El Gobierno se muestra pasivo ante el aumento de la temperatura golpista

Insultos públicos al Rey, capitán general de los tres Ejércitos, sancionados con penas irrisorias; los defensores del 23-F afirman en El Alcázar que no se celebrará el juicio; colectas en la División Acorazada Brunete número 1 en favor de quienes tomaron como rehenes al Gobierno y al Pleno del Congreso de los Diputados; campañas sistemáticas de descalificación hacia quienes fueron activamente leales al Rey y al Gobierno y secundaron sus instrucciones para desmontar el golpe definen la gráfica de la creciente temperatura golpista. Fuentes castrenses, que coinciden en este análisis, señalan con alarma la falta de reacción proporcionada del Gobierno, mientras UCD entra en la sima de una crisis de la que no se ve el fondo.Oficiales de Estado Mayor señalaban a EL PAIS que esta pleamar golpista se registra cuando debería haber empezado la cuenta atrás para la celebración de un juicio, el del 23-F, de, cuya ejemplaridad pende la supervivencia de la democracia española. Al comentar las peticiones de los defensores solicitando la reconstrucción de los hechos, una destacada personalidad precisaba: «Quieren reconstruir los hechos, pero con fuego real». Los oficiales aludidos hacían notar que la euforia golpista se produce en un momento caracterizado por ofrecer la más baja cota de actividad terrorista de los últimos diez años, el más prolongado período de paz social desde el plan de estabilización de 1956 y con un pacto entre las fuerzas políticas mayoritarias para racionalizar el proceso autonómico mediante la LOAPA.

Terrorismo, conflictividad social y tensiones autonomistas, los tres fulminantes golpistas que señalaban todos los análisis, han sido desactivados merced a una mejora de la eficacia, una positiva cooperación ciudadana, un alto sentido de responsabilidad de los trabajadores y sus representaciones sindicales y de las fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento. El golpismo, sin embargo, se recupera por días y se configura nuevamente, con el 20-N a la vista, como amenaza probable a corto plazo.

Las primeras columnas que perfilan el nuevo intento golpista tienen lugar privilegiado no sólo en El Alcázar, sino también en otros medios informativos. Ahora se recuerda que la llamada ley de Defensa de la Democracia se justificó como una necesidad para terminar con bien determinados focos golpistas y terroristas, pero una vez más se constata la falta de convicción política para aplicarla. El Alcázar, sigue sembrando impertérrito sus incitaciones en los cuarteles y salas de banderas de toda España sin más prohibición de circular que en la Academia General de Zaragoza, dictada por un soldado ejemplar: el general Pinilla.

Militares que siguen de cerca las amenazas involucionistas han subrayado a EL PAIS la persistente actividad en ese área de plumas como la de Emilio Romero y Ricardo de la Cierva.

La conferencia de Emilio Romero a la que el Club Siglo XXI dio tribuna supone una vuelta a sus propósitos de aparcar la Constitución, ya expresados por este personaje antes del golpe del 23-F en artículos que adelantaban la candidatura del general Armada para presidir un Gobierno de gestión. Ahora pide un protagonismo para los militares en la política que desborda el texto constitucional y reclama generosidad con los procesados del 23-F en términos que equivalen a dejar tan gravísimos hechos en la impunidad.

El Gobierno, según dijo a EL PAIS un ministro, ha enviado alguno de esos textos de Emilio Romero al fiscal, pero desconoce la resolución de la Magistratura. Además nadie explica que hayan quedado sin consecuencia alguna las actividades reveladas en las cintas magnetofónicas donde se registraron las conversaciones intervenidas por instrucciones del secretario de Estado para la Seguridad en las que tan nítida y frecuentemente se escucha la voz del propio Emilio Romero. Un miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados recordó a EL PAIS que en ocasión decisiva el partido socialista supo terminar con algún factótum poniendo sobre la mesa determinados informes. «¿Cuándo harán lo, mismo», añadía, «con Emilio Romero, al que inexplicablemente han avalado durante estos años dándole patente de demócrata por sus ataques al presidente Suárez?».

El precio de las contemplaciones

Transcurridos ocho largos meses, sigue sin saberse nada de la trama civil del golpe para cuya investigación se constituyó un grupo especial. Sólo Juan García Carrés, actualmente en prisión preventiva en Carabanchel, es el único paisano detenido. Medios políticos valencianos estiman, por ejemplo, que hubiera sido imprescindible sacar a tiempo algunas consecuencias elementales. Para quienes vivieron en la ciudad del Turia la interminable jornada del 23-24 de febrero es inexplicable que el gobernador civil de la provincia, José María Fernández del Río, consentidor de su propia suplantación por el general Caruana, no fuera destituido al día siguiente sin más contemplaciones. El precio de la indecisión está en las manifestaciones sumariales del gobernador, plenamente exculpatorias para Caruana.

General ascendido

Otro general, Antonio Hermosilla, que ostentaba el mando de la 111 Zona de la Guardia Civil, con sede en Valencia, y que estuvo a las órdenes del general Milans del Bosch, se ha visto también ascendido al empleo de general de división del cuerpo y destinado, en consecuencia, como subdirector general de la Benemérita. Y el coronel Joaquín Valencia Remón, gobernador civil en varias ocasiones durante el régimen anterior, que mandaba el regimiento Villaviciosa, de donde salieron las unidades que ocuparon militarmente Prado del Rey el día de autos, ha sido ascendido en el anteúltimo Consejo de Ministros al empleo de general de brigada y destinado al mando del gobierno militar de León. En contraposición podrían citarse algunos nombres de ilustres generales ascendidos hace meses que siguen sin destino. «Que se prepare el capitán Aymerich -denunciante de quien injurió al Rey-, porque corre el riesgo de que se sirvan del más pequeño pretexto para imponerle un arresto superior a la pena de un mes fijada en la condena a Juan Milans por llamar cerdo e inútil al capitán general de todos los Ejércitos », explicaba un compañero de promoción de la Academia de Zaragoza. El contenido de la sentencia dictada contra el capitán Milans ha tenido efectos devastadores y desilusionantes en la opinión pública española.