El nuevo Ministerio de Sanidad y Consumo
Los problemas relativos a la salud pública, asistencia sanitaria y consumo alimentario han pasado a constituir en los últimos años una de las preocupaciones fundamentales de la opinión pública española. La respuesta dada desde la Administración del Estado a esta exigencia social se ha caracterizado por el intento de unificar en un solo centro de decisión política y administrativa las múltiples competencias y recursos hasta ahora dispersos en una pluralidad de unidades administrativas diferentes.
No se incurre en ningún tipo de exageración cuando se afirma que los problemas relativos a la salud pública, asistencia sanitaria y consumo alimentario constituyen en la actualidad una de las preocupaciones fundamentales de la opinión pública española. Una rápida ojeada a los titulares de los periódicos de los últimos tiempos permite constatar cómo las demandas relativas a los temas sanitarios y de consumo se sitúan en un nivel de exigencia muy relevante, en comparación con otros servicios sociales fundamentales, hecho este nada excepcional en las sociedades avanzadas, en las que existe una especial sensibilidad por las cuestiones relacionadas con la calidad de vida. Es cierto que esta concienciación popular ha sido potenciada recientemente en nuestro país como consecuencia de los trágicos sucesos relacionados por el llamado síndrome tóxico. Ello no quita, sin embargo, relevancia al hecho principal de un cambio cualitativo en el nivel de la demanda popular.La respuesta política a esta exigencia social, aunque traducida en el plano administrativo en momentos diferentes, tiene un denominador común que ha dado origen a una unificación en un solo centro de decisión política y administrativa de las competencias y recursos dispersos hasta entonces en una pluralidad de unidades administrativas diferentes.
Un examen de la estructura organizativa tradicional de la sanidad española revela la existencia de una pluralidad de mecanismos ejecutores de políticas sanitarias paralelas, sólo casualmente convergentes. La creación en 1977 del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social expresa, en el plano institucional, el primer intento de consideración conjunta de las áreas sanitarias estatal y de la Seguridad Social. Cualquiera que sea la evaluación que desde la óptica actual pueda realizarse de su creación y posteriores reestructuraciones, no puede negarse que el citado Ministerio propició, si no una plena coordinación, sí al menos un acercamiento y conocimiento recíproco entre ambas áreas sanitarias. Pero la unión de la política sanitaria con la tutela estatal de la Seguridad Social, fundada en el hecho de que gran parte de la asistencia sanitaria se realizaba mediante el instituto jurídico del seguro social, no dejaba de plantear serios problemas, ya que la coordinación que se ganaba en materia sanitaria se perdía en las materias de trabajo y seguridad social íntimamente conexas por su propia naturaleza. Era, pues, necesario dar el paso decisivo de la plena integración administrativa sanitaria, sin perjuicio de las implicaciones presupuestarias del sistema, que debían tener un tratamiento unitario por la procedencia de los recursos con el que se financian.
Derecho a la salud
A todo lo anterior hay que unir un dato fundamental que conviene no perder de vista si se quiere hacer un planteamiento adecuado y avanzado: la concepción del derecho a la salud en la Constitución como un derecho de todos los españoles. Como se sabe, el artículo 43 de la Constitución configura un derecho de todo ciudadano a la salud tanto en sus aspectos preventivos como asistenciales, de tal manera que dicho modelo sanitario moderno y progresista no debe ser omitido en cualquier esquema de organización sanitaria.
El principio constitucional reseñado exige superar la tradicional separación entre la acción sanitaria de base profesional, con una financiación contributiva del colectivo afectado, y otra propiamente estatal, con un sostén financiero de orden fiscal. La excepcional inflación de los costes sanitarios reclama una coordinación y utilización conjunta de los mecanismos sanitarios de procedencia diferentes. Todos los españoles deben ser beneficiarios por igual de las acciones sanitarias preventivas y curativas, en condiciones de igualdad y mediante la utilización de los mecanismos asistenciales que resulten menos gravosos para la colectividad, cualquiera que sea la titularidad formal de los mismos.
Desde esta múltiple óptica hay que interpretar la adscripción del Instituto Nacional de la Salud al Ministerio de Sanidad y Consumo en el reciente real decreto de su organización, que, lejos de suponer un impedimento para una adecuada política sanitaria, constituye una medida que propicia la ejecución de una política independiente y coordinada con la financiada con re cursos estatales. En este sentido, la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se circunscribe a la formulación del anteproyecto de presupesto y al control presupuestario corres pondiente, como taxativamente se expresa en el mencionado real decreto, funciones todas ellas análogas a las que corresponden al Ministerio ele Hacienda respecto del conjunto de la acción estatal, sin que pueda afirmarse seriamente que por tal razón es el Ministerio de Hacienda quien define la política exterior, la de educación o la de obras públicas, por poner un ejemplo de políticas sectoriales ordinarias. Pero en la nueva óptica de la política sanitaria del Estado con viene no perder de vista además un hecho que considero funda mental, cual es la nueva organización del poder público como Estado de las autonomías, por virtud del cual la gran parte de las funciones sanitarias del Estado se transfieren, tanto a nivel normativo como ejecutivo, a los entes autonómicos. Y ello no es cosa de un futuro lejano; en efecto, asumidas ya por la mayor parte de los entes autonómicos las competencias en materia de: salud pública, y estando previsto el tras paso a todas ellas del Instituto Nacional de la Salud, la función del Estado en materia sanitaria ha de variar sustancialmente a muy corto plazo. Culminadas las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, dejará de ejecutar aquél directamente la política sanitaria, salvo aquellos servicios que por su propia naturaleza tengan una trascendencia nacional, si bien el Estado deberá garantizar una adecuada coordinación y planificación sanitaria y ejercerá la alta inspección del sistema, funciones todas ellas que conceptualmente exigen la conjunta consideración de los mecanismos sanitarios existentes.
Reducción del gasto público
Desde otro punto de vista, la organización sectorializada de la rama sanitaria a través de una subsecretaría específica, a fin de ejemplarizar la política del Gobierno de reducción del gasto público, como ha sucedido también con Trabajo, Seguridad Social y Consumo, no ha comportado en manera alguna la reducción de ni una sola de las competencias atribuidas a la Secretaría de Estado.
Finalmente, la filosofía inspiradora de la creación de la actual Subsecretaría para el Consumo es idéntica a la señalada, según se explicita en el preámbulo del real decreto de su creación. Se trata de unificar competencias y recursos dispersos bajo una sola dirección político-administrativa. La indudable preponderancia que en el actual desarrollo de la acción pública que en materia de consumo corresponde al consumo alimentario ha justificado su adscripción al Ministerio de Sanidad.
Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que la protección al consumidor se vaya a circunscribir única y exclusivamente a los productos alimentarios, sino que se extenderá a todos los productos de consumo, incluidos los servicios. La experiencia y colaboración en este campo de las asociaciones de consumidores habrá de ser de excepcional utilidad, y desde ahora la reclamamos. Ello no excluye que el desarrollo de otras áreas de actuación en el futuro aconsejen modificar lo que hoy es evidentemente adecuado. Pero, en todo caso, lo que a mi juicio va a subsistir en la organización administrativa del futuro es la definitiva consideración, de una política sanitaria integrada, cualquiera que sea el sistema de su financiación, y una consecuente acción administrativa unitaria.
