'Fidecayos' , pero menos

LA FINA intuición popular ha esculpido el término fidecayos para designar al casi medio millón de personas que desde el pasado verano han visto en peligro sus modestos ahorros por la crisis de Fidecaya. Si no fuera por el desenfado en la utilización de la palabra, podíamos pensar que tan amplío grupo de ciudadanos ha sido degradado a la condición de lacayos o españoles de a pie que sufren, indefensos, las aventuras financieras de los caballeros del privilegio. Pero, por fortuna, la agudeza intuitiva empieza a convertirse en desacierto.Aunque tarde y mal, como suele ser frecuente en estos casos, el padre Estado ha tratado de socorrer generosamente desaguisado tan impopular; claro que, de momento, a costa del Tesoro público, es decir, de todos los españoles. Algo más tarde, si bien esta vez con mayor celeridad, el fiscal, espoleado por el Gobierno, ha iniciado la búsqueda de culpables. Los dos últimos dueños del negocio están en prisión, a la espera de que el juez decida (quizá hoy) si los procesa, después de haber tomado declaración a la veintena de ex consejeros de la entidad propuestos por la acusación, que al examinar los papeles recibidos de la Administración presentó el martes querella por presunto delito de estafa.

Los datos conocidos de la querella, y las citadas testificaciones, permiten ya enjuiciar los posibles aspectos penales del asunto. No son éstos, sin embargo, los únicos que merecen nuestra consideración. Detrás de los fríos datos (16.000 millones de pesetas de ahorros, casi todos garantizados por el Estado; más de siete mil millones de pesetas de déficit patrimonial, el doble que hace dos años; alegrías en los créditos de las empresas al medio millar de filiales, así como en las operaciones de estas, etcétera), miles de personas han vivido la imposibilidad de disponer de sus seis o diez mil duros para comer o vestir. Hoy todavía no ha sido encargada la devolución de 5.600 de los casi 15.000 millones de pesetas garantizados, y de los diez mil ya encargados en el último mes falta por ofrecer los reintegros al 60%. Además, 325 de los quinientos trabajadores de Fidecaya no terminan de ver el futuro asegurado por un empleo. Y sobre todo, 5.400 delegados a comisión, en quienes vecinos y paisanos habían confiado sus ahorros, han padecido y padecen la angustia de no encontrar palabras contra la necesidad, las broncas o incluso las amenazas y agresiones.

Frente a este panorama, en la banca, que empieza a capitalizar en imagen de seguridad los beneficios de las fuertes y sigilos apoyos del Banco de España, no se había planteado un caso similar con motivo de la decena y media de crisis tratadas hasta ahora. La alerta de las inspecciones y el juego de los mecanismos de saneamiento (Corporación Bancaria, luego Fondo de Garantía de Depósitos) permitió pagar a todos los ahorradores, incluso sin tener en cuenta el tope máximo garantizado por depositante (ahora, millón y medio). Sólo el último y reciente caso del Banco Industrial de los Pirineos impuso la espera de algunas semanas para hacer efectivas por primera vez las garantías con tope. Las cajas de ahorro no han necesitado, prácticamente, su mecanismo de autoseguro con ayuda del Banco de España (de todos los españoles), al menos que se sepa, lo que pocas veces ocurre; y tampoco en ningún caso han dejado de pagar.

Por tanto, ha habido cierto agravio comparativo entre los clientes de bancos y cajas y los de Fidecaya, mucho más numerosos que los de todas las crisis bancarias juntas. También eran peor considerados los ahorradores de Fidecaya (¿olvidados en sus pueblos y aldeas?), por estar sometidos a la tutela de un órgano del Ministerio de Hacienda, menos financiera y dotada de medios que la del Banco de España y el Ministerio de Economía. Y hora es de explicar oficialmente por qué intereses se mantenía esta anomalía, tan dura con medio millón de ciudadanos. Lo único que se ha indicado hasta ahora es que Fidecaya tenía estatuto de entidad de ahorro particular, al parecer como consecuencia de las prebendas y premios varios que repartía el franquismo entre sus más fieles.

En este contexto hay que felicitarse porque el fiscal haya pasado al juzgado, resumidos en su denuncia, los tres paquetes de expedientes que le había remitido la Administración. Mayores motivos tenemos al conocer que algún expediente anterior fue simplemente archivado, después de llegar de la Dirección General de Seguros, el órgano competente del Ministerio de Hacienda sobre Fidecaya. Cuando es cada vez más documentada la sospecha de que en Fidecaya había irregularidades mucho antes de su crisis, resulta penoso tener que recordar la escasa insensibilidad de los poderes públicos ante esos delincuentes de cuello blanco, quizá más fértiles en situaciones de crisis económicas, que riegan la convivencia con fraudes criminales, engaños y desencantos. Ahí están las consecuencias de la falta de control social de nuestras leyes penales, a la vez vigentes y ancestrales. Varios años después de iniciarse el tratamiento de choque de las crisis bancarias, en cuyas tripas debe haber mucha suciedad, no han trascendido prácticamente las presunciones de delitos.

Los fidecayos, pues, pueden empezar a estar de mejor humor y sentirse lo ciudadanos plenos que son.