'Operación Galaxia' y el caso del general Atarés, los consejos de guerra de mayor trascendencia política

El próximo viernes comenzará a celebrarse, en las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército, situado en el cantón de Cuatro Vientos, el consejo de guerra que juzga el intento de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero del pasado año. La personalidad de los encausados, los altos empleos que ostentan en el escalafón de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la gravedad e importancia de los acontecimientos que tuvieron lugar, y que culminaron con el asalto al Congreso de los Diputados, representación de la soberanía popular, han despertado un interés inusitado por esta causa. En este trabajo se resumen los incidentes más importantes que dieron lugar, durante la transición, a la intervención de la jurisdicción castrense, y las características esenciales de un consejo de guerra.

El juicio a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD) marcó, sin duda alguna, un hito en la historia política española. La opinión pública se vió sorprendida, en julio de 1975, con la noticia de que el capitán general de Madrid había ordenado la detención y el registro domiciliario del comandante -Luis Otero y los capitanes Fermín Ibarra, Restituto Valero, Manuel Fernández Lago, Jesús Martín Consuegra, José Fortes Botizán, Fernando Reinlein y Antonio García Márquez. A pesar de las dificultades informativas, se supo que los detenidos eran integrantes de un grupo de alrededor de doscientos militares opuestos al sistema totalitario, partidarios de las más amplias libertades públicas y defensores de la democracia como esquema de organización política.Este fue el primer consejo de guerra de la transición. Señalado con el número de causa 250/75, se celebró en marzo de 1976, en medio de una inusitada atención de los medios informativos. Los acusados fueron condenados a un total de cuarenta y dos años y medio de cárcel y se beneficiaron de una amnistía decretada por el Gobierno a finales de agosto, pero que no incluye su regreso al Ejército para los que habían perdido por la sentencia la condición de militares.

La transición política determina cambios notables en la situación general del país. Uno de ellos, la autodisolución de la UMD, que ve cumplidos los objetivos que constituían su ideario. Otro, la aparición de posturas contestatarias al sistema de libertades que, mayoritariamente, se habían dado los españoles.

Estas posturas tienen reflejo en la actitud personal de algunos miembros del estamento militar, en incidentes que hacen preciso el funcionamiento de la máquina judicial, en algunos casos, y de las medidas disciplinarias internas, en otros.

Menéndez Vives increpa a Gutiérrez Mellado

Así ocurrió en el caso del capitán de navío Camilo Menéndez Vives, consuegro del dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar, quien, en enero de 1977, protagonizó un incidente con el entonces ministro de Defensa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, en el funeral de tres agentes del orden muertos en un atentado terrorista. Camilo Menéndez, que el 23 de febrero sumaría su adhesión y presencia personales al teniente coronel Tejero, fue expedientado y destituído de su cargo de subdirector de la Escuela de Guerra Naval. Este mismo jefe sufrió un arresto de quince días, motivado por un artículo publicado en el diario El Alcázar, en 1979.

En marzo de 1978, un coronel, dos tenientes coroneles y cuatro capitanes de la guarnición de Ceuta fueron expedientados y sancionados por mostrar a Blas Piñar las dependencias militares de su guarnición, con motivo de una visita política del líder de Fuerza Nueva a aquella ciudad. El propio Piñar llegó a pedir por escrito al Rey que levantara la sanción a los militares implicados, sin que su petición obtuviera respuesta favorable.

Otro incidente que tuvo trascedencia notable en los medios de comunicación fue el protagonizado por el entonces jefe de la III Zona de la Guardia Civil, general Juan Atarés Peña, en el arsenal de Cartagena. El entonces ministro de Defensa, general Gutiérrez Mellado, se reunía con cerca de mil generales, jefes, oficiales y suboficiales de los tres ejércitos, en una sesión informativa; el general Atarés, en un momento del acto, se levantó e increpó a Gutiérrez Mellado. En junio de 1979, el hoy procesado en la causa del 23 de febrero teniente general Miláns del Bosch confirmó la sentencia absolutoria dictada días antes en consejo de guerra.

'Operación Galaxia'

Si la detención de los integrantes de la Unión Militar Democrática causó sensación en la opinión pública, no menos impacto produjo la detección de una operación desestabilizadora, descubierta a finales de 1978 gracias a la actuación de los servicios de información y al testimonio de algunas de las personas convocadas para participar en el compló en el que rehusaron intervenir. La operación Galaxia, organizada por el teniente coronel Antonio Tejero y el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas (aunque nunca llegó a saberse con exactitud, tras estos dos nombres existió una trama civil que apoyó el intento), preveía un asalto al palacio de la Moncloa aprovechando la estancia en el extranjero del Rey, tomar como rehenes al Consejo de Ministros y negociar desde esta posición la instalación de una junta militar. La acción debía realizarse el 17 de noviembre.

Detenidos los implicados, la vista de la causa se celebró el 6 de mayo de 1980. Contra las sentencias mínimas impuestas por el consejo de guerra, el capitán general de la I Región Militar interpuso recurso; el Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó, no obstante, las penas impuestas, de siete meses de prisión para Antonio Tejero y seis meses y un día para Ricardo Sáenz de Ynestrillas. Ambos jefes continuaron perteneciendo, a las Fuerzas Armadas.

El disentimiento de la sentencia del Consejo de Guerra, interpuesto por el capitán general de Madrid, teniente general Maniael Quintana Lacacci, obtuvo la oposición de los defensores y del fiscal.

El fiscal no consideró oportuno apreciar las circunstancias agravantes del delito, que facilitaba el capitán general de la I Región. Por su parte la defensa fue más clara a la hora de oponerse a las pretensiones del teniente general Quintana. Así José María Stampa, defensor del teniente coronel Tejero manifestó que el proceso se desarrollaba en un fuerte clima de inseguridad jurídica y afirmó: "Creemos con el mayor respeto que el capitán general se ha extralimitado en su disenso, porque no hay hechos dubitativos, no existe dualidad de delitos y no hay, en definitiva materias disensibles. Alguien dijo que con el disentimiento del capitán general de la I Región Militar la democracia está de enhorabuena. Creemos que la democracia tiene cosas más importantes en que pensar y no en unos hechos deleznables, en algo que no pasa de ser una majadería, porque sólo fue la expresión de un lógico estado de ánimo."

El caso del 'bolígrafo-pistola'

Otro consejo de guerra que tuvo trascendencia notable fue el celebrado en abril de 1981, en el que fue protagonista principal el teniente coronel de Ingenieros Alejandro Molinero Cámara, procesado por la fabricación de bolígrafos-pistola en una unidad del Ejercito de Tierra. El hecho fue descubierto a principios de 1979, como consecuencia de unas investigaciones policiales que dejaron al descubierto una red de acción de ultraderechistas, en la que se vieron mezclados el dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey Mariano Sánchez Covisa y conocidos integrantes del fascismo italiano.

Sometido a juicio, el teniente coronel Molinero fue condenado a seis años de prisión y separación del servicio.

Después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero se han producido algunos incidentes que obligaron a la intervención de la justicia.

El 23 de junio, por ejemplo, víspera de la onomástica del Rey, la policía aseguró haber abortado una operación desestabilizadora en la que aparecieron implicados