El teniente general Ruiz de Oña, nombrado capitán general de Galicia

El Gobierno aprobó ayer un capítulo de nombramientos y ascensos militares, entre los cuales destaca el del teniente general Joaquín Ruiz de Oña para la Capitanía General de la VIII Región (Galicia). Este último era gobernador militar de Pamplona hasta mediados de septiembre pasado, en que fue ascendido a teniente general. Asimismo, el general Rafael Allendesalazar ha sido promovido a teniente general, entre otros ascensos del Consejo de Ministros celebrado ayer.El Consejo de Ministros nombró también asesor del presidente del Gobierno a Oscar Alzaga, diputado centrista por Madrid y destacado miembro de la corriente de UCD denominada plataforma moderada, como adelantaba ayer EL PAIS; igualmente se aceptó la renuncia, a petición propia, del subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, Miguel Martín, quien ha sido sustituido por José Miguel Bravo de Laguna.

A propuesta del ministro de Trabajo y Seguridad Social, el profesor Enrique Fuentes Quintana ha sido designado presidente de la Comisión de Mejora y Racionalización de la Seguridad Social. El acuerdo correspondiente le faculta «para nombrar un grupo de trabajo en el que se integrará a José Barea», según indica textualmente la ampliación de la referencia del Consejo. Barca era secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, cargo en que fue cesado a comienzos del verano pasado por el titular de dicha cartera, jesús Sancho Rof.

Otros acuerdos del Consejo se refieren a medidas para paliar los efectos de la sequía. En la agricultura y en la ganadería se establecen procedimientos excepcionales para el uso y aprovechamiento de las aguas, y se declaran de urgencia cuantas obras permitan allegar recursos de agua o mejorar las condiciones de aplicación de los mismos en las zonas en situación crítica, incorporando al Plan General de Obras Públicas las que el Consejo de Ministros decrete.

Asimismo se confiere a los gobernadores civiles, coordenados en cada demarcación hidrográfica, la capacidad decisoria para llevar a cabo una rigurosa administración de las aguas disponibles, protección de las mismas de la contaminación, campañas de difusión que permitan la colaboración ciudadana, y aplicación de un régimen especial de sanciones para las infracciones a lo previsto.