Procesamientos de dos periodistas por presuntas injurias

El periodista sevillano Antonio Guerra, ex director de El Socialista, ha sido procesado por el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, por un presunto delito de injurias contra la Guardia Civil, vertidas en un artículo publicado el 22 de marzo de 1977 en el periódico Diario 16, del que era delegado en Andalucía en aquel momento.El magistrado-juez de instrucción ha dictado auto de procesamiento contra el periodista por encontrar en su crónica indicios racionales de criminalidad en relación con el artículo 242 del Código Penal, y por un supuesto delito de injurias. Se decreta, asimismo, su libertad provisional, con obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y de prestar fianza de 25.000 pesetas para asegurar las responsabilidades a que hubiere lugar.

En el auto de procesamiento se recogen algunas de las expresiones presuntamente injuriosas contenidas en el artículo, titulado Hemos vivido en constante persecución.

El Juzgado de Instrucción número 1 de los de Madrid, por« otra parte, ha dictado auto de procesamiento contra el corresponsal de EL PAIS en Granada, Eduardo Castro, por una noticia publicada en este periódico el 15 de marzo de 1981, sobre la destitución de la locutora Elena Espigares como directora en funciones de La Voz de Granada, emisora perteneciente a Radio Cadena Española.

En el auto se decreta la libertad provisional sin fianza del periodista, a quien se acusa de un presunto delito de "injurias por escrito", y se le requiere la cantidad de 500.000 pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle.

Elena Espigares fue destituida como directora de La Voz de Granada, el 14 de marzo pasado, después de varios años de peticiones realizadas por el sindicato provincial de la información, distintas centrales sindicales y parte de los propios trabajadores de la emisora, para que se abriese una investigación oficial sobre su gestión al frente de la misma. Entre otras cosas, Espigares había sido públicamente acusada, en reiteradas ocasiones, de abuso de autoridad, malos tratos de palabra, amenazas y coacciones, proselitismo familiar, numerosas irregularidades de tipo laboral y una sistemática persecución contra determinados profesionales de la emisora granadina.

El auto de procesamiento contra Castro no se basa, sin embargo, en estas afirmaciones, sino en el hecho de que la destitución de la antigua directora no se hizo, oficialmente, como "resultado de un expediente de investigación abierto sobre su gestión económica, laboral y publicitaria", sino "en base a razones de tipo organizativo y de producción, derivadas de la actual reestructuración de la plantilla de Radio Cadena.