El rechazo del Consejo Constitucional francés retrasa el programa nacionalizador
El Gobierno francés tiene que elaborar un nuevo texto de ley sobre las nacionalizaciones y, consecuentemente, someterlo otra vez a la aprobación del Parlamento. Este obstáculo a la reforma más significativa del nuevo poder socialista se debe a la decisión tomada anoche, del Consejo Constitucional, que rechazó algunos artículos de la ley que fue aprobada el pasado otoño. El principio de las nacionalizaciones es aceptado, pero su realización se retrasa.El Consejo Constitucional es el órgano supremo de la República Francesa, encargado de vigilar la regularidad constitucional de todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y por el Senado. Las decisiones de este Consejo son inapelables.
La nacionalización de cinco grandes grupos industriales, 36 bancos y dos grupos financieros fue aprobada el otoño último tras una ruda batalla parlamentaria en la que se discutieron cerca, de 2.000 enmiendas propuestas por la oposición conservadora-liberal. A pesar de esto, la mayoría mitterrandista consiguió que su proyecto de ley fuera aprobado sin modificaciones sustanciales.
Fue en ese momento cuando la minoría parlamentaria -chiraquista-giscardiana- hizo uso de su último recurso: el Consejo Constitucional, que está compuesto por miembros adeptos al antiguo poder.
En suma, de lo que se trataba era de saber si el Consejo estimaba que la ley era o no constitucional. La respuesta es severa, pero no tanto corno puede parecerlo, en la medida en que el principio de las nacionalizaciones es aceptado. El Consejo, sin embargo, opone tres obstáculos mayores: los métodos de indemnización de las empresas nacionalizadas, el sistema empleado para incluir en el sector público a la banca, excluyendo algunos establecimientos porque pertenecen a mutuales bancarias (se sospecha que de tendencia socialista) y el comportamiento respecto a las filiales extranjeras de las empresas nacionalizadas, son rechazados por el Consejo Constitucional.
El aspecto grave de esta decisión consiste en que el Gobierno no puede, de manera inmediata, como lo esperaba, aplicar ningún artículo de la ley de las nacionalizaciones. Hoy, domingo, se celebrará una reunión de los ministros más interesados en el asunto. Mañana, lunes, tendrá lugar un consejo interministerial sobre el mismo tema, y el miércoles inmediato, el Consejo de Ministros deliberará también a propósito de la conducta a seguir.
En vísperas de cuatro elecciones legislativas parciales este domingo y el próximo, la intervención del Consejo Constitucional pudiera repercutir psicológicamente en la opinión y, más concretamente, en el electorado que va a pronunciarse en estos primeros comicios tras la victoria socialista
