La crítica presupuestaria que pasó al silencio

En el año 1980, el Senado adquirió notoriedad al devolver al Congreso los Presupuestos del Estado para 1981, a raíz de la insólita aprobación de una enmienda de los senadores socialistas, oponiéndonos al aumento de los tipos en el impuesto sobre el tráfico de empresas. Digo insólita, dada la abrumadora mayoría de UCD en la Cámara alta. A pesar de ello, en el salón de sesiones, aquel 20 de diciembre, había presentes más senadores socialistas que centristas.En 1981, de nuevo ha sido noticia el paso de los Presupuestos por el Senado, por la guillotina que se ha aplicado a las enmiendas de la oposición. UCD, en un brusco cambio de actitud en relación con la praxis de los años anteriores, impidió la admisión a trámite de 39 (de las 147) enmiendas, amparándose en una súbita, dudosa y restrictiva aplicación del Reglamento. Cuestiones que se habían debatido este año en el Pleno del Congreso y, lo que es más grave, que se habían admitido en el propio Senado el año pasado -y anteriores- se han visto calladas ahora. No se nos ha permitido ni tan siquiera defender enmiendas como las que pretendían rebajar la edad para percibir la ayuda a los ancianos desprotegidos, pasando de los 69 a los 65 años, o conceder la jubilación a los trabajadores que llevan cuarenta años de filiación y cotización, cualquiera que sea su edad. Tampoco hemos podido postular la previsión de un fondo coyuntural de inversión pública, por 125 millones de pesetas, para utilizarlo en el caso de no cumplirse la creación de empleo comprometida en el ANE. En estas condiciones, como es obvio, el debate fue tenso.

Entresaco sucintamente algunos de los argumentos expuestos en el Pleno del Senado durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1982.

Por lo que se refiere al paro, en la página 174 del informe económico-financiero que acompaña a los Presupuestos se reconoce que aumentó en 150.000 personas durante el primer semestre de 1981. Paralelamente se produce el incremento de un punto en la participación del excedente de explotación en la renta nacional, mientras disminuye la participación de las rentas salariales.

A lo largo del año pasado se conocieron datos estadísticos de singular relevancia, facilitados por el Ministerio de Hacienda. En ellos se ponía de manifiesto que, en 1979, el 81,63% de los rendimientos netos declarados en el impuesto sobre la renta de las personas físicas procedían de los salarios, cuando en 1971, ocho años antes, sólo representaban el 67%. Para 1980, Hacienda estima que el porcentaje se ha reducido al 76,53%. El caso es que, vía imposición directa más vía consumo (soportando los impuestos indirectos), los que cobran a sueldo aportan el 80% o más de los ingresos tributarios.

Durante 1981 se ha suprimido la publicación de las listas de los contribuyentes por renta y patrimonio, que tanto podía facilitar la lucha contra el fraude. En la misma línea está el hecho de que ante la negativa de las instituciones financieras a entregar a Hacienda los listados de sus clientes con expresión de los intereses percibidos, el Gobierno ha tenido que entablar recursos. O sea, que Hacienda conoce la identidad y el número del DNI de todos los perceptores de rentas salariales y su cuantía, pero no conoce ni lo uno ni lo otro de los clientes de los bancos y cajas de ahorro.

Gravámenes sobre pequeños empresarios

Otro tema que también ha surgido durante 1981 ha sido el de la inseguridad jurídica originada por la Orden Ministerial de 25 de marzo último, por la que se modificaban, al alza, los porcentajes de los rendimientos estimados en el régimen objetivo singular simplificado que se aplica a los pequeños empresarios y a los agricultores que trabajan su propia tierra. A los pocos meses de dictarse tal orden, se dejó en suspenso por otra, hasta el próximo primero de enero. Es decir, un parche para que no se aplicara aquélla a los resultados del año en curso. ¿Y ahora qué? Pienso que veremos aparecer una tercera orden ministerial si se confirma lo que se divulga a nivel gremial.El hecho que plantea este tema no supone que abone tan privilegiado procedimiento evaluatorio lo que pretendo señalar es que, agotadas las rentas salariales como fuentes de fiscalidad, Hacienda va a dirigir su acción a recaudar de los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque a los poderosos, ciertamente, les protege un paraguas fiscal. Hay un agujero recaudatorio en el colectivo de la singular simplificada; es obvio y hay que corregirlo.

Pero lo que sí es evidente es que ni tan siquiera se plantea una mínima acción contra los grandes defraudadores, y es preocupante que no se tome ninguna medida ante la caída de la recaudación por el impuesto sobre el tráfico de empresas, a pesar de las subidas de los tipos; caída recaudatoria que origina rentas fiscales, o sea, impuestos cobrados del consumidor por los empresarios, por cuenta de Hacienda, y que no llegan al Tesoro público. Una apropiación indebida que no se persigue, o que por lo menos no se divulga su persecución.

