La familia Lipperheide pagó un rescate de 120 millones de pesetas por la liberación del industrial

Un mes después de su secuestro y, no por casualidad, en la fecha de¡ primer aniversario del asesinato del ingeniero Ryan, ETAm ha puesto en libertad al industrial José Lipperheide. Ha logrado dos objetivos: un rescate, negociado directamente por la familia después de que fracasasen las gestiones realizadas por el PNV, que casi con toda seguridad se cifra en 120 millones de pesetas, y, al mismo tiempo, amedrentar a los empresarios vascos que, animados por las campañas lanza das por el PNV y el Gobierno vasco, se habían negado en los últimos . meses a pagar el denominado impuesto revolucionario.

Cuando el 5 de enero pasado era secuestrado José Lipperheide sonaban aún nítidos los ecos de las contundentes proclamas del Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno de Euskad' contra este tipo de extorsión. Ante esta ofensiva, que amenazaba con engrosar, aún más si cabe, el número de empresarios que se negaban a pagar el impuesto revolucionario (Lipperheide entre ellos), ETAm parece que precipitó un plan de secuestro de un del miembro cualificado, aunque no el más acaudalado (en este extremo les falló la información) de la familia de industriales y financieros que todavía habitan el barrio residencial de Neguri. La incertidumbre era grande en los primeros momentos y las dudas sobre los objetivos de ETA persistieron hasta la segunda semana del secuestro.Estaba claro en los primeros días que ETAm pretendía dar un escarmiento al empresariado que se niega a pagar el impuesto revolucionario, pero se dudaba si, para lograr ese efecto, iba a matar a su rehén. Se temía también en los primeros días que ETA relacionara al secuestrado con la problemática de Lemóniz, por cuanto el sobrino de José Lipperheide, Federico, es vicepresidente del Banco de Vizcaya, una de las entidades más influyentes en la empresa Iberduero.

Sólo personas que conocen el efecto tan negativo que para la imagen de ETAm supuso el asesinato de Ryan -aún no suficientemente digerido en sectores de Herri Batasuna- y lo que en este sentido supondría quitar la vida a un anciano de 76 años, sin filiación política, consideraban que José Lipperheide podría ser liberado a cambio de dinero. Una partida de millones necesarios para tapar agujeros en las finanzas no muy boyantes de ETAm.

El propio Gobierno vasco creyó desde el primer momento que José Lipperheide iba a ser asesinado. Se le planteaba así una delicada papeleta, por cuanto que en aquellas fechas se encontraban pendientes inversiones de miles de millones en Euskadi, que podrían evaporarse si Lipperheide moría. Había incluso estudios referentes a algunas de esas inversiones, condicionando las mismas a la estabilidad política y a la ausencia de asesinatos y de coacción al empresariado en el País Vasco.

El Gobierno vasco investiga

Este extremo, amén de otros sentimientos de tipo humanitario, llevaron al Gobierno vasco, en conexión con dirigentes del PNV, a realizar -aunque no de forma oficial- las primeras gestiones destinadas a conocer las exigencias de los secuestradores. Fue el propio consejero de Interior, Luis María de Retolaza, quien pidió a la familia de José Lipperheide, desconcertada y sin saber cómo afrontar el problema, que se le dejara el protagonismo en dichas gestiones.

Mientras tanto, y pese a las primeras críticas recibidas por la vaguedad de sus condenas, el Gobierno vasco evitó en los días siguientes al secuestro cualquier tipo de declaración contundente o convocatoria de movilización popular contra el secuestro que pudieran provocar la ira de ETAm, y quizá la muerte de José Lipperheide.

Las primeras gestiones realizadas en el País Vasco francés por personas vinculadas al PNV resultaron prácticamente un fracaso, porque ETAm parece que se negó a dialogar con estos interlocutores. Sin embargo, los mismos habrían detectado que las exigencias de los secuestradores iban a ser exclusivamente económicas y que, en principio, no parecía existir el deseo de matar al industrial.

Este extremo movió al Gobierno vasco a desengancharse totalmente del asunto y, entonces sí, hacer público el día 12 de enero un duro comunicado en el que, tras pedir al pueblo vasco "que no ceda a la intimidación y al chantaje", advertía a los secuestradores de que, si no respetaban la integridad física de José Lipperheide "arrojarían a la inmensa mayoría del pueblo vasco un reto al que las fuerzas políticas y. sociales del país, y su Gobierno al frente, responderían con la mayor rotundidad".

En menos de 24 horas los móviles económicos. del secuestro eran contundentemente confirmados por la propia ETAm en un comunicado en el que se indicaba que José Lipperheide estaba bien y en el que no se mencionaban posibles contrapartidas de carácter político y sí, por contra, se insistía mucho en la solvencia económica de la familia Lipperhelde.

Se alejaban así los temores a la exigencia de contrapartidas maximalistas, inalcanzables en el terreno práctico, -que, como en el caso de Ryan, habrían significado, de hecho, un acta de defunción anticipada. Un temor asaltó sin embargo a las fuerzas políticas y a la propia familia Lipperheide mediado el secuestro: el efecto que sobre el mismo podría tener la ofensiva lanzada desde la izquierda abertzale radical para denunciar la situación de los presos vascos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Ese temor se difuminó cuando, a dos semanas del secuestro, la familia, tras unas primeras gestiones titubeantes, lograba -a través de intermediarios sólidos-, establecer contacto directamente con ETAm e inicialIr una larga, dura y laboriosa negociación.

Paralelamente a las gestiones que durante la primera semana llevó a cabo el Gobierno vasco, la familía de José Lipperheide, superado el desconcierto inicial y asesorada por diferentes personas, tomó el protagonismo de la negociación. Inició así los primeros contactos indirectos, realizados a ítulo personal por un sacerdote y un amigo de ideología abertzale. Averiguaron así que José Lipperheide estaba vivo y que pronto tendrían noticias sobre las condiciones para su liberación.

Casi cada día, en las dos última semanas, uno u otro intermediario por parte de la familia se habrían reunido en dos pisos, situados en el centro de Bilbao, con los miembros más representativos de aquélla (entre ellos Federico Lipperheide y su hijo, del mismo nombre) para estudiar las exigencias de ETAm. La petición inicial parece que se situó en 800 millones de pesetas, una cifra que fue considerada como "inalcanzable" por la familia Lipperheide, que creyó ver en ella una exigencia maximalista que podría encerrar el deseo de ETA de quitar la vida al secuestrado.

Más datos que a Hacienda

La familia había. ya preparado para entonces un exhaustivo estado de cuentas de los negocios y bienes de José Lipperheide para demostrar que la liquidez era esca sa y la situación económica poco boyante. ETAm, que en principio se mostraba inflexible en el precio porque no se creía las informacio nes que a este respecto se habían publicado, parece que inició, a la vista de este estado de cuentas, sucesivas rebajas. Un miembro de la familia Lipperheide comentó a EL PAIS "que se habían tenido que presentar más datos y cuentas que los requeridos a la propia Hacienda".