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Decisiones salomónicas de Hacienda

Las decisiones salomónicas, cuando surgen con el supuesto propósito de contentar a todos, pierden su significado y evidencian, por el contrario, una absoluta falta de criterio en lo que respecta al responsable de tal decisión. Cuando esta carencia corresponde a los altos estamentos del Estado, cuando versa sobre temas tan trascendentales para el país como la informática y la electrónica, y cuando, además, aparece como un paso adicional de una política incoherente o, más aún, inexistente en estos campos, el panorama resulta desalentador.Intereses en juego

Pues mientras los países industrializados del mundo occidental hace tiempo que comprendieron la importancia del desarrollo tecnológico, en especial en las áreas energética, electrónica e informática, e hicieron sus correspondientes planteamientos sobre el tema, en España continuamos sumergidos en la grandilocuencia de las palabras o en el limbo de la ignorancia, tratando de resolver el problema por autoeliminación, o bien esperando el milagro de su resolución por obra y gracia de algún hada caritativa.

¿Hasta cuándo estas actuaciones salomónicas? En el referido artículo se dice que, de acuerdo con las declaraciones del Ministerio de Hacienda, esta decisión ha sido adoptada para "satisfacer a la mayor parte de los intereses en juego". ¿Es realmente posible el logro de este múltiple objetivo? ¿De quién y cuáles son los intereses que menciona Hacienda? En informática es difícil conseguir soluciones que satisfagan a todos, porque al final siempre unos equipos tienen que someterse o acomodarse a las características de los otros. Teniendo en cuenta que, según parece desprenderse de las manifestaciones de Hacienda, recaería sobre IBM el peso de los grandes ordenadores, mientras que sobre Secoinsa el de los terminales, no es lógico pensar que sean los pequeños terminales los que impongan sus características a los grandes ordenadores. Por otro lado, ¿quién va a suministrar el soporte lógico y el esfuerzo de programación necesarios para hacer funcionar estos equipos en la aplicación que se está pensando, el proveedor de ordenadores o el de terminales? En definitiva, ¿quién va a disponer del control último sobre el funcionamiento de este importante ejercicio público? Porque, aun reconociendo que la industria nacional no está en condiciones de fabricar grandes ordenadores por sí sola, pensamos que existe una gran diferencia entre la realización de un proyecto conjunto con una casa extranjera que complemente esta carencia y la simple importación, llave en mano, de sistemas convencionales ya existentes.

La respuesta a todas estas preguntas nos llevaría irremediablemente al hecho de que la decisión salomónica de Hacienda, si llega a confirmarse, cedería el niño bíblico a la multinacional, y sólo dejaría para la industria nacional el cuidado de los pañales.

¿Es esta resolución aceptable, indiferente o desafortunada para el país? ¿Se ha hecho un análisis detenido sobre el papel de furcia malandrina que en esta adaptación salomónica se le quiere adjudicar a la industria informática nacional? Si es así, ¿por qué la decisión de Hacienda no corresponde a las recomendaciones de la comisión interministerial que estudió y juzgó este concurso?

Procedimientos arbitrarios

Una de las razones que se indican como causantes de dicha decisión apunta hacia el informe del director del centro de proceso de datos de dicho Ministerio, quien ha señalado que no se puede comprometer a garantizar la gestión correcta de los impuestos si se concede el concurso al grupo Secoinsa-Univac. Aparte de la gravedad e incidencia de este juicio sobre el desprestigio público de las empresas a las que afecta, desde un punto de vista técnico esa afirmación resulta cuando menos sorprendente. Ya que las diferentes características materiales, que las hay, de los equipos de uno u otro suministrador no pueden ser en ningún caso motivo de afirmaciones tan graves.

Tampoco las características lógicas y operativas, a no ser que dudemos de la competencia de ese centro de proceso de datos, en cuyo caso probablemente seria más lógico aconsejar un cambio en su dirección, que no una inversión de la recomendación interministerial. Sin embargo, si la razón última de tales declaraciones estribara en prisas de última hora, en la conveniencia improvisada de poner en marcha el servicio a ritmo acelerado, y en la posible dificultad de cumplir plazos perentorios por parte de alguna de las firmas, no tendríamos más remedio que volver a pensar que a lo peor este país necesite aún un par de generaciones para funcionar de acuerdo con los cánones y normas de un país serio y moderno.

¿Tan difícil es para nuestros políticos aceptar la idea de que una sociedad debe planificarse y establecer unas líneas de actuación coherentes? Pues, como en el caso que nos ocupa, ni siquiera cuando se proyectan unos procedimientos adecuados éstos se logran llevar a la práctica, ya que, como vemos, después de establecer un concurso con normas, plazos y comisión evaluadora, se echa mano de arraigadas costumbres para restituir los tradicionales procedimientos arbitrarios, que tan poco dicen de la honorabilidad de las personas que los utilizan.

El maletilla nacional

Además, en nuestro caso, la falta de criterio vuelve a recaer sobre un aspecto tan importante en estos tiempos para cualquier país, y tan abandonado en el nuestro, por el contrario, como el mundo de la electrónica, la informática y las comunicaciones. ¿Cuándo se le va a dar una opción seria a este sector de la industria nacional? ¿Cuántos campeonatos mundiales, equipamientos informáticos de haciendas y centros públicos, adjudicaciones de televisiones autónomas, etcétera habrá que arrojar en manos extranjeras para dar una oportunidad a este maletilla nacional?

La reciente constitución de la comisión para la elaboración del Plan Electrónico Nacional con discursos oficiales, proclamación de buenas intenciones y amplia difusión pública, quizá podría ser el comienzo real de una nueva política hacia el sector. Sin embargo, aunque esas fueran las intenciones, el preámbulo de Hacienda parece indicar que de nuevo se corre el riesgo de que los buenos propósitos se vean aplastados por las decisiones salomónicas de siempre, las mismas que dieron al traste con anteriores proyectos, como el Plan Informático Nacional o el libro blanco sobre las comunicaciones. Circunstancia lamentable en este caso, ya que los actuales planteamientos prometían mayores visos de autenticidad y parecían prescindir de los defectos que rodearon el nacimiento y elaboración de intentos previos. Citando a Quevedo: "¿De qué sirve presumir, / rosal, de buen parecer,/ si aún no acabas de nacer / cuando empiezas a morir?".

Francisco Ros Perán es ingeniero de Telecomunicación y doctor en Ingeniería Eléctrica y Ordenadores por el Massachusetts Institute of Tecnology (MIT).

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