El tema de los pequeños empresarios no es un tema baladí. Basta con resaltar que, a corto plazo, la reducción del paro depende esencialmente del comportamiento de las empresas pequeñas y medianas, o sea, de todas aquellas en las que el equipamiento juega un papel restringido. Estas empresas, y no otras, son las que han de ejercer la función de locomotoras creadoras de puestos de trabajo.

Los gastos fiscales vienen de nuevo a favorecer a los poderosos. Para 1982, los estímulos fiscales presupuestarios ascienden a 555.800 millones de pesetas, rebasando el listón del medio billón, y ello sin incluir los gastos fiscales derivados de las medidas de política tributaria contenidas en la ley de Presupuestos para 1982. Para el impuesto de sociedades tales beneficios suponen el 70,5% de las previsiones recaudatorias. Con dichos beneficios se pretende propiciar la inversión privada. En realidad, empero, los estímulos fiscales sólo sirven para facilitar la autofinanciación, minimizando la carga fiscal. La única inversión privada significativa es la de capital intensivo, ahorradora de puestos de trabajo; inversión que de todas formas se produciría, con estímulos fiscales o sin ellos.

Sobre renta de personas físicas

En cuanto a la evolución de las desgravaciones por inversiones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo primero que observamos es la caída de la desgravación por adquisición de vivienda propia; por el contrario, los beneficios fiscales por adquisición de valores mobiliarios aumenta de forma espectacular, doblan de un año al otro. Y lo que es más significativo, los beneficios de la desgravación por compra de vivienda propia, que es la que retrocede, son en un 80,38% familias con ingresos por debajo del millón de pesetas anuales, mientras que los que ven desgravadas cada vez más sus cuotas tributarias son los compradores de valores mobiliarios (deuda pública, acciones cotizadas en Bolsa, etcétera), principalmente los que declaran ingresos superiores a los cuatro millones.Si nos preguntamos si hay muchos declarantes de rentas altas, observamos que (según el avance de información que facilita el Ministerio de Hacienda para 1980) solamente un 0,6% de sujetos pasivos declaran percibir ingresos superiores a cinco millones de pesetas anuales, mientras que el 81,31% de declarantes son familias que no sobrepasan el millón de pesetas. Además, los ingresos de los económicamente débiles son habas contadas, mientras que la veracidad de los ingresos declarados por los poderosos está por comprobar.

Resumiendo:

1. Si se sigue exprimiendo a los que cobran a sueldo, nos colocaremos en tasas negativas de consumo por habitante, como ya empieza a suceder. Y ello contrasta con el incremento de productividad por persona ocupada, del 5,2%. Cifra alta, que conviene divulgar. A veces se olvida que desde 1975 la productividad por persona ha crecido a una tasa anual acumulada del 4%. Si aumenta la productividad más que el producto interior bruto (PIB), como es notorio -este año rondará éste en torno al 1% de incremento-, el aumento del paro está cantado. A menos que ya hayamos tocado techo con las inversiones ahorradoras de puestos de trabajo. Sólo así el incremento del 3% del producto interior bruto que nos anuncia el Gobierno para 1982 puede proporcionar realmente los 350.000 nuevos puestos de trabajo, a que se refiere el ANE.

2. No se está utilizando el potencial de crecimiento de nuestro sector público, a pesar de que es el más bajo de los países de la OCDE y de que la presión fiscal es también la más baja, junto con la del Japón, de dichos países.

3. No se hace nada -o se hace bien poco- para transformar la estructura productiva heredada del pasado, que se conserva intacta, con los mismos hábitos. La palanca de la empresa pública está falta de ejecutivos con iniciativa, imaginativos y creadores, del tipo de la Renault francesa.

4. Se está sacrificando a los trabajadores que tienen empleo para ayudar a los que no lo tienen. Así, mientras a los que disfrutan de posiciones económicas desahogadas -y a las sociedades- no se les aumenta la presión fiscal, las rentas familiares se quedan siete puntos por debajo del aumento del impuesto sobre la renta de las personas fisicas.

5. A las víctimas del síndrome tóxico de la colza desnaturalizada se les conceden prestaciones económicas sobradamente justificadas, pero paralelamente no se inicia una acción fiscal, de revisión de los patrimonios y de las rentas, dirigida hacia los responsables de tan criminal actividad, porque está claro que un patrimonio adquirido con beneficios de tal procedencia no era ni tan siquiera declarable; y

6. La inflación, cuando los salarios descienden en términos reales, hay que contenerla cerrando el paso a la cartelización, al fraude y a la especulación.