Dificultades para Miterrand

LA OPOSICION del Consejo Constitucional francés a la ley de nacionalizaciones promulgada por la Asamblea, de mayoría socialista, representa, en alguna medida, una defensa de la gran derecha frente a lo que se podrían considerar modestas, aunque significativas, pretensiones de Mitterrand de avanzar por el camino del socialismo. El Consejo Constitucional es una creación del general De Gaulle en 1958, dentro de la serie de reformas constitucionales del país que él deseaba ver con una organización más cerrada que la IV República anterior, a la que atribuía vicios de desmigajamiento del poder o de mal uso de la democracia. Lo constituyen los presidentes de la República anteriores -entre ellos, evidentemente, Valéry Giscard d'Estaing-, y los puestos restantes se dividen en un tercio nombrado por el presidente de la República, un tercio por el presidente del Senado, y un tercio por el de la Asamblea; el presidente de la República elige al presidente del Consejo Constitucional. La armazón de este Consejo estaba inventada para una eternidad golista; choca con la nueva situación de la izquierda francesa -que jamás ha podido nutrir este Consejo con sus designados, puesto que la renovación sólo puede hacerse cada tres años y no ha correspondido turnos todavía- y, por tanto, con un concepto nuevo de la gobernación y la administración del país.La teoría es que el Consejo Constitucional está forma do por encima de los valores políticos, y atendiendo sólo a la realidad del Estado de derecho y de la Constitución; pero ni ése ni ningún organismo puede interpretar los textos legales sin estar incurriendo, necesariamente, en una interpretación personal. Esta no corresponde, en el caso del actual Consejo, al espíritu francés que eligió a Mitterrand y a la mayoría socialista de la Asamblea. Ateniéndose al derecho tal como estaba reflejado en las legislaciones anteriores, y haciendo uso de textos más lejanos para asentarse sobre una tradición republicana, los miembros del Consejo Constitucional han dictaminado que seis artículos violan la ley fundamental en cuando a la cantidad que ha de ser reembolsada a los accionistas de las empresas nacionalizadas y en la evaluación de los bienes de las empresas afectadas, así como por no tomar en cuenta los beneficios de 1981.

El efecto de esta declaración no es el de bloquear la ley ni discutir su principio; es una objeción técnica que la va a retrasar -según cálculos gubernamentales- en un mes. El Gobierno está procediendo -desde una reunión urgente de Mítterrand con los ministros económicos, el mismo domingo, y unas consultas que todavía prosiguen- a una nueva redacción de los seis artículos afectados para que pasen por la criba del Consejo Constitucional. El Consejo no se p¡ronuncia sobre el fondo de las nacionalizaciones: la doctrina general de la ley ha quedado admitida.

El efecto más inmediato es el de su utilización como arma de propaganda contra el "Gobierno marxista" o "socialcomunista", hecha por los medios de la derecha, y las acusaciones de intentar conculcar el viejo derecho republicano para introducir un socialismo que iría más allá de lo que el pueblo ha votado o de lo que las declaraciones y programas gubernamentales, antes y después de la elección, han propuesto al país. Sobre esta crítica tiene un efecto multiplicador el resultado de las cuatro elecciones parciales celebradas el domingo pasado, ganadas las cuatro por representantes de la antigua mayoría (derecha): cuatro escaños de diputado que habían quedado pendientes de las elecciones generales porque habían sido atendidas reclamaciones de irregularidad. Estos cuatro escaños para la derecha no modifican en nada el predominio numérico de los socialistas, aun sin contar con los comunistas y otros partidos dé izquierda; pero representan una posible reacción popular de descontento por estos,meses de gobernación de la izquierda. Hay quien atribuye esta retracción a la situación de Polonia o, concretamente, a la niala posición del partido comunista, que ha asumido las tesis soviéticas y del general Jaruzelski; quien considera que es un efecto del "desgaste del poder", y quien alude a un desencanto por la falta de eficacia del Gobierno y de la presidencia socialista. Las encuestas de opinión pública no coinciden con esa teoría, aunque indican un principio de descenso de popularidad, sobre todo de algunos ministros, y especialmente de los comunistas; es decir, que, de todas maneras, si hoy se repitiesen las elecciones generales -según ese tipo de encuestas-, la mayoría de la Asambleay la Presidencia de la República no cambiarían con respecto a su configuración actual.

Pero todo ello es un síntoma. Mitterrand tendrá que asegurar más y más rápidamente su acción, pero sin olvídar que una considerable parte de la maquinaria del Estado, a partir del propio Consejo Constitucional, pero continuando por,un entramado de cargos y de empleos de los funcionarios acumuládos por la situación anterior, y unos poderes económicos extraparlamentarios, no va a cesar en su combate. La aparición súbita de un tipo de terrorismo y los ecos que llegan del país vecino pueden hacer suponer que tampoco Francia va a verse libre de tensiones y agresiones involucionistas en los próximos meses.