Autonomía de Madrid, el fondo del problema
Determinados e ilustres políticos, y no menos ilustres funcionarios, han vertido recientemente distintas manifestaciones escritas Y verbales sobre el proceso autonómico de la provincia de Madrid, que pueden introducir nuevas dosis de oscuridad en la ceremonia de la confusión que provocó inicialmente un proceso mal planteado y que tendía a su autocorrección por virtud de la decisión, prácticamente unánime, de la Diputación Provincial. de Madrid en el pleno extraordinario, celebrado el día 25 del pasado mes de junio, en el histórico Castillo de Manzanares el Real.Los defectuosos y peligrosos planteamientos a que me refiero pueden agruparse en dos capítulos del actual momento del proceso preautonómico:
1. Los ciudadanos de la provincia y la ciudad de Madrid carecen de "conciencia autonómica", por lo que nuestra comunidad autónoma sería un fenómeno artificial.
2. La autonomía podría poner en peligro el desarrollo de las comarcas agrarias y de los pequeños municipios, en beneficio de la villa de Madrid y del área metropolitana.
Es mi opinión clarificar las insuficiencias, contradicciones y errores que encierran estas tesis y voy a hacerlo siguiendo el mismo orden que arbitrariamente he establecido.
La "conciencia autonómica" de los madrileños
Al parecer, la conciencia autonómica es una sustancia misteriosa, jurídicamente tan necesaria como milagrosa, que tienen en abundancia todos los españoles, salvo los madrileños. Según esta teoría, los españoles de Aragón, de Cantabria o de Galicia tienen sobre sí mismos una conciencia especial respecto a su situación "en el Estado", que les permite acceder a su autogobierno; y los españoles de Madrid, no.
Hay que decir, de una vez por todas, que se confunde así la cuestión de las nacionalidades históricas (Euskadi, Cataluña y Galicia) o la relación centro-periferia, con el proceso de una nueva articulación del Estado, el Estado de las autonomías frente al Estado centralizado y centralista, que comporta una nueva distribución del poder político y de las competencias legislativas, administrativas y judiciales en distintos niveles (Estado, comunidad, municipio). Esta nueva articulación del poder político, independientemente de su aplicación específica y contradictoria en las viejas nacionalidades, es deseable en general para el resto del Estado por razones de eficacia, solidaridad y control del poder político por los ciudadanos.
a) Por razones de eficacia. La prestación de una parte muy considerable de los servicios públicos en ámbitos regionales es más eficiente en términos de coste y beneficio sociales que en ámbitos estatales. No se trata del romántico small is beautiful, sino de toda la moderna teoría de las administraciones públicas.
Además, la concentración en el Gobierno de la comunidad autónoma de las dispensas, costosas y contradictorias competencias de organismos, tales como Coplaco, Canal de Isabel II, Gobierno civil, Consejo de Municipios y Administración periférica e institucional de ámbito provincial, facilitará, abaratará y simplificará, en beneficio de todos los ayuntamientos de la provincia, la compleja y confusa relación que actualmente mantienen con el monstruo pluritentacular que es la Administración pública en Madrid.
b) Por razones de control del poder político. Los ciudadanos están mejor situados para elegir a sus representantes y para fiscalizar su actuación, por proximidad física, política y psicológica, a los poderes políticos más cercanos, a los poderes más localizados y limitados territorialmente que a los diseminados o extendidos por todo el Estado.
c) Por razones de solidaridad y equidad. Los vecinos-ciudadanos de Madrid, mantenidos en una hipotética provincia sin autogobierno ni autonomía, no podrían cumplir, al, nivel de los andaluces o de los catalanes o valencianos, sus compromisos constitucionales, sus deberes-derechos de igualdad y solidaridad con todos los españoles, que son también vecinos-ciudadanos que viven o vivirán en una determinada comunidad autónoma. No podemos aceptar ya bolsas de centralismo e insolidaridad.
