UCD y PSOE han pactado el orden del día del Congreso para evitar efectos desestabilizadores sobre el juicio del 23-F

El nuevo período de sesiones del Congreso, que tiene señalado su comienzo con el pleno del día 9 de febrero, está al abrigo de toda sorpresa desestabilizadora, por lo menos hasta que concluya la vista del proceso a los implicados en el 23-F a finales de abril. La campaña electoral andaluza polarizará la atención pública inmediatamente después, hasta el 23 de mayo. Se calcula que los Mundiales de Fútbol cumplirán un efecto de anestesia suficiente para hacer olvidar los resultados adversos a UCD, anticipados por los sondeos más recientes y fiables.

De los 168 diputados obtenidos por UCD en las elecciones de 1979 se han ido desprendiendo, desde el gesto precursor del ex ministro Manuel Clavero Arévalo, hasta dieciséis diputados, uno a uno, salvo los diez que abandera Francisco Fernández Ordóñez, que ahora intentan conseguir su propio grupo parlamentario. La lista de desertores, que terminaba con Francisco Soler Valero, diputado por Almería, y Carlos Gila, diputado por Segovia, tiene visos de ampliarse próximamente con los nombres de Ricardo de la Cierva, diputado por Murcia; Francisco Olivencia, diputado por Ceuta, y José Luis Meilán, diputado por La Coruña. Estas previsiones dejarían el número de diputados de UCD en 149.Frente a las angustias que el cómputo de diputados suscitaba en otros tiempos, ahora, según reconocía un ministro del Gobierno, se cuenta con un amplio acuerdo sobre el orden del día del Congreso, en el que socialistas y centristas están de acuerdo para que sólo tengan entrada los proyectos de ley como la de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y la orgánica del Poder Judicial, previamente consensuadas.

En el análisis de los problemas internos de UCD, los responsables del grupo parlamentario que preside el ministro adjunto Jaime Lamo de Espinosa ven un origen local ajeno a la dinámica del Congreso. Son problemas personales: de Soler Valero con el gobernador civil de Almería, de Gila por el expediente disciplinario incoado a raíz de sus declaraciones sobre la autonomía uniprovincial de Segovia, de Meilán Gil a consecuencia de la derrota electoral gallega y su destitución de la presidencia del Banco de Crédito Agrícola, y así sucesivamente.

Algún suarista eminente declaraba a EL PAÍS que después de la operación de desembarco de Leopoldo Calvo Sotelo en la presidencia de UCD persisten, como se ve, los mismos problemas. Según se avanza hacia el fin de la legislatura, los diputados que han perdido implantación en sus circunscripciones reflejan un nerviosismo creciente nacido de sus temores cara a la reelección.

Desde este punto de vista, los problemas de UCD no están en el partido, sino en el grupo parlamentario, y su desencadenamiento hay que ponerlo en relación con el momento en que Miguel Herrero de Miñón asumió su presidencia. En esta situación, UCD parece condenada a perder el voto útil que nucleó en favor de sus listas en 1977 y en 1979 y que ahora se fugará hacia las filas de Fraga.

Se quiere llegar al juicio del 23-F con la LOAPA aprobada por el Congreso, y en UCD parece abrirse paso la idea de no incorporar más enmiendas al texto actual que las aceptables simultáneamente por Coalición Democrática y los socialistas.

Los sondeos más fiables de que dispone el propio Gobierno arrojan unas previsiones muy desfavorables para UCD en Andalucía. La intención de voto detectada atribuye al PSOE el 51% de los sufragios; al Partido socialista de Andalucía (PSA), más del 10%; a la UCD, el 7,8%; a Coalición Democrática, el 7,7% y al partido comunista, el 6%. El partido de Unidad Andaluza, que lidera el discrepante centrista Manuel Clavero, no aparece registrado en pantalla. Otra encuesta sobre el conocimiento y aceptación de los líderes nacionales en Andalucía señala más de un 30% para el socialista Felipe González, cerca de un 13% para el aliancista Manuel Fraga y un 4% para Leopoldo Calvo Sotelo.

Desde la ejecutiva del partido socialista se ha detectado una amplia movilización electoral en toda la región andaluza por parte de la patronal CEOE, que, según sus estimaciones, ya desempeñó un papel decisorio en la confrontación gallega del pasado 20 de octubre. A más largo plazo, los socialistas se interrogan sobre la forma en que la banca jugará su dinero en las nuevas elecciones generales. El resultado se juzga muy diferente si optase por criterios profesionales y de gestión directa, frente a la posibilidad de que prefiera entregar sus fondos a la CEOE para su distribución.

En las filas del Partido de Acción Democrática, que lidera Francisco Fernández Ordóñez, no se descarta todavía un acuerdo de última hora capaz de hacer posible su constitución como grupo parlamentario al amparo de alguna disposición transitoria que pudiera añadirse al texto del nuevo reglamento del Congreso, que estudiará el pleno del 9 de febrero. Hay un sentimiento de discriminación por las trabas centristas a este intento, que ellos juzgan en abierto contraste con la naturalidad con que encajan el pase de diputados desde el centrismo a Coalición Democrática

Los hombres de Acción Democrática juzgan severamente la instalación de UCD en el estilo elitista de hombres como Calvo Sotelo o Antonio Garrigues, que consideran con escasas posibilidades electorales. Hay demasiadas esperanzas puestas por el sector oficial en el deterioro de Mitterrand, según sus estimaciones.

En cuanto a la fecha de la convocatoria electoral, las palabras del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en Abc confirman una vez más su intención de agotar al máximo el plazo disponible. En sentido coincidente se pronunció ayer también el secretario general del PSOE, Felipe González. La decisión queda para septiembre.