronal minera con financiación del Instituto nacional de la Vivienda. La crisis de los años setenta provocó el cierre y, posteriormente, el cambio de titularidad de numerosas empresas de la zona, con lo que los bloques quedaron abandonados y declarados en ruina. La reactiva ción del sector en época reciente hizo que los inmigrantes portugueses se asentaron en ellas por el sistema de la "patada en la puerta", habitánidolas para su uso partícular. Todavía hoy se desconoce quién es su propietario legal, y los mineros se limitan a traspasarlas de unos a otros con precios que se aproximan al millón de pesetas, sin ningún tipó de contrato, alegando que ven den exclusivamente los muebles.

Los proyectos, del Ayuntamiento de Igüeña, y de la junta vecinal de Tremor se contemplan con preocupación en me dios empresariales, que temen medidas similares en otros municipios de las cuencas mineras de León, controlados en gran parte por socialistas y comunistas. En principio, los empresarios niegan deber nada a los vecinos y aseguran que sus explotaciones a cielo abierto serán reparadas una vez que dejen de ser rentables y, con secuentemente, se cierren. Sobre la seguridad de las viviendas antes citadas, se insiste en su estado de ruina y en la responsabilidad municipal de dejar que sean habitadas mientras no se aclare su titularidad.

El enfrentamiento entre los ayuntamientos y las empresas tiene, como telón de fondo, según reconocen ambas partes, las dificultades por las que atraviesa el sector de antracitas, integrado mayoritariamente por pequeños y medianos empresarios frente a la gran patronal de la hulla. Este enfrentamiento tiene también otras derivaciones: las minas a cielo abierto restringen la actividad agrícola y ganadera en la zona, de la que dependen los jubilados por enfermedades profesionales de la minería (silicosis) y se ve agravado por un tercer fenómeno: la inmigración de mano de obra desde Portugal, Cabo Verde y Pakistán, entre otras nacionalidades, que frena el poder reivindicativo de la población autóctona, mientras las minas a cielo abierto reducen drásticamente la oferta de puestos de trabajo. "Una máquina excavadora", dicen los vecinos, "hace el trabajo de treinta mineros en una mina subterránea".