Funcionarios

Resulta que poco tiempo después de estrenada esta democracia las Cortes Españoles legislan reconocer a los funcionarios del Estado los años de servicio que hubiesen prestado a la Administración previamente a su ingreso en los cuerpos correspondientes. Todos los grupos políticos estaban de acuerdo. Era justo y había que hacerlo. Con ello se correspondía, además, a una larga y continuada ilusión, o quizá obsesión, de estos funcionarios. Para demostrar que aquello iba en serio hasta se comenzaron a pagar los trienios resultantes.

Pero, ¡pobres papagayos!, la alegría duró poco. Tan pronto como Abril Martorell intuyó la conveniencia de reducir el gasto público, su primer paso fue dilapidar estas ilusiones, consolidadas ya entonces con tanta fuerza legal como cualquier otro concepto del sueldo de todo funcionario, político o ex político. Además le resultó fácil. Estaba entonces UCD a partir un piñón con las minorías vasca y catalana, como consecuencia de los pactos sobre los respectivos estatutos de autonomía, y, con el voto en contra de CD, PSOE y PCE, el decreto-ley anulando los efectos económicos de aquella ley hasta el 1 de agosto de 1982 fue aprobado.

La espera volvía a ser larga, pero esta vez la fecha era fija. Además, el propio decreto-ley lo dejaba muy claro: llegado el día, las resoluciones recobrarán eficacia automáticamente, sin necesidad de petición del interesado ni de acto especial alguno.

Pero, ¡pobres loritos multicolores!, cuando con renovada inocencia van a descifrar en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982, próximo a debatirse en el Congreso, si por fin se habían incluido las previsiones económicas para el pago de los ansiados trienios, la previsión apareció clara: se prorroga nuevamente la suspensión de los efectos económicos durante la vigencia de aquella ley de Presupuestos.

¿Quién apoyará esta vez al partido del Gobierno en tan original idea ahorradora? ¿Serán las mismas minorías o surgirán nuevas novias en el marco de los nuevos idilios políticos?/