Denuncia por presuntas irregularidades en la Unión Agraria Cooperativa, una de las mayores empresas catalanas

Ante los servicios territoriales en Tarragona de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña será presentada mañana lunes, una denuncia por presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Unión Agraria Cooperativa (UAC), organización con sede en Reus y con actividades en el conjunto de las comarcas tarraconenses.

La UAC es la empresa agraria más importante de Cataluña, con un volumen anual de negocios de más de 7.000 millones de pesetas. Las presuntas irregularidades denunciadas se refieren particularmente a la comercialización de aceite.La denuncia será presentada por Baltasar Folch, presidente de la cooperativa agrícola de Marcà, pueblo de la comarca del Priorato y miembro del Consejo de Vigilancia de la UAC. La denuncia contempla la presencia -avalada por acta notarial- de 120.000 kilos de aceite en tres depósitos de la UAC no incluidos en los balances de la sección de aceite de la UAC, así como el ingreso en dichos almacenes, durante la última campaña oleícola, de tipos y calidades por determinar, procedentes de empresas no cooperativas.

Según albaranes obtenidos por el denunciante, importantes partidas de los citados 900.000 kilos procedían de la firma Alabart Hermanos, SA, y otras fueron transportadas por la casa Andani. Estas empresas han aparecido relacionadas en los circuitos de distribución y transporte del escándalo de la colza.

No obstante, hay que precisar que no existe ningún indicio de que en momento alguno la UAC comercializara aceite nocivo para la salud. Las marcas propiedad de la UAC -Duc, Si, Pol y Ciurana- no han sido objeto de implicación por tal motivo.

Miembros de la cooperativa de la UAC informaron a este diario de la existencia de una empresa mercantil cuya titularidad pasó, en 1960, a manos de la UAC. Esta empresa recibe el nombre de Comercial Pedrol, SA (Copesa) y, en el momento de su compra por la UAC, su socio mayoritario era el ex ministro de Comercio de la dictadura, Enrique Fontana Codina. Las fuentes precisaron que las 150 cooperativas que integran la UAC carecen de información y de posibilidad de control sobre Copesa, de la que presumen una fuerte actividad comercial dirigida por los actuales responsables de la UAC.

El equipo actual está integrado por el director comercial, Josep Roig Magrina, ex consejero de Agricultura de la Generalidad y actual diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento catalán, Rafael Saludes, gerente; Julián Olivella, presidente, y Josep Clua, asesor legal y ex presidente de la Diputación de Tarragona. Clua es diputado al Parlamento catalán por centristas de Cataluña-UCD. Todos ellos parecen contar con una amplia mayoría en la junta rectora, e incluso con el apoyo de ésta. Pese a ello, anunciaron recientemente que dimitirían si se llevaba a cabo una auditoría de cuentas sobre la UAC. La junta rectora y el consejo de vigilancia se han opuesto a la citada auditoría. De forma oficial, no obstante, nunca se han opuesto a la auditoría, sino que han ido postergando su realización. Ha sido precisamente este continuado retraso en la auditoría lo que ha llevado a un sector de la UAC a tramitar la denuncia que mañana se presentará ante la Consejería de Trabajo de la Generalidad.

Los hechos que han conducido a la actual situación se detectaron a principios del pasado verano, cuando se retrasó más de lo habitual la aprobación del balance económico. Este arrojaba unas pérdidas de cerca de quinientos millones de pesetas y un endeudamiento de casi 1.600 millones de pesetas. La asamblea de cooperativas aprobó el balance a finales del mes de agosto aunque de forma condicional.

En la sección de aceite, de gran importancia por el volumen de negocio, fue donde se detectaron las primeras irregularidades Según fuentes del consejo de vigilancia, el balance se realizó en condiciones poco satisfactorias y motivó una posterior inspección. El resultado fue el hallazgo en tres depósitos que debían estar vacíos de los 120.000 kilos de aceite, valorados aproximadamente en veinticuatro millones de pesetas. Previamente hubo que desobturar el mecanismo indicativo del nivel de ocupación de estos depósitos.

El precio pagado a los agricultores por el aceite se decidió, según los resultados globales de la campaña. Por consiguiente, según los denunciantes, el intento de desaparición -o de ocultar- este aceite podría suponer un presunto delito de estafa.

Lo más grave, sin embargo, fue la comprobación notarial de la entrada en las almazaras de la UAC de una cantidad aproximada de 900.000 kilogramos de aceite. Este procedía de entidades no cooperativas, circunstancia expresamente prohibida por la ley, la cual no permite a las uniones agrarias comercializar productos que no provengan de las cooperativas. Del total de los 36 albaranes escrutados se desprende la entrada de diferentes cantidades de aceite de oliva y girasol remitidos por mayoristas y corredores de comercio. Fuentes de los propios denunciantes han expresado a este diario el temor de que buena parte de este aceite no fuera ajeno a las actividades de la sociedad anónima Comercial Pedrol.