Rodríguez Inciarte niega que Calvo Sotelo presionara a Castedo para que dimitiera

El ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte, negó ayer, ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta socialista, que el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, ejerciera presiones sobre Fernando Castedo para lograr su dimisión como director general del Ente Público RTVE. Contestando a otras preguntas de la izquierda, consideró que el error de la agencia Efe sobre una noticia relacionada con el 23-F puede atribuirse a una negligencia, y que no es necesario modificar mediante una ley los vigentes criterios en materia de ayudas a la Prensa.

El diputado socialista Pedro Bofill mantuvo que las presiones ejercidas para conseguir la dimisión de Fernando Castedo suponen una violación de las normas que presiden un sistema de convivencia democrática y la injerencia del poder ejecutivo en el normal desarrollo de un medio de información regido por un estatuto aprobado por las Cortes. Ante el precedente de inseguridad jurídica que, según el citado diputado, plantea la vulneración de hecho de la legalidad vigente, pidió al ministro de la Presidencia su posición política en relación con este tema.Rodríguez Inciarte aseguró que Castedo mostró su deseo de dimitir del cargo de forma irrevocable, y que no hubo ninguna presión por parte del Gobierno. Bofill formuló una protesta formal contra el ministro por entender que no quería contestarle a las seis preguntas concretas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Ante esta apreciación, Matías Rodríguez Inciarte contestó una por una las preguntas. Pedro Bofill pidió que constasen en acta las respuestas textuales ofrecidas por el ministro de la Presidencia.

En resumen, negó que existieran presiones del presidente del Gobierno sobre Fernando Castedo para que presentara su dimisión, y que, en consecuencia, no podía conocer los motivos que habrían llevado al presidente del Gobierno a exigir la dimisión de Castedo, ni pudo haber decisión ni deliberación del Consejo de Ministros sobre esta materia. Según dijo, las respuestas anteriores le impedían contestar afirmativamente a la pregunta socialista sobre si tenía conciencia de que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad de expresión, e igualmente manifestó: «Niego que haya existido violación de la legalidad vigente por parte del poder ejecutivo».

Pilar Brabo pide el cese de Ansón

La diputada comunista Pilar Brabo formuló una pregunta que arrancaba de la noticia difundida por la agencia oficial Efe el 14 de octubre último, según la cual se había formulado un requerimiento al Gobierno español por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre determinado aspectos de procedimiento denunciados por abogados defensores de los procesados por el intento golpista del 23 de febrero Pilar Brabo recordó que la noticia fue rotundamente desmentida por la Oficina de Información Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y preguntó si piensa el Gobierno tomar alguna medida sobre una agencia estatal a la que, según dijo, «lo menos que se le puede exigir es que sea capaz de contrastar sus informaciones y garantizar la veracidad de las noticias que difunde».En particular, preguntó si el Gobierno tomaría alguna medida sobre el presidente de la agencia, Luis María Ansón, cuyo cese pidió, ya que, «estuviera en Río de Janeiro o en las Bahamas, él es el máximo responsable de la difusión de una noticia que podía sospecharse que fuera falsa».

El ministro de la Presidencia señaló que existió una confusión en la redacción de la noticia, pero que no se trataba de un error deliberado, ya que la imprecisión podía atribuirse a las fuentes que proporcionaron la información, es decir, «los abogados del 23-F». Pilar Brabo insistió en que en todo caso se había producido una manipulación, al transmitir la agencia estatal noticias no comprobadas en un tema que podía favorecer a los implicados en la intentona golpista.

La socialista catalana Ana Balletbó pidió explicaciones sobre los gastos de la Secretaría de Estado para la Información y las ayudas a la Prensa, especialmente las derivadas de la reconversión tecnológica. Señaló que si la Prensa ha de reestructurarse, no debe hacerlo de forma vergonzante, sino mediante el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en una ley sustantiva. Pidió al ministro de la Presidencia que se comprometiera a remitir el proyecto de ley a las Cortes.

Rodríguez Inciarte aseguró que nadie pide favores ni nadie condiciona las ayudas, sino que éstas se ajustan a la transparencia, mediante los requisitos exigidos por una orden ministerial de 30-6-1981, con arreglo a la cual se resolverán los 135 expedientes que existen para 1981, por importe superior a los 5.800 millones de pesetas, cuando no llega a mil millones la cantidad presupuestada. Estimó que no es preciso modificar los criterios contenidos en la orden ministerial.