Los afectados por la colza reivindican libre elección de médico y mayor coordinación hospitalaria

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En los escritos citados se hace un relato sobre la desinformación padecida por los enfermos, las dificultades experimentadas en las atenciones sanitarias a los antiguos y los nuevos afectados, la inexistente asistencia educativa, la insuficiente fisioterapia y rehabilitación -falta de medios y de personal y sin prestaciones los sábados y festivos-, los problemas psiquiátricos y psicológicos incre mentados por el miedo y des.aso siego de los enfermos, la burocratización de las atenciones sociales -a pesar del esfuerzo de las asistentes sociales- y el secreto total sobre las investigaciones policiales en torno a los responsables del desencadenamiento de la enfermedad.

Entre las peticiones concretas que se formulan a la Administración, figuran las siguientes: conocer de forma radical el medio de propagación del denominado síndrome tóxico, y conocer asimismo de modo riguroso la forma y características de la investigación científica; dejar sin efecto la obligatoriedad de que los afectados sean asistidos por la Seguridad Social, siempre que la elección de médico no lleve consigo pérdida de ningún beneficio; imponer normas de atención por igual a todos los enfermos en los distintos centros, a fin de que desaparezcan determinadas actuaciones unilaterales, que califican de "nocivas y personalistas".

Solicitan también que a los nuevos enfermos se les realice un estudio clínico completo y urgente. Por otra parte, el escrito solicita que se arbitre la llegada de las ayudas económicas y sociales a los afectados y que se hagan públicas las responsabilidades administrativas, con nombres y apellidos, así como los resultados de la investigación policial.

El escrito está respaldado por los miembros de la asociación inicialmente denominada Hispania y que actualmente nutre a las coordinadoras de afectados -en total, polariza a los afectados por el síndrome tóxico de unos veinticinco pueblos- y por los representantes de las asociaciones de afectados de otros diez pueblos. Según los portavoces del centro coordinador de Madrid, quedan exceptuados de sus planteamientos -aunque se mantienen los lazos de solidaridad con los afectados- los miembros de la Asociación de Consumidores y Usuarios de España (ACUDE) y de la Organizacion de Consumidores y Usuarios (OCU).

La Administración asegura que cumple sus compromisos

Después de los numerosos encierros de afectados por el síndrome toxico que se empezaron a realizar a primeras horas de la noche del viernes en las iglesias de Madrid y de los pueblos de los alrededores, dos representantes del Ministerio de Sanidad que trabajan en el Programa Nacional de Atención y Seguimiento del síndrome trataron de convencer a los informadores durante una conferencia de Prensa, convocada inesperadamente en la tarde de ayer, que las reivindicaciones de los afectados estaban siendo cumplidas por la Administración.

Santiago Molina, jefe de la oficina de coordinación del citado programa, y la doctora Carmen Guerra, intentaron salir al paso de las reivindicaciones expuestas por los afectados, aunque expresaron que sobre algunas de estas cuestiones no podían responder ya que "algunas de las demandas no son competencia del programa".

Los dos representantes del Ministerio de Sanidad admitieron que existe una carencia de fisioterapeutas y gimnasios de rehabilitación para los afectados de Madrid y expresaron que en un plazo breve de tiempo sería abierto un complejo de este tipo en Alcorcón. Asimismo aseguraron que, aunque no es competencia suya, tienen constancia de que existe auténtico interés por una investigación seria de la enfermedad.

Sobre la cuestión de las prestaciones y ayudas a los afectados, los dos representantes de la Administración indicaron que hasta ahora ascendía a más de ochocientos millones de pesetas el total de ayudas concedidas y precisaron que hasta el 10 de febrero se concedieron 7.591 expedientes de ayuda. De todos estos expedientes, 272 lo fueron por fallecimientos, 5.096 por gastos de farmacia, 1.411 por incapacidad laboral transitoria y los restantes por otros conceptos. Asimismo, hasta esa fecha la oficina de coordinación del programa tramitó un total de 10.240 expedientes.

La dirección para el control sin capacidad ejecutiva

El presupuesto de las ayudas se ha repartido de la siguiente manera: 504. 669.418 pesetas por fallecimientos, 144.729.371 pesetas para ayuda de farmacia, 180.383.813 pesetas por incapacidad laboral transitoria y el resto en otros gastos.

El bloque de reivindicaciones de los afectados por el síndrome tóxico, en el que apoyan su actitud de encierro en iglesias madrileñas, hace que resalte la necesidad de creación de una dirección única en el control administrativo del envenenamiento masivo, por un lado, y, por otro, apunta hacia una espiral sin fin en algunos aspectos, como es el del aborto.

La creación de dicha dirección única será un hecho dentro de pocos días, como ya informó este diario. Sin embargo, el problema no quedará resuelto si no se la dota de la suficiente capacidad ejecutiva. En este sentido, fuentes sanitarias de alto nivel indicaron ayer a EL PAIS, que no podrá haber más agilización de trámites para las presticiones y ayudas económico-sociales en tanto los conductos legales se mantengan (disposiciones sobre incapacidad laboral transitoria, intervención de Hacienda, diagnóstico médico de los afectados, etcétera).

"Aunque esa dirección única fuese directamente encomendada a un ministro, el problema seguiría siendo el mismo si no se la dota de capacidad para, excepcionalmente, adoptar medidas especiales", se indicó en este sentido. En cuanto a los problemas asistenciales sanltarios planteados, dos de ellos presentan para su solución cuestiones que escapan a la posibilidad de actuación de la Administración sanitaria en el momento actual y, según se entiende, en este ámbito gubernamental. En concreto, el tema de la elección del tipo de medicina por parte de los afectados "puede originar problemas deontológicos que habría que tratar con los Colegios oficiales de médicos, pues en esa dinámica de elección podría llegarse a exigir la asistencia de curanderos o de seudomedicinas no adniitidas como ortodoxas por la profesión médica".

Otro problema de gran alcance es el de la petición de aborto a costa de la Seguridad Social para las afectadas que lo deseen. "Es este un tema en el que Sanidad no puede ni siquiera entrar, por cuanto la cuestión del aborto todavía ha de ser debatida en el Parlamento". El Congreso de los Diputados proyectaba abordar este problema la próxima semana, con motivo de una proposición presentada por el PCE, pero este partido ha juzgado más prudente solicitar un aplazamiento del tema ante la seguridad de que no hubiera tenido éxito.