El régimen brasileño modifica la ley electoral para perpetuarse en el poder

Las restricciones electorales anunciadas el miércoles por el presidente brasileño, general Joâo Figueiredo, han suscitado gran indignación en las filas de la oposición, que ha decidido iniciar una campaña en defensa del "voto libre". Estas medidas restrictivas deberían favorecer ampliamente al Partido Democrático y Social (PDS), actualmente en el poder, para el que se pronosticaba una estrepitosa derrota en las elecciones previstas para noviembre de 1983. En estos comicios deberán ser elegidos concejales, diputados de los Estados, diputados federales, senadores y gobernadores.

Una de las medidas más duramente criticadas estipula que el elector sólo podrá votar a candidatos de un solo partido. El PSD, fuertemente representado en los municipios, espera conseguir de esta forma la elección automática de la mayoría de sus candidatos a niveles superiores, en los que generalmente dispone de menos mandatos.Gran parte de los ciudadanos brasileños sólo conocen de cerca a sus concejales, en su mayoría del partido gubernamental, y con tal de que sigan ejerciendo sus funciones estarían dispuestos a votar a favor de los candidatos oficiales para todos los demás puestos.

Según estimaciones publicadas por la Prensa, el PSD obtendría, gracias a esta modificación de la ley electoral, 19 de los 22 mandatos de gobernador, en vez de los cuatro que le otorgaban inicialmente los sondeos. Asimismo, el PDS conservaría la mayoría parlamentaria.

La obtención de esta mayoría es fundamental para el régimen, ya que determina la composición del colegio electoral que elegirá, a finales de 1984, el sucesor del general Figueiredo.

Esta serie de medidas ha sido calificada por los portavoces de la oposición como el "Pearl Harbour de la democracia" y "puñalada contra el aperturismo político".

El Parlamento tendrá que dar un último "visto bueno" a estas restricciones electorales, aunque, en opinión de la mayoría de los observadores, se trata de una mera formalidad, ya que el PDS cuenta con una mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

Es más, cualquier diputado del partido en el poder que vote contra este proyecto perderá automáticamente su escaño, en virtud de una disposición constitucional cuya aplicación ha sido solicitada por el jefe del Estado.

El anuncio de estas medidas ha provocado la inmediata ruptura de las negociaciones sobre las modalidades electorales que se estaban desarrollando entre el Gobierno y la oposición parlamentaria.

A principios de semana la oposición formuló dos revindicaciones: que todos los dirigentes sindicales recientemente destituidos por el Gobierno, entre los que destaca el líder metalúrgico Lula (Luis Ignacio da Silva), puedan ser elegidos y que las elecciones generales se desarrollen en un solo y mismo día.

En su comunicado, redactado en primera persona y en singular, el general-presidente Figueiredo afirmó que se había visto obligado a tomar estas medidas porque las negociaciones se encontraban "bloquedas", y que no estaba dispuesto a dejarse colocar "entre la espada y la pared".

Los dos principales partidos de la oposición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Popular (PP), decidieron el miércoles adoptar una política de obstrucción sistemática a todos los niveles, desde el parlamentario hasta el municipal, pasando por el estatal. Ambos partidos estudian igualmente la posibilidad de constituir un frente común de oposición de cara a las próximas elecciones.

Por su parte, Lula, que también preside el Partido de los Trabajadores, opinó que estas medidas "desmitifican la farsa de la apertura política".