La descentralizacion del gasto público exige mejorar los controles interno y externo
La necesidad de actualizar y extender los controles rinancieros del gasto público, con el fin de ajustarlos a la complejidad y descentralización de las distintas administraciones, sobre todo local y autonómica, ha sido puesta de relieve en dos seminarios organizados en el Palacio de Fuensalida, de Toledo, por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre la treintena de ponentes hubo coincidencia mayoritaria en mejorar los actuales controles interno y externo, ejercidos respectivamente por la Intervención del Estado y el Tribunal de Cuentas.
En el primer seminario, sobre el control financiero de las administraciones públicas, una de las propuestas más globales fue la de elaborar la Ley General de Gasto Público e incorporar controles de justicia que activen los principios constitucionales de eficacia, economía, equidad y legalidad. Fue formulada por Juan José Bayona, catedrático de Universidad.El también catedrático José Barea recordó que la Ley General Presupuestaria ha introducido un cambio total en la organización de la contabilidad. Su columna vertebral es el plan de cuentas normalizadas para todas las administraciones públicas.
Al hablar del presupuesto como instrumento de control, el interventor de Hacienda Jaime Sánchez señaló que es muy importante la colaboración activa de los órganos presupuestarios y de control en la ejecución de las revisiones que se efectuan sobre los programas. En su opinión, es preciso eliminar las tendencias continuistas al formar el presupuesto anual.
Otra visión general del sector público corrió a cargo del interventor Augusto Gutiérrez, quien reclamó para la Intervención General del Estado más medios personales y materiales, además de potenciar y prestigiar sus informes. En el mismo sentido, Vicente Querol, interventor de Hacienda, dijo que la Intervención General ha de contar con autonomía efectiva, para lo cual deberá cuidar y considerar no sólo la Administración Central, sino también la local y la autonomica.
Controles para las autonomías
Ceñido sólo al tema de las Comunidades Autónomas (CC AA), el profesor Juan Alfonso, Santamaría dijo que resulta imprescindible en breve plazo una Ley financiera que complete las previsiones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en aspectos presupuestarios y de control. Tampoco el Tribunal de Cuentas tiene claramente definidas sus funciones.A este respecto, el catedrático Francisco Sosa recordó que el único órgano de control de las corpoiaciones locales es el interno de sus interventores, debido a que los antiguos servicios del Ministerio de la Gobernación no han sido sustituidos por los del Tribunal de Cuentas, como parece desprenderse de la Constitución. Para ello, es preciso aprobar una ley reguladora y reformar profundamente dicho Tribunal.
Los aspectos presupuestarios y financieros de las CC AA fue igualmente el tema genérico del segundo seminario, donde el profesor de derecho financiero y tributario Ernesto Eseverri hizo constar que parece existir un sentimiento común a favor de elaborar la Ley Presupuestaria de las CC AA, porque la LOFCA no cubre tal parcela y es necesario homogeneizar y coordinar las políticas de gasto público.
Partiendo de la necesidad absoluta de aplicar principios de homogeneidad, armonización y coordinación de todas las haciendas territoriales, Vicente Querol, ex director general de coordinación de las haciendas territoriales, se pronunció contra la sustitución de la Ley General Presupuestaria.
El catedrático José Barea llegó a la conclusión en este seminario que la actividad económica de los órganos de la Administración Central en las autonomías debe ser incluida dentro de las cuentas de cada región.
Santiago Herrero dijo que los controles económico-financieros han de diversificarse orgánicamente en controles políticos, a cargo de las Cortes; económicos y presupuestarios, los del Tribunal de Cuentas; los de organización estatal; y los de las propias CC AA.
Francisco Bosch, Tesorero de la Generalidad de Cataluña, y José Rubio, interventor del Estado, propusieron un sistema integrado e informatizado de gestión presupuestaria.
Este segundo seminario fue también marco de distintas ponencias sobre el contenido de las autonomías. Antonio López Nieto, asesor del Ministerio de la Presidencia, analizó el desnivel entre las amplias perspectivas constitucionales de desarrollo regional con ingredientes de solidaridad y los logros de la LOFCA y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Jorge Lluch, asesor de la Generalidad de Cataluña, descalificó la LOFCA y el II informe Enterría para la descentralización eficiente del gasto público.
