Escasos puntos de acuerdo para la reforma de la Seguridad Social

Después de que las partes entregaron el miércoles, por escrito, sus propuestas para la reforma de la Seguridad Social, la secretaría de la comisión Gobierno-CEOE-sindicatos trató ayer de encontrar los puntos de posible acuerdo. El común denominador, bastante limitado, será hoy sometido a la comisión, surgida del Acuerdo Nacional sobre Empleo, para que lo ratifique antes del domingo y pueda servir de orientación al Gobierno en la racionalización y mejora del sistema.La Administración y la CEOE mantuvieron en la reunión del miércoles sus respectivas propuestas, publicadas el pasado 10 de diciembre y en 1980. Los sindicatos han presentado los documentos aprobados por sus ejecutivas el martes. Como CC OO y UGT se oponen a medidas que puedan suponer reprivatización o contrarreforma, los temas de coincidencia entre las cuatro partes, según las impresiones recogidas ayer, se limitan, fundamentalmente, a mejorar la recaudación, tender a cumplir el mandato constitucional de extender unas prestaciones mínimas a todos los españoles, agilizar el reconocimiento y cobro de pensiones, luchar decididamente contra el fraude y aproximarse al sistema medio europeo, sobre todo para descargar a las empresas de costes laborales.

Pese a la aproximación general existente, este último punto es uno de los más polémicos. Mientras que la CEOE acentúa la necesidad de reducir las aportaciones empresariales y avanzar en la presencia privada dentro de la gestión, el Gobierno condiciona la primera aspiración a que aumente la presión fiscal por el IVA y otros impuestos, y los sindicatos resaltan que los sistemas europeos son muy superiores en volumen (24% de media del producto interior bruto, frente a menos del 17% en España), por lo que no admiten recortes.

En una conferencia de Prensa organizada ayer por UGT para presentar su propuesta, contenida en un centenar de folios, el secretario general del sindicato socialista, Nicolás Redondo, insistió en la propuesta de crear una comisión de expertos, por entender que la reforma merece un debate público (en algunos países europeos ha durado años). A juicio de UGT, la CEOE y la Administración, que prefiere atender a los bancos y compañías de seguros en detrimento de millones de personas, intentan degradar el sistema para tener más argumentos de privativos. Por su parte, CC OO propugna un sistema público y amplio, que contemple tanto las prestaciones técnicas y económicas como la acción social y sanitaria que realizan Estado, diputaciones y municipios, a la vez que se universalice (incluya a todos los trabajadores) y mantenga el carácter contributivo profesional y proporcional.