El bochorno de un fin de semana

EL TRATAMIENTO dispensado este fin semana por el Gobierno a las manifestaciones parafascistas merece la condena de los ciudadanos amantes del régimen de libertades. Las escenas del sábado y domingo en Madrid superaron la escenografía del merendero de la película Cabaret.

Cualquier persona con certificado de estudios primarios sabe que uno de los valores diferenciales de la democracia consiste en que los enemigos del régimen político que ampara las libertades pueden manifestar pacíficamente su desacuerdo. Las dictaduras condenan, en cambio, a sus adversarios al inapelable juicio del pelotón de fusilamiento o los rigores eternos de las mazmorras. Pero desde que el 23 de febrero fuera arrojado al suelo por la fuerza de las armas, hasta ahora no se conocía una actitud tan censurable del Gobierno en lo que se refiere a la lenidad e impotencia frente a las agresiones de los matones del más rancio, viejo y esclerótico fascismo que pervive en el mundo.

El ministro de Cultura y su director general, Javier Tusell, se destapaban como rígidos defensores del patrimonio artístico nacional, ordenando retirar de la plaza de Oriente las vallas publicitarias que recordaban el aniversario de la Constitución. Lástima que este celo artístico no les hubiera conducido a solicitar del gobernador civil que la concentración se celebrara en otro lugar que no pudiera poner en peligro tan preciado entorno arquitectónico. Este gobernador civil que padecemos no merece tener en sus manos las responsabilidades de orden público, y no sabemos si está capacitado para las de algún otro orden. Todos conocíamos la facilidad con que en la nueva RTVE se maneja la tijera de la censura, pero ignorábamos que fuera a conceder los honores máximos en los informativos de la televisión estatal a los enemigos del régimen, que injuriaban al rey y vitoreaban la farsa tragicómica de Tejero. Como todo el mundo sabe y nadie ignora, el Rey y el alcalde de Madrid son autoridades del Estado amparadas por las normas constitucionales, y las injurias y calumnias de que pudieran ser víctimas deberían ser perseguidas por tos poderes públicos. Este fin de semana, en pleno centro de la capital de España, don Juan Carlos y Enrique Tierno fueron objeto de un abanico inimaginable de insultos, amplificados en ocasiones por los más sofisticados medios acústicos. Aplicando la nueva jurisprudencia, a la que parece quieren acostumbrarnos, no bastaría con procesar y condenar a los injuriantes. También merece la pena tener en cuenta la imprudencia o negligencia profesional del gobernador civil de Madrid, que ha facilitado con la misma la comisión de tales delitos.

Estas pinceladas sitúan al Gobierno ante su auténtica responsabilidad. Un Gabinete salido de la resaca del intento de golpe de Estado debe definir con hechos si está dispuesto a solidificar el régimen de libertades e impedir el ascenso de las fuerzas que pretenden subvertir el régimen. La actitud gubernamental de este fin de semana, con independencia de sus intenciones, bien podría ser explicada como un intento de demostración a los ciudadanos de que únicamente existen dos opciones posibles a votar en las próximas elecciones: el señor Calvo Sotelo o el señor Piñar. O aquél o el diluvio. Este parece el mensaje oculto de tantas debilidades y coincidencias. Y como estamos seguros de que nada más lejos del verdadero sentimiento oficial que late en el abandono de la capital de España, el sábado por la noche, a las gamberradas de un puñado de infames jovencitos es por lo que pedimos se sustancien las responsabilidades de quien las tenga y no ofrezca más el Gobierno el bochornoso espectáculo de culpar a la Policía Municipal de los disturbios.