Admitida la querella de la AIPU contra la designación de tres vicerrectores de la Complutense

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella formulada el pasado mes de marzo por la Asociación Independiente de Profesores Universitarios (AIPU) contra el ex ministro de Universidades e Investigación, Luis González Seara, en relación con la presunta ilegalidad de los nombramientos de algunos de los actuales vicerrectores de la Universidad Complutense.

La eleccion de Prancisco Bustelo para el rectorado de la Universidad Complutense, que supuso la derrota de las candidaturas de los profesores Sergio Rabade, Pedro Orive, Martín Ruipérez, Mateo Díaz Peña y Salustiano del Campo, coincidió con las elecciones al decanato de varias facultades. Estas elecciones fueron ganadas por candidatos que no reunían la condición de catedráticos, tal y como disponen los vigentes estatutos de la Complutense.Ello motivó un movimiento de protesta, propiciado por los sectores más conservadores de la universidad y que el Ministerio de Universidades e Investigación recurriera a la fórmula de designar a los decanos electos como «decanos en funciones».

Del mismo modo, las autoridades ministeriales procedieron a la designación de siete vicerrectores, a propuesta del rector Francisco Bustelo, dos de los cuales son profesores agregados y uno adjunto, y los cuatro restantes, catedráticos.

Cargos en funciones

El Ministerio nombró vicerrectores en funciones a los tres profesores que no son catedráticos (los profesores Roberto Mesa, José Simón y Juan Trías), lo cual supone, según la entidad querellante, una violación del artículo 37 de los estatutos provisionales de la Universidad Complutense y del artículo 78 de la ley General de Educación.El auto que admite a trámite la querella declara que del contenido y examen de la misma «aparece la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, por lo que procede acordar la incoación de sumario para el esclarecimiento de los mismos».

El profesor González Seara es persona aforada por su actual condición de diputado y la de ministro en el momento de los hechos objeto de la querella formulada por la AIPU, por lo que es competente para conocer de este caso la Segunda del Tribunal Supremo, que es la que ha dictado el auto de referencia.

La sala, según informa ahora Efe, aun cuando su decisión se conocía, al parecer, desde hace varias semanas, ha delegado la instrucción del sumario y la práctica de las diligencias oportunas en un juez instructor especial, para el que ha designado al magistrado-juez de instrucción número 11 de Madrid.