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TRIBUNALES

Desalojo de la sala y dos detenidos durante el juicio contra un ganadero en Guadalajara

En un ambiente de tensión se ha celebrado, en la Audiencia Provincial de Guadalajara, el juicio contra Angel Rojo Cuadrado, que en la noche del día 19 de diciembre de 1978 disparó contra varias personas que presuntamente pretendían robar ganado de su propiedad, causando la muerte de una y heridas graves a otra.

El fiscal pidió para el encausado cinco años de prisión menor, y la acusación particular, seis años y seis meses. Y en ambos casos, una fuerte indemnización para los herederos del fallecido, solicitando el abogado defensor, por el contrario, la libre absolución. Varios centenares de agricultores y ganaderos, principalmente de la zona de Uceda, donde reside Angel Rojo, se dieron cita en la Audiencia Provincial y fueron finalmente desalojados de la sala de vistas. En el exterior hubo intentos de cortar el tráfico y policías nacionales con material antidisturbios tuvieron que contener a los más exaltados.

Gritos del público

Nada más comenzar la vista, y al considerar los asistentes que el fiscal atacaba al procesado, comenzaron los gritos de «justicia, justicia», que provocaron el desalojo de la sala. Esto se produjo en medio de una fuerte tensión, al negarse la mayoría, y en los forcejeos fueron detenidas dos personas.Reanudada la sesión, el abogado defensor reconoció en el acusado un delito de homicidio y otro de lesiones, pidiendo su libre absolución, al considerar que había actuado en legítima defensa al enfrentarse a varias personas que habían contestado a su fuego. Para este letrado, la jurisprudencia española reconoce el derecho de las personas a defenderse cuando no pueden hacerlo las fuerzas de orden público.

El fiscal no aceptó que alguien hubiera contestado a los disparos de Angel Rojo, ya que no apareció ningún cartucho distinto a los que él disparó. Reconoció, sin embargo, que fue provocado, sin que ello suponga que nadie pueda tomarse la justicia por su mano. En sus conclusiones definitivas, pidió cinco anos de prisión menor por homicidio y una indemnización para los herederos de la víctima de 1.800.000 pesetas. La acusación privada le acusó de dos delitos de asesinato, uno consumado y otro frustrado, y pidió seis años de prisión menor por el primero y seis meses y, un día por el segundo, elevando la indemnización a 2.500.000 pesetas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de febrero de 1982