En defensa del doctor AIguacil

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), con su junta rectora al frente, quiere con estas líneas manifestarse contra la campaña de desprestigio orquestada contra el doctor Antonio Alguacil García, jefe del servicio de Anatomía Patológica de Las Palmas, destacado defensor del hospital público y persona de incuestionable ejecutoria y gran calidad profesional.La asociación cree que defender al doctor Alguacil es la mejor manera de cumplir con sus fines de defensa de una sanidad pública eficiente, porque lo que ha hecho el doctor Alguacil, y los restantes sanitarios sancionados en Canarias, ha sido oponerse a que altos cargos de la sanidad pública de Las Palmas sean ocupados por personas en relación con los intereses sanitarios privados de las islas; y esa conducta está llena de coherencia y recta intención, por lo cual debió ser asumida por el Insalud, de entrada, por pura ética, a la hora de nombrar los aludidos cargos.

A la vez, en la línea de defensa de un Insalud sin corrupción estructural, nuestra asociación desea sugerir a la Secretaría de Estado para la Sanidad, órgano sancionador del personal médico de la Seguridad Social, que esté vigilante para no dejarse sorprender en este caso por acusaciones contra el doctor Alguacilm, que pudieran estar impregnadas de connotaciones políticas totalitarias de ultraderecha. Y que sería bueno, para que la facultad disciplinaria del Insalud se cargara de argumentos morales, que antes de proponer una sola sanción a un solo sanitario español el mencionado instituto deje de tolerar posibles anomalías en su seno, como del análisis de la conducta de no pocos funcionarios inspectores parace deducirse. No nos referimos a una gran cantidad de inspectores decentes, sino a los que están en nómina en el Insalud sin acudir a trabajar para el instituto; los que antiestatutariamente son a la vez médicos de empresa, o los que, convictos de graves conculcaciones penales, siguen con cargos. Mientras el Insalud no se decida a acabar con la política discriminatoria en cuanto a lo sancionable, nos parece que no tiene fuerza moral para corregir, y menos brutalmente, como pudiera pretenderse hacer con el doctor Alguacil, ni a este buen profesional ni al más modesto de los trabajadores de la salud./ y, en su nombre, la junta rectora.