La descentralización política y administrativa que entraña la consecución del autogobierno en el Estado de las autonomías es por todo ello una cuestión de vida o muerte para la profundización de la democracia, el bienestar de los madrileños y la solidaridad e igualdad interregional, y para comprender esto no se necesita ninguna "conciencia autonómica" especial, sino, pura y simplemente, un nivel de reflexión y de madurez política y cultural que los madrileños han demostrado por lo menos tanto como el resto de los españoles.
La dialéctica campo-ciudad
El temor al sobrepeso de la villa de Madrid sobre el resto de los municipios, sobre todo sobre los situados en las áreas rurales, está siendo manipulado por los caciques políticos del centralismo capitalino y por sus homólogos los caciques de los pueblos pequeños o medianos de la provincia, con el interesado afán de mantener sus privilegios y su poder oligárquico.
Pero nada deben temer los pequeños y medianos municipios de la institucionalización de la provincia como comunidad autónoma, porque en la medida que el poder político se hace más descentralizado y más poroso a la fiscalización y el control de todos, en esa misma medida se garantiza su propia independencia y sus propios y legítimos intereses. Por el contrario, el centralismo del modelo jacobino de Estado, empeorado aún más por la dictadura franquista fue el peor enemigo de la España rural. En el caso de Madrid es patente la industria y el desprecio que los órganos del poder central han exhibido frente al Madrid agrícola o ganadero, la sierra norte o las vegas y cuencas de sus ríos, el patrimonio histórico y artístico de sus pueblos, las necesidades de agua, de plazas escolares o de mejores comunicaciones, de equipamientos deportivos y culturales.
Si en los últimos tres años se ha quebrado esta tendencia secular, hay que atribuirlo a una política descentralizadora del Gobierno de la Diputación Provincial, que, en este sentido, está prefigurando así una estrategia territorial reequilibradora y abierta, que deberá tener su pleno desarrollo en cuanto accedamos al autogobierno. No es, por tanto, causa eficiente de esta política la distribución de los diputados por partidos judiciales, que ya existía en el viejo Estado de "oligarquía y caciquismo" y en el régimen franquista, sino el carácter democrático, popular e integrador de la Diputación Provincial surgida de las elecciones del 3 de abril de 1979
En este orden de realidades, incluso la agrupación política o administrativa de municipios en los actuales partidos judiciales carece de sentido fuera del estricto campo de la actividad judicial o registral para lo que fueron creados, que, por cierto, también parece ser objeto de una próxima remodelación por el Ministerio de Justicia. Habrá que pensar en una nueva reordenación territorial, que, partiendo de la estructura económica y espacial, permita una mayor homogeneidad para la prestación de servicios públicos comunes, para la elaboración de políticas zonales y sectoriales y para la mancomunidad o agrupación del Ayuntamiento con objetivos comunes e interdependientes. Aquí se va a jugar la suerte de la contradicción objetiva campo-ciudad para superar sus propios límites. Aquí y en el respeto por la comunidad a los ámbitos propios de la autonomía municipal de todos y cada uno de los ayuntamientos.
Por todo ello, los pequeños municipios potenciarán su capacidad de participar y controlar el nuevo poder descentralizado de la comunidad autónoma de Madrid. Y serán los primeros perjudicados quienes en el centro de la "capital del capital", o en el centro, muchas veces oculto, del poder político de los pueblos pequeños y medianos, alienten la pretensión de mantener a nuestra provincia en una perpetua minoría de edad; es decir, sin llegar al nivel del autogobierno. Así lo han entendido ya muchos alcaldes y concejales, independientes o miembros de los partidos políticos que conforman el arco constitucional, sumándose a la iniciativa autonómica que asumió la Diputación Provincial de Madrid el día 25 de junio en el castillo de Manzanares el Real.
Un último análisis de las dos baterías que apuntan de una u otra manera contra el proceso autonómico de Madrid nos llevaría, con seguridad a su conceptuación como armas que apuntan al mismo tiempo contra la construcción del Estado de las autonomías. La generalización del proceso autonómico, la igualdad de todos los españoles ante la estructura del Estado, la descentralización como principio político y administrativo, no admiten excepciones. Este es el fondo del problema.
