Convocada la Comisión Constitucional para dictaminar el Estatuto del País Valenciano

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Emilio Attard, ha convocado a todos los miembros de la misma para el próximo martes, día 29, con objeto de dictaminar el proyecto del Estatuto autonómico de Valencia.Fuentes parlamentarias indicaron que Manuel Fraga no estaba de acuerdo con la reunión de la Comisión Constitucional, puesto que, de celebrarse el día 29, no podría asistir. No obstante, los aliancistas valencianos han presionado para que sea aceptada la convocatoria. A Manuel Fraga le sustituiría en los debates de la comisión el diputado gallego Antonio Carro.

El texto que la ponencia del Congreso ha elaborado sobre el proyecto autonómico de Valencia no ha sido firmado por socialistas, comunistas, nacionalistas vascos, andalucistas y grupo mixto. Los socialistas -informa Europa Press- recelan de la convocatoria de la comisión, ante la inminencia de su congreso regional valenciano, en cuyas discusiones entrará el Estatuto de Valencia.

Los puntos conflictivos del Estatuto autonómico a su llegada a la comisión para elaborar el dictamen son, fundamentalmente, la denominación (mientras el sector dirigente de UCD propone la de Reino de Valencia, los socialistas desean la de País Valenciano), las cuestiones relativas al idioma, símbolos y competencias.

UCD es partidaria de la bandera con franja azul, mientras los socialistas están d spuestos a admitirlo a cambio de un acuerdo en el problema de la denominacl ón, que podría consistir en una mención del antiguo Reino de Valencia en el texto junto con el de País Valenciano.

En cuanto al idioma, los centristas sostienen que el valenciano es una lengua propia y pretenden evitar el pancatalanismo al que son aficionados -díce UCD- algunos nuevos nacionalistas de izquierda. Si no se incluye el valenciano como idioma, la concepción que se teme prevalezca es la del valenciano como «un dialecto derivado del catalán».

Por último, respecto a las competencias, el conflicto puede resolverse mediante una ley orgánica a la que deberá remitirse una disposición adicional o transitoria.