La colza y el Parlamento

EL PLENO de la colza, celebrado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, se sacó de encima este asunto, que en otras sociedades democráticas hubiera bastado para derribar al Gobierno, con algunas medidas para indemnizar y proteger a las víctimas de la intoxicación, inexcusable deber presentado bajo aires de magnánima beneficencia, y con la decisión de crear una Comisión parlamentaria destinada, entre otras cosas, a investigar las responsabilidades de la Administración en esta hecatombe civil.La formación de ese comité mixto de encuesta, integrado por veinticinco diputados y senadores, fue atribuída a una iniciativa del Ejecutivo, pese a que el artículo 76 de la Constitución concede a ambas Cámaras la potestad de "nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público". Si bien las conclusiones de estas encuestas no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, el resultado de sus trabajos puede ser comunicado al ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. De otro lado, la comparecencia ante esa Comisión de los cargos públicos, de los funcionarios y de los simples ciudadanos es obligatoria, como corresponde a la superioridad de las Cortes Generales como representante del pueblo español y poder encargado de controlar la acción del Gobierno. Como en tantas otras ocasiones, sin embargo, la teórica relación de subordinación y dependencia del Ejecutivo respecto al Legislativo se invierte en la práctica, gracias a la eficaz mediación de un grupo parlamentario que debe sus escaños a las listas bloqueadas y cerradas. confeccionadas en su día desde arriba, y las Cámaras, lejos de vigilar y exigir cuentas al equipo gubernamental, tienden a neutralizar o dar carpetazo a las denuncias sobre irregularidades, neglicencias y omisiones procedentes del banco azul

En este sentido, las informaciones en torno a los trabajos de la Comisión Mixta,(véase EL PAÍS 10-2-1982) no hacen sino poner de relieve su deficiente funcionamiento. La lentitud burocrática de los trámites dentro de las Cámaras, la falta de infraestructura material para sus tareas y la escasez de personal auxiliar, son males que tal vez pudieran remediarse dentro del ámbito de las Cortes Generales, con el criterio de asignar parte de los fondos hoy entregados a los grupos parlamentarios, y que estos administran a su aire, a los gastos generales de la actividad suprapartidista de diputados y senadores. De otro lado, la inasistencia o el poco entusiasmo mostrado por una parte de los miembros de la Comisión exigiría una severa intervención de los responsables de cada grupo en el Congreso o en el Senado, ya que la función de representación popular de estos mandatarios y los honorarios que perciben por su ejercicio les obligan a cumplir con sus deberes tanto o más que al resto de los ciudadanos.

Mucho más preocupante y significativo resulta, empero, el eventual boicoteo de la Administración para poner al servicio de la comisión investigadora las informaciones oficiales, los dictámenes de los expertos, y los testimonios de los funcionarios y cargos públicos. La minicrisis ministerial del pasado diciembre expulsó del Gobierno al ministro de Sanidad, que desempeñó el papel de chivo expiatorio de las responsabilidades colectivas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el cese de Sancho Rof no puede servir para pasar la esponja sobre las eventuales responsabilidades del Ministerio de Comercio en este asunto, aunque el titular de ese departamento fuera elevado hace tres meses a la Vicepresidencia del Gobierno. Sería lamentable que el ritmo lento de la Comisión Mixta parlamentaria se debiera, entre otras razones, a la voluntad del Gobierno de dar carpetazo a los asuntos incómodos que ponen en peligro su prestigio y arrojan dudas sobre su eficacia y competencia. Porque, aunque los ministros lo hayan olvidado, de la memoria de la sociedad española no han desaparecido todavía los dos centenares largos de personas fallecidas no sólo por culpa de unos desaprensivos comerciantes, sino también por las negligencias y los fallos de una Administración Pública a la que los ciudadanos sufragan con sus impuestos pero que se muestra incapaz de proteger su salud y sus vidas.