Comunistas y nacionalistas se opusieron sin éxito al proyecto de estatutos de los funcionarios

El Grupo Comunista y los nacionalistas vascos catalanes fracasaron ayer, en la Comisión de Presidencia del Congreso, en su intento de devolver al Gobierno el proyecto de ley sobre Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, al que consideraron contrario a lo establecido en los estatutos de autonomía y en la Constitución, y fruto del acuerdo Gobierno-socialistas. La comisión citada inició el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de Incompatibilidades en la percepción de remuneraciones del sector público.El presidente de la comisión, Enrique de la Mata. suspendió la sesión cuando la izquierda pidió que fueran sometidas a votación las enmiendas a la totalidad, en ausencia de gran parte de los diputados centristas.

Pasadas las 14.30 horas, el presidente de la comisión imprimió un Iran avance a la sesión, que alcanzó a comenzar el dictamen sobre el proyecto de ley de Incompatibilidades. ante la sorpresa de la mayoría de los diputados, que no esperaban que se llegara a ese punto del orden del día. Enrique de la Mata invitó a los socialistas a defender su enmienda de sustitución. Así lo hizo Francisco Ramos. quien propuso una convocatoria específica de la comisión durante este mes para tratar del proyecto de ley citado.

Ramos manifestó la oposición frontal del Grupo Socialista a la concepción centrista, consistente en regular sólo las incompatibilidades de los funcionarios públicos y no la de los altos cargos de la Administración del Estado v de los cargos elegidos en los ayuntamientos y en el Parlamento. El comunista Fernando Pérez Royo suscribió los argumentos del diputado socialista e inició la defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo, asegurando que con el proyecto de ley queda garantizado que todo seguirá igual

El centrista José Miguel Bravo de la Laguna se opuso a ambas intervenciones y aseguró que las incompatibilidades de los altos cargos se regularán en 1982, de acuerdo con lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado para ese año. Llegada la sesión a este punto, el presidente de la comisión anticipó que continuaría sólo hasta las tres de la tarde y, que en una próxima sesión continuaría la defensa de las enmiendas a la totalidad. El comunista Jordi Solé pidió que se sometieran a votación tales enmiendas, ya debatidas, y el centrista Gabriel Cisneros solicitó que se verificara el quorum reglamentario de asistencia.

Altercado sobre el reglamento

Estas intervenciones produjeron un altercado sobre la interpretación reglamentaria. que fue zanjado por Enrique de la Mata dejando la votación para una próxima sesión, que en principio se celebrará el próximo día 28, a mediodía. «Y no es una inocentada», añadió.

Previamente a este debate se designaron ponencias para el estudio de los proyectos de ley de regulación de las peculiaridades del ejercicio de los derechos y libertades por parte de los funcionarios de las administraciones públicas -tras ser derrotada la única enmienda a la totalidad de Juan María Bandrés- y los de reforma de la ley de Procedimiento Administrativo Y regulación de las atribuciones profesionales de los protésicos dentales. En breves seggundos se dictaminó el proyecto de ley de creación de los colegios oficiales de asistentes sociales.

La sesión se inició con el debate de totalidad del proyecto de ley de Bases de Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, al que habían presentado enmiendas a la totalidad los grupos PNV, Minoría Catalana y Comunista. El resultado de la votación fue de cuatro votos a favor de la devolución del proyecto de ley al Gobierno (correspondientes a los representantes de los tres grupos citados) y veintiséis en contra, sin ninguna abstención. El socialista Francisco Ramos se opuso a la devolución del proyecto de ley, si bien anticipó las modificaciones que propone.

En la defensa de la enmienda del PNV, Marcos Vizcaya criticó el alcance político de un proyecto de ley que dejaba sin contenido los estatutos de autonomía, en los que se establece la capacidad de desarrollo legislativo en materia de funcionarios públicos a las comunidades autónomas.