Guerra abierta entre Telefónica, Administración, banca y sector privado por controlar la comisión del Plan Electrónico Nacional

Una de las mayores batallas empresariales que han tenido lugar en nuestro país se está desarrollando en las últimas semanas, de espaldas a la opinión pública, en torno al futuro del sector electrónico. Al menos dos ministerios, Industria y Energía y Transportes y Comunicaciones, la Compañía Telefónica Nacional de España (que sin ser ministerio tiene bastante más poder y presupuesto que muchos departamentos), varias multinacionales, la banca y el sector industrial, tanto público (INI) como privado, pugnan estos días por controlar el mayor número posible de puestos en la comisión redactora del Plan Electrónico Nacional y por desplazar del mismo a sus oponentes.

La electrónica, aceptada por casi todos los políticos, empresarios y economistas como un sector clave para el futuro industrial de nuestro país, cuenta en la actualidad con un mercado de unos 350.000 millones de pesetas anuales en España. Mercado que se encuentra cautivo de tres grandes consumidores (Compañía Telefónica, Ministerio de Defensa e Instituto Nacional de la Salud) que absorben compras por unos 200.000 millones.La importancia de la electrónica ha llevado a muchos Gobiernos, en los distintos países industriales, a elaborar planes específicos para el desarrollo de este sector desde hace varias décadas. Junto al fuerte valor añadido que suponen estas producciones sofisticadas, el factor geoestratégico de independencia tecnológica ha pesado en el ánimo de muchos Gobiernos (el ejemplo más notorio fue el plan francés auspiciado por Charles de Gaulle). En España, pese a las continuas alusiones gubernamentales a la importancia de la electrónica y de la informática, se han puesto en marcha distintos proyectos y comisiones en los últimos años, que han quedado siempre colapsados por las pugnas de intereses y que no han llegado a fructificar (Plan Nacional de Informática, Libro Blanco de la Electrónica, etcétera).

La creación de una Dirección General de Electrónica e Informática en el Ministerio de Industria y Energía y la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 30 de octubre de la constitución de una comisión que se encargará de elaborar un Plan Nacional de la Industria Electrónica han hecho pensar a los distintos implicados que esta vez el proyecto sí puede ir en serio, y se han desatado las guerras de intereses e influencias para estar presentes en la misma. No obstante, hasta el último momento se ha tratado de contraponer a la futura comisión el viejo proyecto, congelado y nonato, del Libro Blanco. Un borrador del libro, elaborado fundamentalmente por Antonio Barrera de Irimo y personas próximas a Telefónica, fue filtrado intencionadamente, los días 4 y 5 de diciembre -es decir, tras la remodelación gubernamental que desplazó a José Luis Alvarez del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (del que depende Telefónica) y llevó al mismo a Luis Gámir-.

La citada comisión, que será presentada formalmente en la segunda quincena de enero por el ministro Ignacio Bayón, ha variado constantemente los nombres y filiaciones de sus componentes. Personas como Crisanto Plaza, asesor del Ministerio de Economía y Comercio y ex director general de Política Económica, han desaparecido de la lista en las últimas semanas, mientras que se ha incorporado a la misma incluso a Julián Marías, vinculado a Antonio Barrera de Irimo por la Fundación Fundes.

La última composición de la comisión redactora, aunque algún nombre puede volver a ser desplazado víctima de la guerra de influencias, es la siguiente: José Angel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao; Enrique Masó, empresario electrónico y consejero del Banco de Bilbao; José Vicente Cebrián, director general de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y Energía; Gabriel Ferraté, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona; Antonio Rodríguez, director de la división electrónica del INI; Antonio Barrera de Irimo, ex ministro y hombre vinculado a Telefónica y La Editorial Católica; Pedro Higuera, director general de Aniel (la patronal del sector); Diego Martínez Boudes, consejero delegado y director general de Telefónica; Miguel Angel Eced, director general de Correos y Telecomunicaciones; Vicente Ortega Castro, director de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid; Alejandro Nieto, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el citado Julián Marías.

Los poderes de Telefónica

Telefónica, con una inversión de 130.000 millones este año (unos 673.000 millones para el período 1981-1984) y un holding de empresas industriales del sector, es pieza clave para la planificación y ordenación del futuro electrónico español. El citado monopolio no sólo controla los servicios, sino que desde su prepotencia de consumidor de electrónica y de accionista de numerosas empresas del sector influye decisivamente sobre el mercado.La Compañía Telefónica tiene participación, entre otras empresas, en Standard Eléctrica (junto a la multinacional ITT), en Telettra Española (junto a la firma italiana de igual nombre) o Intelsa (junto a la compañía sueca Erickson). Recientemente, Intelsa ha acordado vender su factoría de La Coruña a Telettra, y la operación se firmará el próximo día 7, con la oposición del comité de empresa y la perplejidad de algunos empresarios privados y de la oposición socialista, que no acaban de entender esta compraventa entre dos empresas de Telefónica. El comité de empresa de Intelsa declaró ayer a Efe que la integración en Telettra supone la renuncia a importantes conquistas sociolaborales, ya que se prevé un plan de tres años para la equiparación con el convenio de Telettra, que es sensiblemente inferior al que disfrutan en la actualidad. La constitución de una nueva razón social fue calificada de "empresa fantasma" por los representantes de los trabajadores de Intelsa, que creen que no ofrece ninguna perspectiva, lo que contrasta con las óptimas perspectivas que ofrece actualmente Telettra para el mercado nacional e internacional.

Para los socialistas, Telefónica no se resiste a perder su prepotencia en el sector electrónico; de ahí que, al margen de situar a varios representantes en la comisión para la elaboración del Plan Electrónico Nacional, actúe de interlocutor con las multinacionales con gran autonomía sobre los ministerios correspondientes. Luis Solana, diputado socialista, recuerda que hace unos días fue convocado por Salvador Sánchez Terán, presidente de Telefónica, junto a los líderes sindicales Nicolás Sartorius (Comisiones Obreras) y Nicolás Redondo (UGT), para advertirles, entre otros temas, que ITT había amenazado con marcharse de España. La revista Actualidad Electrónica, por otra parte, publicaba en su último número la existencia de negociaciones bilaterales entre Telefónica y la multinacional Motorola, y todo ello sucede de forma paralela a las pugnas que se están produciendo en,torno a la comisión del Plan Electrónico Nacional.

Muchos ven en estos movimientos de Telefónica una operación para impedir que se planteen los temas de fondo en el sector. Temas que pasarían por la separación de los servicios de Telefónica de su holding industrial y por la creación -en una operación similar a la efectuada con Campsa y las demás participaciones estatales en el sector petrolífero con la constitución del Instituto Nacional de Hidrocarburos- de un Instituto Nacional de Electrónica. Las maniobras de Telefónica, según los sindicatos, se ven favorecidas por la indecisión de las empresas privadas del sector, que, pese a ver su futuro amenazado, no se atreven a denunciar públicamente a su mayor cliente actual.

La ausencia de representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Sanidad en la composición de la comisión para la elaboración del Plan Electrónico Nacional pone en tela de juicio nuevamente la viabilidad y eficacia del mencionado proyecto. Máxime cuando ambos departamentos, junto a Telefónica, copan la mayor parte de las compras y sin ellos difícilmente se podrá planificar el sector. Pese a las buenas intenciones expresadas públicamente por el ministro de Industria, Ignacio Bayón, y pese a la designación de dos hombres preocupados por los sectores de futuro, Luis Gámir y Rodríguez Miranda, para Transportes y Trabajo.