El Pleno del Congreso aprueba la supresión de la Prensa del Estado y la privatización de sus medios

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de supresión de los Medios de Comunicación Social del Estado -la antigua Prensa del Movimiento- con una sola variación respecto al texto presentado por UCD: las tres quintas partes del total de la plantilla de los trabajadores de los periódicos que vayan a ser sometidos a subasta pública podrán formar sociedades de redactores o cooperativas. La redacción inicial contemplaba que esta proporción, en lugar de los tres quintos -aprobados gracias a una enmienda presentada por la Minoría Catalana-, fuera superior a los dos tercios.

El Grupo Socialista del Congreso defendió, al comienzo de los debates parlamentarios de ayer tarde, una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de UCD, por entender, entre otras cosas, que contravenía el artículo 20 de la Constitución. Dicho artículo, en su apartado tercero, dice lo siguiente: «La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».Por esta razón, el socialista Gregorio Peces-Barba anunció que, de aprobarse finalmente esta ley, presentarían un recurso de anticonstitucionalidad, decisión que fue respaldada por los comunistas. Unión de Centro Democrático (UCD) considera, por el contrario, que la existencia de una Prensa estatal es constitucional, pero defiende su supresión por razones ideológicas. «Carece de justificación en un contexto político pluralista y democrático», dijo el representante centrista Guillermo Medina. La enmienda a la totalidad de socialistas y comunistas fue rechazada por los votos en contra de UCD, CD y la Minoría Vasca.

Las incautaciones

Otro de los temas conflictivos de los debates de este proyecto de ley fue el referente a las incautaciones de la propiedad de estos medios de comunicación. El socialista Pedro Bofill recordó que las instalaciones de algunos de los periódicos del Movimiento fueron incautados por Franco a sus legítimos propietanos, por lo que la subasta pública que pretende UCD para su privatización, además de avalar una norma franquista, a su juicio, perjudica los intereses de aquéllos.

Por el contrario, el secretario general de UCD, Iñigo Cavero, manifestó a EL PAIS que cuando él era ministro de Cultura encargó un estudio sobre la propiedad de los solares y edificios de la Prensa del Movimiento, y «resultó», dijo, «que ninguno de ellos fue incautado, y que todos fueron comprados por los nuevos propietarios del régimen franquista».

Una puntualización del centrista Guillermo Medina, referente a que en los treinta años de plazo que marca la ley para presentar recursos de protesta por las incautaciones nadie había hecho uso de tal derecho, provocó abucheos y pateos en los bancos de la izquierda, por entender que «a ver quién era el guapo que con Franco vivo se atrevía a reclamar tal derecho», en palabras de la diputada comunista Pilar Brabo.

Pública subasta

Según el actual proyecto de ley de UCD, que, previsiblemente, saldrá aprobado después de su paso por el Senado, ya que cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, los periódicos de la antigua cadena del Movimiento saldrán a pública subasta tras la correspondiente valoración de la Delegación de Hacienda, y serán adquiridos por «personas naturales o Jurídico-privadas en la forma prevista en el reglamento de la ley de Patrimonio del Estado y en las disposiciones que dicte el Gobierno para la ejecución y desarrollo de la presente ley».

Este artículo suscitó las protestas de la izquierda y del diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, porque excluye la posibilidad de que los ayuntamientos o las comunidades autónomas puedan pasar a ser propietarios de dichos periódicos.

Durante los treinta días siguientes a haberse ejecutado la subasta, los trabajadores tienen derecho a seguir empleados en el periódico, y, si no lo desean, pueden pasar a fórmar parte de la Administración del Estado. Si transcurridos dos años desde que el nuevo propietario se hiciera cargo de la publicación, éste planteara una reestructuración de plantilla, los empleados que se quedaran sin trabajo podrían acogerse igualmente al beneficio de pasar a ser funcionarios de la Administración pública.

En el supuesto de que en las tres convocatorias de subasta que marca la ley nadie comprara el periódico, los trabajadores tienen derecho a formar parte de la Administración del Estado o a ser indemnizados con una cantidad equivalente al salarlo de un mes por año trabajado, siempre que no se superen las 42 mensualidades.

Este tratamiento, que se aplica para garantizar que los trabajadores de la antigua Prensa del Movimiento no se queden sin empleo -en la actualidad se calcula que estos empleados rondan la cifra de los 3.000-, ha satisfecho, en general, a todos los grupos parlamentarios, si bien la izquierda pretendía que para constituir las sociedades de redactores se exigiera menor número de trabajadores y más tiempo que el plazo de treinta días que marca el actual proyecto de ley para poder pagar la parte que les corresponda en la propiedad del periódico, o bien que se les facilitaran créditos oficiales para poder hacer frente a los gastos.