La universidad como servicio publico

Uno de los temas de conflicto en la ley de Autonomía Universitaria, que actualmente se debate en comisión, es la confrontación entre universidad pública y universidades privadas. Para el autor del artículo, llamar universidad pública a lo que en realidad es universidad del Estadosupone ocultar el carácter clasista de ésta. Seguidamente, Francisco Alburquerque expone las condiciones que, a su juicio, debía reunir una verdadera universidad para todo.

A mí me parece claro que, en los términos actuales del debate sobre la universidad, tal como éste se efectúa -y se hurta- desde el poder, no se están contraponiendo esencialmente la universidad privada y la universidad pública, ya que, en los términos de dicho debate, repito, lo que se supone que se enfrenta es más bien la universidad privada y la universidad del Estado. Y digo que se supone. porque aquélla -la universidad privada de la Iglesia- viene funcionando ya, desde hace tiempo, al servicio del proyecto del Estado.Y como es sabido, este servicio al Estado -ya sea capitalista o socialista real-, siendo por definición un servicio público, no lo es tal en la realidad, en el sentido de que se efectúe, efectivamente, en beneficio de todo el público, sino que se realiza, al fin y al cabo, para garantizar la reproducción de las relaciones de poder científico, tecnológico, político, ideológico, etcétera, de las clases hegemónicas en la sociedad.

O sea, que la universidad del Estado es realmente una universidad privada, esto es, para beneficio de un grupo de clases sociales privilegiadas. que priva así de su uso a toda la sociedad y, básicamente, a las clases campesinas, obreras y populares en general.

La universidad pública sería -por el contrario a la universidad del Estado- la universidad de-y -para -todos, y sólo podría ser así si se cumplen algunos de los requisitos siguientes imprescindibles:

1. Disolución de su actual configuración burocratizada, que responde más a un proyecto de Estado que a la atención de las necesidades de potenciación de las capacidades intelectivas y de aprendizaje de todos, y que imposibilita así el acceso a la oferta abierta de conocimientos y aprendizaje, derecho este que ha dejado de ser público, es decir, de y para todos los públicos.

2. Eliminación, pues, de los títulos o currículo cerrados en función de la demanda de fuerza de trabajo que efectúa el sistema económico. Un servicio verdaderamente público de aprendizaje intelectivo no debería estar tan condicionado por aquel sistema y debería disponer de un absoluto margen de libertad para que aquel que lo desee utilizar lo haga con completa libertad a la hora de rellenar su respectivo currículo.

3. Necesariamente con ello, eliminación de la forma convencional de educación científica, basada en libros de texto que ya incluyen lo que hay-que-saber, e incluso los problemas resueltos que los estudiantes deben repetir incansablemente y que no estimulan, en absoluto, una evaluación por parte del estudiante ni les capacita para una discusión abierta en el debate intelectual y la indagación científica, sino que simplemente les predispone mentalmente para la solución de determinados tipos de problemas, de los que se supone deben ocuparse luego en el ejercicio activo de su papel de técnicos o políticos desde su parcela de poder, para lo que le faculta el título correspondiente.

4. Absoluta gratuidad de dicho servicio público, que debería ser sufragado por los presupuestos generales del erario público, dándole total prioridad sobre las partidas encaminadas a posibilitar los gastos militares.

Es así que, efectivamente, entre una universidad privada y una universidad pública, la elección no ofrecería nínguna duda en favor de esta última. Mientras que la presunta oposición entre universidad privada y universidad del Estado ofrecería -y exigiría- mayores valoraciones y críticas que, sin embargo, uno no ve aparecer en escena por parte de la oposición al poder (¿existe realmente tal cosa desde el espacio parlamentario?).

Es posible que si la izquierda se lo pensara un poco más no fuera quizá descabellado alentar, en esta coyuntura, la creación de una universidad propia (y sólo podría ser privada) para ofrecerla cc,mp un servicio público a travi:s del debate abierto a este y a tantos; otros temas y discusiones pendientes.

¿O es que acaso en la universidad del Estado, y con la herencia de los catedráticos y profesores numerarios del franquisimo, se va a lograr forzar en el futuro un debate intelectual abierto y reconvertir la universidad en un auténtico servicio para-todo-el-público?

Desde luego nada de todo esto es contemplado por mi como algo que esté entre lo inmediatamente posible. Pero ¿acaso estarenios más cerca de ello -y, consiguientemente, de una sociedad más libre y menos intolerante- en el futuro si omitimos su planteamiento, ya? Mi convencimiento de que no será así me lleva a indicar todo lo que quedará pendiente después de que esa imprescindible (?) LAU deje todo casi como estaba, es decir, mantenga absolutamente intacta la concepción y la vigencia de la universidad burocrática, jerarquizada y autoritaria.

es profesor no numerario de la Universidad Complutense de Madrid desde 1970. Fue delegado estudiantil del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid (SDEUIW) a fínales de los años sesenta y representante de la Coordinadora General cle PNN de las Universidades del Estado Español hasta la liquidación de ésta.