Proyecto para que los emigrantes puedan conservar su vecindad de origen

Los emigrantes podrán conservar su vecindad de origen -y votar, por tanto, en el lugar donde han nacido- y las mujeres casadas no tendrán que seguir la vecindad civil del marido, si se aceptan los criterios de los jurisconsultos españoles, reunidos en Zaragoza durante cuatro días, para estudiar aspectos concretos de los derechos civiles territoriales, que en la actualidad conservan seis comunidades españolas (Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y el País Vasco en las provincias de Vizcaya y Alava).Estas dos conclusiones forman parte de las siete adoptadas en la ponencia de vecindad civil. La primera supone un punto intermedio entre las posturas de las comunidades receptoras de emigración y las que le sirven de punto de partida. En la segunda equipara al hombre y la mujer en cuanto a la adquisición de la vecindad civil y se hace extensiva a los hijos del matrimonio. El mismo criterio de equidad se aplica al régimen económico del matrimonio diferente en los sistemas jurídicos de los territorios con derecho civil propio- y a la vecindad de los extranjeros nacionalizados.

La otra ponencia abordada en el congreso se refería a los límites de las comunidades autónomas para legislar dentro del marco de la Constitución, que ampara -en su artículo 149, 1, 8- la existencia y desarrollo de los derechos civiles particulares.

El Congreso admitió la competencia exclusiva de los parlamentos autónomos para legislar sobre su derecho civil, equiparando sus normas a las de las Cortes Generales. En cuanto a la unificación del sistema jurídico español, que fue la tendencia dominante en el congreso de jurisconsultos de 1946 y que tuvo también en éste algunos defensores, se acordó respetar la libre voluntad de cada pueblo.

El congreso clausurado el domingo en Zaragoza es el tercero que con el mismo tema se celebra en cien años. El primero fue en 1881 y sus recomendaciones permitieron conservar los derechos forales que el proyecto de código civil quería derogar. El código vigente, promulgado en 1889, los respetó, como lo hace la Constitución de 1978.

Las conclusiones de este tercer congreso fueron entregadas al ministro de Justicia, Pío Cabanillas, que presidió la clausura.