El Gobierno, autorizado para liquidar las deudas de Matesa
La dotación de 550 millones para investigaciones sobre el síndrome tóxico por aceite, adulterado, la autorización para liquidar las deudas pendientes de Matesa y la anulación del proyecto de desaparición de los organismos autónomos Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna) e Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) fueron los, temas más destacados en la mañana de ayer en los debates sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estad ' o para 1982.Esta sesión, que culminó el dictamen de todas las disposiciones adicionales y finales del proyecto de ley, transcurrió en un clima similar al de la jornada precedente: apresuramiento, confusión, escasos y tibios enfrentamientos entre la oposición y el partido del Gobierno, y aceptación de algunas enmiendas socialistas previamente consensuadas al margen de la comisión.
En el tema del síndrome tóxico se aprobó una enmienda centrista que adecúa los presupuestos a los criterios del proyecto no de ley de medidas urgentes para los afectados, y dos enmiendas socialistas que dotan con 550 millones los trabajos de investigación sanitaria sobre este trágico envenenamiento por aceite adulterado.
Enmiendas de gran alcance
Unas enmiendas del diputado del Grupo Mixto Aizpún y de Minoría Catalana, aprobadas con la abstención socialista, podrían tener gran alcance político si se confirman las denuncias del PSOE. Las enmiendas, tras seis subastas públicas desiertas de los bienes de Matesa, facilitan al Gobierno la liquidación de las deudas pendientes por esta empresa. Con ello, según Aizpún, se garantiza la continuidad de esta firma y de 250 puestos de trabajo. Urralburu, por los socialistas, afirmó que tiene datos de que esta enmienda puede significar la vuelta de Vila Reyes al frente de Matesa y el olvido de los 10.000 millones defraudados por dicha empresa a. la Administración.
La comisión acordó también el emplazamiento al Gobierno para que en el plazo de seis meses presente a las cortes un proyecto de ley que adecúe la ley general Presupuestaria a la Constitución y un proyecto de contrato -programa a suscribir entre el Estado y el Ini-.
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